El PRI considera que hay daño patrimonial en el ejercicio de los recursos que maneja el Iepac, encabezado por la consejera presidenta, María de Lourdes Rosas Moya, pues incluso triplicó en estos días el monto que tenía autorizado para pagar liquidaciones. 

El secretario de Asuntos Electorales del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional, Gaspar Alemañy Ortiz, declaró ayer que en el presupuesto 2017 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) se estableció una partida máxima de 500 mil pesos para pagar finiquitos del personal, pero la semana pasada el instituto pagó “fast track” 1.5 millones de pesos a tres funcionarios de primer nivel que destituyó, es decir, rebasó tres veces ese límite. 

En este sentido, Gaspar Alemañy señaló que se trata de un daño patrimonial al Iepac dado que algunos consejeros aseguran que los tres funcionarios destituidos la semana pasada “renunciaron por su cuenta”, lo cual es contradictorio, dijo, con el alto monto del finiquito que les pagaron. 

“Hay un posible daño patrimonial, porque no se contaba con el recurso para despedir a los funcionarios, y más si se les autorizó dos o tres veces más de lo que les correspondía, si hubiera sido una renuncia como ellos afirman”, indicó. 

En este contexto, Gaspar Alemañy dijo que presentaron un escrito al Iepac por medio del cual pedirán que se revele quién autorizó la entrega de los finiquitos, quién autorizó las partidas para obtener los recursos y de dónde obtuvieron la cantidad millonaria, pues habían manifestado que no tenían 1.2 millones de pesos para instalar los 121 consejos municipales y distritales electorales en el Estado y por ello pospusieron su entrada en funciones, prevista para este mes. 

“Estamos esperando a que el Iepac nos dé la información completa, fue algo que todos los partidos políticos solicitamos el martes pasado, queremos saber la forma en que se autorizó y quién lo hizo, porque al parecer, de acuerdo con lo que dijo el consejero electoral Jorge Miguel Valladares Sánchez, se trató de desvío de recursos disfrazados porque tomaron represalias por el tema de la investigación de un documento”, dijo.

Información de Sipse