“Quiero que vean que no tengo miedo. ¿Ya qué me pueden quitar?”

 Gto., (apro).- El suplicio para Ana Nayeli González inició el 20 de junio del año pasado, cuando un grupo de sujetos ingresó por la fuerza a su casa y mató, por equivocación, a su pequeña hija de apenas tres años de edad, Maritza Paloma, y a Ernesto García, su pareja.
Los asesinos iban en realidad por los ocupantes de la casa vecina, en la planta alta.
Cinco de los presuntos responsables del doble asesinato fueron detenidos y vinculados a proceso, y permanecen en prisión preventiva en un penal estatal. Pese a ello, Ana Nayeli, de 25 años, no ha podido recobrar su tranquilidad, porque vive amenazada.
“Si quedaste viva ese día, puede que ahora sí te maten”, fue uno de los mensajes que recibió en días recientes, mientras se desarrolla el proceso judicial que ha seguido de manera puntual.
Inicialmente la Procuraduría General de Justicia (PGJ) informó que tenía identificados a ocho presuntos responsables, por lo que aún faltan tres por ser capturados.
“Es lo único que me importa por ahora; quiero que los condenen, que reciban una sentencia. El coraje de mirarlos es lo que me sostiene”, dice Ana Nayeli, sentada en un sillón de la casa de sus padres, mientras afuera se observa una patrulla con agentes de seguridad que le brindan protección a la mujer.
Las amenazas no le impiden acudir, por lo menos cada tercer día y siempre escoltada por los agentes, al panteón que está a unos cuantos pasos de su casa, para visitar las tumbas de Maritza Paloma y Ernesto, unidas por un libro abierto de mármol donde se lee:
“El cielo pidió un ángel y ese hermoso ángel fuiste tú. Eres ese rayito de luz que ilumina nuestras vidas desde el cielo. Por siempre te amaremos…”.
La cripta está coronada por una vitrina repleta de juguetes de la niña, quien, según los vecinos, era muy querida en la cuadra, en la colonia Los Espárragos.
“Yo nunca la quise dejar sola, hasta para ir a la tienda que estaba tan cerquita, primero le decía que iba a salir a la tienda, pero me regresaba por ella y vámonos a la tienda, nunca me gustaba dejarla solita. Me daba miedo que me la robaran, es que ella le hablaba a todo mundo”, dice la madre.
Añade: “Antes iba todos los días al panteón, pero me pone mal. Ahora voy cuatro o cinco veces a la semana. Al principio lo sentía como una salida, como que me tranquilizaba estar ahí con ella. Pero, por ejemplo, ahorita que se acercan las fechas…”.
En una entrevista realizada el pasado lunes 4 –un día antes del cumpleaños de Maritza Paloma–, la adolorida madre subraya: “A veces sí me gana y lloro mucho con ella. A veces me da mucha pena con los oficiales que me ven llorando; algunos a los que ya les tengo confianza me piden: ‘tranquilícese’. A otros les pido que esperen afuera porque no me dejan sacar lo que yo siento. Hoy el policía no me quiso acompañar, me dijo que mejor me metiera a dormir”.
Familias violentadas
A sus tres años, Maritza Paloma García González fue una de las 159 mujeres asesinadas en el estado durante 2017.
Además, el homicidio de la niña fue uno de los primeros que marcó un nuevo tipo de violencia de grupos delictivos en el territorio guanajuatense, en espiral desde esa mitad del año pasado y hasta la fecha: ataques armados contra las familias, que desde entonces se han sucedido en varios municipios y han causado la muerte a varios menores de edad en su propia casa, en la calle o en vehículos, mientras se encontraban con sus padres.
Ese 20 de junio, la pareja y la pequeña Maritza Paloma acababan de llegar a su casa en la planta baja de la esquina que hacen las calles Feliciano Peña y Venustiano Carranza, en la colonia Los Espárragos. Luego de abrir la puerta violentamente, un grupo de sujetos ingresó al domicilio y abrió fuego contra los tres.
Después de correr unos pasos, Ana Nayeli levantó a la niña y la abrazó, pero un disparo que atravesó a ambas la obligó a soltarla y Maritza cayó al piso. Ana Nayeli pudo ver cuando uno de los hombres caminó hacia la niña y le disparó.
“Estos desgraciados vieron que me quedé viva. Me salían chorros de sangre, mi mamá pensó que me iba a desangrar. A mi niña sí me la remataron; el muy desgraciado mira que se me cae y va adonde está mi niña y me le volvió a disparar. Yo le gritaba que mi hija no iba a hablar, mi niña qué iba a decir”.
Ernesto recibió ocho disparos, pero todavía intentó levantarse cuando una de las tías de la niña entró corriendo a la casa y comenzó a gritar que Maritza estaba muerta.
Ana Nayeli recibió un disparo en cada pierna y otro en una mano. Tardó tres meses en ponerse de pie y todavía tiene dificultad para usar su mano.
Horas después de lo ocurrido aquel 20 de junio, el procurador Carlos Zamarripa habló de una posible confusión de los asesinos, quienes, según lo investigado, en realidad pretendían atacar a los ocupantes de la casa situada en la parte alta del inmueble de las víctimas, a quienes Ana Nayeli sólo vio en una ocasión.
Dice que escuchaba los comentarios de algunos vecinos y optó por no convivir con los ocupantes de la planta alta, incluso le había pedido a Ernesto que se cambiaran de casa.
A través de su empleo en una empresa hulera, Ernesto ya había obtenido un crédito de Infonavit y tenía asignada una casa. Ya se la habían entregado, pero al revisar el contrato la pareja se dio cuenta de que querían darla sin servicio de agua potable, por lo que se negaron a aceptarla. Tenían una cita programada el 22 de junio para recibir la casa.
Ana Nayeli pasó tantos meses en recuperación y sin interés por revisar cualquier asunto, que cuando finalmente pudo hacerlo, el Infonavit y la aseguradora con la que ella y su pareja tenían contratado un seguro, le dijeron que ya no recibiría nada: ni casa, ni seguros.
“No estábamos casados, yo fui la que no quise. Y no quería ni ver nada de eso. Primero, no podía caminar, luego porque no tenía ganas, no quería enterarme de nada. Según me dijeron, los seguros vencieron en diciembre y yo apenas y pude atender eso en marzo; me dijeron que todo se perdió. Los de la fábrica se deslindan, dicen que como no estábamos casados, no me pueden dar nada, que tengo que demandar”.
En estos meses Ana Nayeli ha intentado trabajar por su cuenta, con la ayuda de su familia, vendiendo flores y comida. “Empiezo muy bien y luego se me vienen abajo” los negocios, dice.
Con dificultades, pero siempre con el respaldo de sus padres, ha ido pagando algunas deudas que tenía su pareja. “Somos de la idea de que eso se hace para que la persona pueda descansar en paz”.
Pero su prioridad es el proceso que se sigue a los cinco detenidos, por lo que trata de no faltar a ninguna audiencia, aunque no sea necesaria su presencia. En una de ellas encaró a los hombres por las amenazas que recibió. “Quiero que vean que no tengo miedo. ¿Ya qué me pueden quitar?”, les lanzó.
La Fiscalía, que formalizó la acusación ante una juez del sistema penal acusatorio, refirió que hay suficientes pruebas para inculpar a los detenidos, puesto que además de los vehículos en los que llegaron a la casa, se encontró la ropa que usaron, y los peritajes practicados resultaron positivos.
Los dos primeros: Armando “N” y José de Jesús “N”, fueron capturados horas después del hecho; un mes después se detuvo a Roberto Javier “N”. En enero fue aprehendido Eduardo “N” y en mayo Modesto “N”, de 29 años.
La PGJ los identificó como parte de una célula de un grupo criminal, con antecedentes penales por robo y delitos contra la salud. En las primeras detenciones fue cateada una bodega en la que se encontró un vehículo utilizado en el ataque contra la familia, además de armas largas y cortas, y cientos de cartuchos.
Cuando comenzó el proceso judicial se le planteó a Ana Nayeli la posibilidad de recurrir a un juicio abreviado ante el cúmulo de pruebas y que recibiera una reparación del daño.
“Yo no quise, les dije que quería una sentencia. ¿Qué daño me pueden reparar? ¿A poco con eso me van a dar la vida de ellos o me van a ayudar a olvidarlos? Y los tipos tampoco quisieron. Dicen que no hay pruebas, mi licenciada dice que están todas las pruebas; me dicen que no me desespere, pero ya va para un año; voy a llegar hasta el final, hasta que escuche una condena”, subraya.
Semanas antes de la tragedia, el alcalde panista Juan Antonio Morales Maciel, quien vive muy cerca de la casa de las víctimas, inauguró un parque en Los Espárragos y ahí se encontró con la carismática Maritza, a quien llevó de la mano durante toda su visita.
Tras la muerte de la niña, Morales Maciel fue obligado por los vecinos a visitar a la familia. En su propia casa fue encarado por la madre de Ana Nayeli, y el día del sepelio su ausencia enardeció a la gente, que llevó los féretros al patio de la presidencia municipal. El alcalde no asomó la cara y más bien emprendió un viaje a Los Ángeles, California, para participar en una reunión de migrantes con el gobernador Miguel Márquez.
“No soy una figura pública ni una figura política, pero él anduvo con mi niña de allá para acá; yo me sentía como pavorreal. Luego ni la cara dio, ni a misa fue. Se me hizo una bajeza que le valió lo que pasó y se fue a su congreso” a Estados Unidos, suelta Ana Nayeli, quien prefiere no pensar en el después.
“Ahorita se niega el hambre, se niega el sueño. Quiero que se haga justicia con mi hija; no quiero que sea un acto más que se quede así, un delito más sin perseguir, un delito más sin sentencia, que se olvide, que nada más queden así las cosas porque pasó el tiempo y ya. No, yo quiero una sentencia para esos tipos. Lo que sigue, ni para qué pensarlo”.

Publicado por:NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA