Noviembre 13, 2017 08:00 PM
"Soy amigo del presidente y no voy a pagar impuestos"
Ciudad de México.- Soy amigo del presidente
no voy a
pagar. Ese fue el argumento utilizado por uno los principales implicados en el
caso de Los Papeles de Panamá, para que el SAT no le cobrara los millones de
pesos en impuestos que había evadido, tras ocultar parte de sus ingresos a
través de una empresa de papel (offshore) en un paraíso fiscal.
De acuerdo con Animal Político, este contribuyente, cuyo
nombre no se revela por ser materia de secreto fiscal, fue una de las 83
personas que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que habían
intentado ocultar sus ingresos, al indagar las revelaciones del caso denominado Papeles de Panamá, el
cual mostró la existencia de un esquema global de evasión fiscal a través de
empresas offshore, constituidas por el despacho Mossack Fonseca.
El supuesto amigo del presidente, que era uno de los tres
empresarios que mayor cantidad de impuestos había evadido con este mecanismo,
comenzó a pagar luego de que las autoridades iniciaron una auditoría fiscal, no
solo a él, sino a cuatro integrantes de su familia, incluida su suegra.
EUn informe
final del SAT sobre las investigaciones por los Papeles de Panamá, arroja que
fueron recuperados más de 450 millones de pesos en México, y fueron
identificados 83 contribuyentes sospechosos de evadir impuestos, pero no se
presentó ninguna denuncia ante la Procuraduría General de la
República (PGR).
El documento oficial recuerda que, el 3 de abril de 2016,
se publicó en distintos medios de comunicación en México y a nivel
internacional información relativa a documentos filtrados del despacho Mossack
Fonseca, con sede en Panamá, en los cuales se hacía referencia a la creación de
empresas offshore, en países con baja o nula imposición fiscal.
Una revisión completa de los documentos, que concluyó en
abril de este año, arrojó que en la información de Mossack Fonseca aparecen 328
personas inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) en México, de
las cuales 65 son personas morales (empresas) y 263 personas físicas
(individuos).
Al analizar las operaciones de todos estos individuos las
autoridades fiscales identificaron a 83 que presuntamente habían ocultado sus ingresos.
Se trata de contribuyentes que habían realizado
actividades por las cuales percibieron ingresos económicos en México, pero que
no habían sido reportadas ante las autoridades tributarias, para no pagar los
impuestos correspondientes. También se identificaron otros 10 contribuyentes
que habían realizado transferencias electrónicas internacionales.
Aunque el SAT no detalla la identidad de ninguno de estos
contribuyentes, públicamente se supo que en los Papeles de Panamá aparecían
nombres de empresarios y políticos en México que utilizaron empresas
offshore, como Juan Armando Hinojosa Cantú, el contratista del Grupo Higa
que, según la investigación periodística La Casa Blanca de Peña Nieto, fue
favorecido con contratos millonarios durante el gobierno de Peña en el Estado
de México; Ricardo Salinas Pliego, presidente de Tv Azteca, Banco Azteca y
Fundación Azteca, y Amado Yañez Osuna y varios de sus socios en la empresa
Oceanografía contratista de Pemex, entre otros.
A través de un mecanismo denominado cartas
invitación, el SAT consiguió que un grupo de estos contribuyentes pagara 328
millones 208 mil 640 pesos de impuestos que habían intentado esquivar.
Pero además el SAT ejerció facultades de comprobación (auditorías) a 66 de los
contribuyentes sospechosos, lo que permitió recaudar otros 125 millones 601 mil
759 pesos.
El SAT recalcó que este trabajo de investigación incluyó
la colaboración de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y se solicitó
información a 70 instituciones financieras distintas
para el seguimiento de transacciones bancarias.
Cabe señalar que a la fecha no se ha determinado ni un
crédito fiscal ni se ha interpuesto querella en contra de alguno de los sujetos
involucrados, señala el informe del SAT.
Lo anterior significa que, pese a los hallazgos
realizados y las omisiones detectadas durante esta investigación, el SAT no
aplicó sanciones fiscales a los involucrados, ni se presentaron denuncias por
delitos fiscales ante el Ministerio Público de la Federación (PGR).
El amigo que no quería pagar
Más de la mitad del dinero que el SAT logró recaudar en
la investigación por el caso Papeles de Panamá corresponde a tres grandes
contribuyentes que habían canalizado una importante cantidad de recursos a
empresas offshore.
Entre esos empresarios según fuentes con pleno
conocimiento del caso estaba uno que se negaba a pagar lo que respondía pues
decía ser amigo del presidente.
Ante la negativa, el Servicio de Administración
Tributaria decidió iniciarle una auditoría, no solo a él sino a su esposa, a su
madre, su hija y hasta su suegra. Ante este escenario, el referido
contribuyente decidió comenzar a pagar parte de la carga fiscal que había
evadido. Por lo menos hasta el arranque de 2017 no lo
había hecho por completo.
En el informe final de acciones por el caso de Los
Papeles de Panamá, el SAT dijo que continuarían varias investigaciones y
procedimientos de recaudación, pero que ya no se darían a conocer informes
públicos. Hace unas semanas el actual jefe del SAT, Osvaldo Santín Quiroz,
aseguró que continuaban las investigaciones pero no dio a conocer mayores
detalles.
La revisión que hizo el SAT tras la revelación
periodística del caso Los Papeles de Panamá confirmó que más de 80
contribuyentes mexicanos intentaron burlar el sistema fiscal para no pagar los
impuestos a los que están obligados. Sin embargo la dependencia no denunció
penalmente a ninguno de los contribuyentes.
Esta situación obedece, según fuentes directas en el
caso, a que el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación establece
claramente que si un contribuyente cubre la carga fiscal que ha eludido no
habrá delito que perseguir. Incluso, aun cuando se hubiera presentado una
querella, esta quedaría sin efecto en el momento en que se cubra con el pago o
elcrédito fiscal correspondiente.
Solamente los casos donde en definitiva no hubo pago,
pese a los requerimientos del SAT, ameritarían una denuncia, lo que no ha
ocurrido hasta la fecha.
A esto hay que sumar que los criterios del nuevo sistema
penal acusatorio en el país privilegian la reparación del daño, que pudo
haberse cometido antes de cualquier proceso de tipo penal.
De cualquier forma la actuación del SAT en este caso y la
investigación que ha llevado a cabo serán objeto de una revisión, que llevará a
cabo la Auditoria Superior de la Federación.
Dicha auditoría verificará el alcance de los
procedimientos y de las revisiones efectuadas por las
autoridades fiscales, a fin de asegurar que se haya procedido
correctamente.
Se prevé que los resultados de este trabajo de la ASF se
den a conocer en 2018.
Publicado por:NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA