El senador Daniel Ávila Ruiz solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigar a fondo al gobierno de Yucatán por el uso indebido de recursos públicos federales en la licitación pública No. LIC-GEY-SSP-031/2016  para el programa de reemplacamiento vehicular 2017.

Con este motivo, presentó hoy una denuncia en la que describe numerosas irregularidades y presuntos actos de corrupción de funcionarios estatales en la adquisición de 750 mil placas metálicas, calcomanías de identificación, tarjetas de circulación y recibos oficiales para vehículos de transporte terrestre.

Hay evidencias de que el secretario de Administración y Finanzas, Alfredo Dájer Abimerhi y el director general de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Alberto Pinzón Sarabia, manipularon el proceso licitatorio para beneficiar a la empresa Vitro Fomento Industrial, S.A. de C.V, advirtió.  

En conferencia de prensa, Ávila Ruiz, senador por Yucatán, quien fue acompañado por el senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, indicó que las bases se hicieron para evitar la competencia de otros proveedores nacionales y locales, toda vez que el mismo día que se emitió la convocatoria sólo dieron seis horas para el cumplimiento de los requisitos, lo que hace sospechar que las únicas tres empresas que compitieron tenían información privilegiada.

De igual manera, señaló que el costo de las bases se cobró en efectivo en un domicilio, y se acudió en otro lugar  muy distante para la entrega de la documentación requerida, lo que hizo humanamente imposible cumplir con los trámites establecidos en tiempo y forma.  

Asimismo, – dijo- resulta extraño que una de las empresas participantes haya sido descalificada por no cumplir con los requisitos mínimos, y la otra haya ofertado un costo por encima de los parámetros de la convocatoria, lo que la dejó fuera en automático, sin que se declarara desierta la licitación.

Destacó que más incomprensible resulta el hecho de que los representantes de esas empresas no hayan asistido al evento de comunicación del fallo, en el que se dieron a conocer los resultados de la licitación, situación que hace suponer que todo el proceso fue una simulación.

El senador Ávila Ruiz expresó que lo anterior constituye un perjuicio a la hacienda pública de cuando menos 66 millones 187 mil pesos y un sobre costo a los ciudadanos de Yucatán de 741 pesos, con lo cual el gobierno de la entidad obtiene ingresos indebidos por 555 millones 750 mil pesos.

Con ello, -añadió-, que la administración local recupera de manera abusiva los 227 millones 690 mil pesos anuales que dejó de percibir con la eliminación del impuesto sobre tenencia vehicular, derogado en 2016 y obtiene ganancias en detrimento del bolsillo de los ciudadanos.

Remarcó que en la licitación pública para el reemplacamiento vehicular 2017 existe la presunción de una red  de complicidad conformada por unas cuantas empresas y un grupo de funcionarios estatales directamente involucrados en los procesos de licitaciones, quienes actúan impunemente.  

Ávila Ruiz enfatizó que la compañía ganadora ofreció la elaboración de las 750 mil placas, tarjetas de circulación, engomados y recibos oficiales a un costo promedio de 245 pesos más IVA, lo que representó una erogación de 182 millones 371 mil 520 pesos del presupuesto.

Asimismo, denunció que a pesar de que en las bases de la licitación se estableció que no se otorgaría ningún anticipo, disposición que también limita la participación de los proveedores interesados, consta en documentos que la Secretaría de Seguridad Pública entregó a la empresa ganadora 50 por ciento de adelanto.

Otra irregularidad se desprende de un ejercicio comparativo en el que se destaca que Vitro Fomento Industrial, S.A. de C.V. también obtuvo el contrato para el reemplacamiento vehicular 2017 en Nuevo León, mediante el cual las autoridades de esa entidad adquirieron 204 mil 307 placas metálicas a un costo promedio 156.75 pesos más IVA.

Como se observa, Vitro ofertó un precio más bajo por una cantidad mucho menor de placas, “lo anterior sin tomar en cuenta los costos que representaron para esta empresa yucateca trasladar los bienes licitados a Nuevo León”.

De acuerdo con el comparativo, resaltó el senador, que Yucatán es uno de los estados más caros para el reemplacamiento de vehículos, cuyo precio se fijó este año en 986 pesos en promedio, además del pago de otros derechos e impuestos estatales, que en suma generan un gasto de mil 446 pesos.

Ávila Ruiz ejemplificó que en el estado de México el costo total con impuestos es de 638 pesos, en Veracruz de 800 pesos, en la Ciudad de México de 642 pesos, en Guerrero de 750 pesos y en Morelos de 755 pesos.

Por su parte, el senador Jorge Luis Preciado manifestó que estos “negocios” que hacen funcionarios públicos con las licitaciones forman parte de los denominados “moches”, los cuales funcionan con el aumento del costo de producción para obtener una ganancia indebida, lo que constituye un acto de corrupción.

Por ello, los dos senadores demandaron la intervención de la ASF para investigar exhaustivamente el proceso licitatorio, a fin de deslindar responsabilidades y fincar los cargos administrativos o penales que, en su caso, correspondan.