Enrique Peña Nieto firmó decretos con los que autorizó la explotación del agua de 300 cuencas en 20 estados de la República, con lo que trasnacionales tendrán acceso a explotar los mantos acuíferos. 

Organizaciones de defensa del agua en todo el país, señalaron desde el pasado 5 de junio, Peña Nieto anunció la firma de 10 decretos que modificaron el estatus de veda que existía sobre 300 cuencas hidrológicas de las que 756 que existen en el país. 

En términos concretos, Peña Nieto eliminó la prohibición que había para la entrega de permisos de extracción de agua en esas zonas bajo el pretexto de que servirían para establecer reservas de agua para áreas naturales protegidas y la naturaleza para los próximos 50 años. 

Sin embargo, los decretos abren la puerta para que el líquido se utilice para fines lucrativos, ya sea privatizando directamente el manejo del agua en organismos operadores empresariales municipales o entregando concesiones de agua para las distintas empresas extractivas del país, como son minería, hidrocarburos, turística o inmobiliaria, a costa de los derechos de los pueblos indígenas, núcleos agrarios, comunidades rurales y los sectores populares urbanos. 

Como reportó Regeneración, los decretos abarcan las cuencas de los ríos Grijalva-Usumacinta (Chiapas, Tabasco y Campeche); Papaloapan (Oaxaca, Puebla y Veracruz); Pánuco (Estado de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León); Costa Chica de Guerrero y Costa Grande (Guerrero y Oaxaca); San Fernando Soto la Marina (Tamaulipas y Nuevo León); Santiago (Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, y Zacatecas); Actopan-Antigua (Veracruz y Puebla); Costa de Jalisco (Colima y Jalisco); y Ameca (Nayarit y Jalisco). 

Estos decretos se suman a los emitidos en los ríos San Pedro Mezquital(2014), Fuerte (2016) y Coatzacoalcos (2018), que son cerca de 300 cuencas de las 756 del país, en 20 estados y representan la protección del 55% del volumen de agua superficial a nivel nacional.