(apro).- Desde mayo pasado, la agencia Proceso informó sobre los niveles de violencia extrema, impunidad y presuntos nexos de autoridades de los tres niveles de gobierno y el Ejército con el narco en el binomio turístico de Ixtapa-Zihuatanejo.

Desde hace una década, este lugar ubicado en la región de la Costa Grande de Guerrero ha sido el escenario de una batalla entre bandas criminales, no sólo por el control político de la región sino también para imponer su hegemonía en esta zona considerada como de trasiego de cocaína y precursores químicos para elaboración de metanfetaminas.

En este contexto se registró el asesinato del funcionario estadunidense Dog Bradley, ultimado a tiros el jueves 28 de diciembre en plena zona hotelera de Ixtapa, crimen que se suma a los más de 2 mil 600 homicidios que se registraron en 2017 y que se caracterizan porque siguen impunes ante la falta de resultados de las autoridades ministeriales.

En el texto El narco se enquista y placea en Ixtapa Zihuatanejo, publicado el 19 de mayo pasado, se indica que la historia de complicidades que ha salpicado a funcionarios del gobierno del priista Héctor Astudillo, como el jefe de la oficina del Ejecutivo estatal, Alejandro Bravo Abarca, así como alcaldes priistas y perredistas de la región de la Costa Grande, ha sido documentada por Procesodurante los últimos cinco años.

En esta zona, el mandatario estatal anunció uno de los cinco proyectos estratégicos de su administración, enfocados al desarrollo de un puerto marítimo en el municipio de La Unión, el cual será una ampliación del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, lugar controlado por el narco.

En mayo de 2016, Apro dio a conocer que el contexto de violencia se había reactivado un mes antes en este corredor estratégico de drogas de la Costa Grande de Guerrero, donde los grupos criminales que actúan bajo el manto protector de las autoridades rompieron una tregua que mantenían desde 2014.