Las personas que pasan sus procesos en prisión en Centros de Reinserción del país no necesariamente obtendrán su libertad de forma automática por la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la posibilidad de que soliciten revisión de esta medida cautelar, sino que tendrá que valorarse cada caso, expresó el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán y presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), Marcos Alejandro Celis Quintal.

Entrevistado  momentos antes de la presentación del libro “La implementación del nuevo sistema de justicia penal”, de la autoría del Dr. Gabriel Rolando Zapata Bello, el magistrado Celis Quintal respondió a los cuestionamientos de los medios de comunicación sobre las recientes declaraciones del jefe de gobierno de la Ciudad de México Miguel Angel Mancera en el sentido de que saldrían de las cárceles unos 4,000 reos por una reciente resolución de la SCJN en el sentido de que personas que están bajo proceso en prisión puedan solicitar beneficios que incluyen la libertad.

“Los criterios de la Corte son importantes, reguladores y orientadores e incluso obligatorios, pero no necesariamente una decisión judicial impacta en todos los procesos penales, habría que analizar caso por caso”, explicó el magistrado.

Sin embargo, continuo, estas declaraciones coinciden con la visión del jefe de gobierno Mancera del sistema que se implementó en la ciudad de México cuando él era procurador y luego jefe de gobierno y al parecer por algunas otras motivaciones que son ajenas al propio sistema de justicia está abanderando una serie de temas para descalificarlo y dijo que esta actitud politiza el tema de la justicia.

En sesión del pasado 5 de julio del presente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la contradicción de tesis 64/2017 en la que determinó que procede que los inculpados procesados en el sistema penal mixto soliciten la revisión, modificación y sustitución de la prisión preventiva, de conformidad con el contenido del artículo Quinto Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que implica un cambio que habilita a que el órgano jurisdiccional aplique las reglas del Código Nacional a la luz de los principios de excepcionalidad, legalidad, necesidad y proporcionalidad justificada para la afectación del derecho humano a la libertad personal, acorde a lo establecido en el artículo 19 constitucional.

Por otro lado, el magistrado Celis resaltó el valor de la edición que se presentó en el evento y consideró que puede ser un ejemplo para otros estados e incluso países.

“La obra es reflejo de un incansable e intenso trabajo, bien documentada, con una gran claridad y visión producto de su papel como secretario del órgano implementador de la reforma penal y que puso a Yucatán como un referente nacional de una reforma de esta trascendencia”, comentó.

En la presentación del libro realizada en la sala 6 del Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM) participaron la consejera de la Judicatura de Yucatán Melba Angelina Méndez Fernández, el Fiscal General del Estado Ariel Aldecua Kuk, el propio autor del libro y como moderador fungió el presidente Celis Quintal.

El consejero de la Judicatura Luis Jorge Parra Arceo, coordinador del evento, dijo que el hecho de presentar el libro en el Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM) responde al mandato del Poder Judicial del Estado para acercar la justicia y fomentar la cultura jurídica no sólo entre los abogados, sino en la sociedad en general para que pueda entender el sistema y resaltar las ventajas del mismo.

El Fiscal Aldecua Kuk destacó las bondades del sistema oral y acusatorio y dijo que hay opiniones que “satanizan “ esta manera de investigación y juzgamiento que prevalece en el país, pero la realidad es que sus bondades han demostrado que mejora los tiempos y la impartición de justicia.

Todavía hay inquietud de muchos ciudadanos sobre el sistema y si bien requiere cambios, la realidad es que es un sistema mucho mejor al anterior, que plantea salidas a través de la conciliación y se enfoca en restaurar a las víctimas en los daños que han sufrido, señaló.
Resaltó que en el libro se ofrecen datos que permiten comparar cuánto tardaba un proceso en el sistema escrito y cuánto tarda ahora, lo que demuestra que el sistema actual es más eficiente

Dijo que entre otras bondades, el sistema actual se ha enfocado en proteger a las víctimas y dotarlas de asesoría del Estado y por otro lado ha mejorado la calidad de la defensa que reciben los imputados.
Apuntó que es importante distinguir entre la prevención del delito, que es un tema de seguridad, y la investigación y juzgamiento, actividades que recaen en la Fiscalía y Poder Judicial respectivamente.

Por su parte, la consejera de la Judicatura Melba Angelina Méndez Fernández dijo que es importante que el sistema penal se acompañe de una política pública de reinserción social para lograr una menor reincidencia de quienes salen de los Centros de Reinserción Social.

Expuso que los Poderes del Estado en Yucatán, las universidades y los abogados dieron muestra de una coordinación ejemplar para implementar este sistema, el cual es el tema principal del libro del Dr. Zapata Bello, quien fue el encargado de llevar a cabo este cambio en el Estado.

Por su parte, el Dr. Zapata Bello señaló que en México es escasa la producción literaria de jueces y magistrados, al contrario de lo que ocurre en otros países, por lo cual consideró que es importante que empiece a producirse una literatura judicial de lo que a cada institución le ha tocado protagonizar en este sistema.

Mencionó que el avance y mejoramiento de los operadores del sistema ha sido progresivamente ya que desde que empezó el sistema en Yucatán en 2011, en Umán y en Valladolid, los operadores  comenzaban a usar los mecanismos de solución de controversias y poco a poco siguen mejorando en la implementación del sistema.