A pesar de las pruebas que los incriminan, Omar Miguel López Tobilla y Jonathan Mézquita Avalos, los asesinos materiales de la activista Emma Gabriela Molina Canto, buscan evadir la acción de la ley con una apelación ante el Tribunal de Casación del Poder Judicial, bajo el argumento de que fueron torturados y obligados a admitir un crimen que, aseguran, no cometieron.

Como hemos informado, ambos sujetos, originarios del estado de Tabasco, fueron sentenciados a pasar más de 40 años de cárcel al ser encontrados responsables de ser los autores materiales del asesinato de Emma Gabriela Molina, por órdenes del ex esposo de la víctima, Martín Medina Sonda, quien se encuentra preso un penal de Villahermosa, Tabasco, donde purga una pena por un millonario fraude al erario publico de esa entidad.

Ambos jóvenes fueron parte de un complot elaborado por el propio Medina Sonda con la finalidad de darle un “susto“ a la madre de sus hijos, para lo cual fueron contratados para atacar a Molina Canto, lo cual ocurrió el 27 de marzo del 2017. Al final los sujetos se excedieron en el ataque y terminaron por privar de la vida a la activista.

Tanto Oscar Miguel como Jonathan fueron arrestados una hora más tarde de haber perpetrado el asesinato, incluso portaban el arma con la que dieron muerte a su víctima y su testimonio fue vital para el arresto de Rogelio Reyes Barrueta y otro sujeto apodado "El Cachorro", quienes según las indagatorias de la Fiscalía General del Estado, fueron parte del complot para la agresión a Emma Gabriel Molina a petición de Medina Sonda, quien pagó 70 mil pesos por el “trabajo“.

Luego de un largo proceso, ambos jóvenes fueron sentenciados el pasado 28 de marzo a más de 40 años de prisión por el crimen que cometieron, sin embargo, la defensa de ambos interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal de Casación.

De acuerdo con el documento en poder de La Jornada Maya, ambos asesinos aseguran haber sido víctimas de violaciones al debido proceso, además de que la confesión de su crimen fue arrancada mediante tortura.

No obstante, documentos en poder de este reportero establecen que los jueces que llevaron el caso desde el momento de su arresto no sólo se basaron en la presunta confesión, pues existen documentos, fotografías, videos y otras pruebas periciales que los inculpan claramente.

Por lo pronto, la decisión está en manos del Tribunal de Casación del Poder Judicial del estado, el cual no cuenta con una fecha exacta para emitir un fallo sobre la apelación solicitada por ambos asesinos. La Jornada Maya