El ministerio de relaciones exteriores de Panamá concedió al gobierno de México la extradición del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, para que enfrente en su país los delitos que se le acusan. 

En un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que Borge Angulo, ya fue notificado de la resolución emitida por las autoridades panameñas. 

Conforme a la legislación panañema, el ex mandatario tendrá derecho a impugnar la decisión de extradición aprobada por dicho país. 

“Las autoridades del gobierno de México agradecen a las autoridades panameñas, por su esfuerzo y colaboración para dar trámite, atención y resolución a las solicitudes que presentó nuestro país, que permitieron, lograr la captura inmediata del señor Borge el pasado 5 de junio cuando se disponía a partir hacia Europa”, indicó la PGR. 

Para que enfrente los procesos en su contra por los delitos de lavado de dinero, peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de funciones. 

DEBATE DEL ARRESTO DE ROBERTO 

La Corte Suprema de Justicia panameño confirmó que se apresta a responder en los próximos días un recurso de habeas corpus que la defensa de Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo, presentó el 14 de agosto pasado en contra de la Cancillería panameña para definir si su detención, desde el 4 de junio en ese país, es legal o ilegal en su proceso de extradición a México. 

La Secretaría de Comunicación del Órgano Judicial de Panamá informó que el magistrado panameño Abel Zamorano tomó una decisión sobre el recurso. Luego de que el equipo defensor de Borge —integrado por los abogados panameños Arturo González y Carlos Carrillo— introdujo la gestión, la Corte remitió el expediente a Zamorano. 

Según la secretaría, Zamorano elaboró “un proyecto” sobre el recurso “y su decisión está circulando” entre los otros ocho magistrados que completan la Corte. “Los ocho deberán dar su visto bueno y avalar o no” el fallo de Zamorano y el veredicto se dictará una vez que cumpla con “todo el recorrido”, aseveró. 

No se sabe cuánto tiempo permanecerá el expediente en cada uno de los ocho despachos, ya que puede ser un día o varias semanas para que el dictamen final sea aprobado y firmado o que alguno de los magistrados esté en contra del criterio de Zamorano y opte por hacer su propio proyecto o contraproyecto, explicó. 

El habeas corpus, añadió, es una “acción para determinar si la detención de Borge es legal o no” y fue presentado en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, ya que el ex gobernador está a las órdenes de esa dependencia gubernamental. Zamorano “debió pedir opinión al Ministerio”sobre la gestión de la defensa del político mexicano y la Cancillería respondió con las precisiones respectivas sobre los motivos del arresto y otros detalles, destacó. 

Con fines de extradición a México, Borge, de 37 años y gobernador de 2011 a 2016, fue detenido en la noche del 4 de junio de este año en un avión de una aerolínea comercial en el aeropuerto internacional Tocumen, de la capital panameña, en el que intentó viajar a Francia. 

El Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá transfirió el pasado 2 de agosto al gobierno panameño, por intermedio de su Cancillería, la decisión apelable de admitir o denegar en un plazo de 60 días la extradición de Borge, quien, en una primera audiencia, el 6 de junio en esa instancia judicial, rechazó ser extraditado a México. 

Decisión final. El futuro del mexicano, detenido en la cárcel de El Renacer, a las afueras de la capital panameña, será definido por el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, y la vicepresidenta y canciller de esa nación, Isabel de Saint Malo de Alvarado. En el plazo de 60 días pueden surgir recursos del gobierno o de la defensa, según el Ministerio Público de Panamá. 

El tribunal, que el 6 de junio reconoció la legitimidad del proceso de captura, negó al ex gobernador la libertad con fianza, ordenó, el 2 de agosto, que siguiera preso en El Renacer y determinó que México había cumplido con los requisitos para la extradición. 

Borge fue aprehendido a solicitud del gobierno mexicano por una orden de captura, emitida por un juzgado del Estado de México, por el presunto delito federal de operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, al ocultar o pretender ocultar el destino de diversos bienes de origen ilegal. 

Con información de EL UNIVERSAL.