Enero 13, 2017 05:00 PM

Nueve municipios yucatecos denunciados por la ASF por desvíos y corrupción

CIUDAD DE MÉXICO. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) recuperó $66,003.600,000 de las entidades federativas, luego de la fiscalización de las cuentas públicas de 2001 a 2014; sin embargo, representan 26.8% de los desvíos de recursos tan sólo de los gobiernos estatales de 26 entidades. De acuerdo con el informe de recuperaciones derivadas de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas de 2001 a 2014, al corte del 30 de septiembre pasado, las entidades federativas, los municipios y las delegaciones de la Ciudad de México han regresado recursos que en un primer momento fueron desviados de su destino original. No obstante, el dinero se queda corto comparado con el monto de desviaciones detectadas por la ASF. Como lo reveló Excélsior, tan sólo por 26 entidades federativas que incurrieron en actos de corrupción, el daño al patrimonio federal y estatal fue por 245 mil 895 millones de pesos, cifra superior al subsidio de la gasolina y al recorte presupuestal federal aprobado para 2017. El monto recuperado por la ASF por entidades, municipios y delegaciones representa el 26.8% de los desvíos de recursos tan sólo de los gobiernos estatales de 26 entidades. La entidad que más dinero regresó a las arcas públicas fue Veracruz con 13 mil 915 millones 900 mil pesos; sin embargo, este dinero recuperado por irregularidades detectadas en 13 años es apenas una tercera parte de lo que se desvió durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, hoy prófugo de la justicia. Veracruz es la entidad que más daño patrimonial federal causó por sus actos de corrupción, al sumar 56 denuncias penales por actos de corrupción durante los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte; 18 son por simulación de reintegros, que implican un total de 35 mil 421 millones 700 mil pesos y 38 denuncias restantes son por 21 mil 240 millones 984 mil 459.19 pesos; además, enfrenta 148 acciones de seguimiento por un total de 17 mil 632 millones de pesos. El Estado de México es la segunda entidad que más dinero devolvió, al haber regresado 12 mil 611 millones 100 mil pesos. Los demás estados han devuelto menos de tres mil 500 millones de pesos, una nimiedad si se compara con los recursos desviados desde que la ASF fue creada. Michoacán, por ejemplo, es el tercer estado que ha devuelto más recursos, con tres mil 304 millones 900 mil pesos, pero la ASF presentó 19 denuncias de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR), que implican 33 mil 742 millones 258 mil pesos por las cuentas públicas 2009, 2011, 2012 y 2013. Las denuncias pueden aumentar si la vigilancia de 12 mil 595 millones 600 mil pesos, que están en proceso de sustentación, demuestra que el dinero fue usado de manera irregular. Denuncias a municipios Pero los actos de corrupción no son exclusivos de los Ejecutivos de los estados; también involucra a los gobiernos municipales; así, el monto recuperado no es sólo de los gobiernos estatales, sino de los municipales que también han desviado dinero de rubros sociales. La ASF ha presentado 23 denuncias penales contra 22 municipios de Yucatán, Chihuahua, Nayarit, Guerrero, Estado de México, Oaxaca, Tlaxcala, San Luis Potosí, Veracruz y Puebla por el desvío de recursos públicos federales. Las denuncias comenzaron a presentarse en 2007. La primera denuncia fue en octubre de ese año, por irregularidades en la Cuenta Pública 2006; hace ya una década. De las 23 denuncias de hechos presentadas ante la Procuraduría General de la República, sólo dos se hicieron antes de que llegara Juan Manuel Portal a la Auditoría Superior. Los municipios que han sido denunciados penalmente son: Guadalupe y Calvo, Chihuahua; El Nayar, Nayarit; Ayutla de los Libres, Guerrero; Iguala de la Independencia, Guerrero; Acatepec, Guerrero; Atizapán de Zaragoza, Estado de México; Tlaxcala, Tlaxcala; Santa María Chilchotla, Oaxaca; Tanlajás, San Luis Potosí; Álamo Temapache, Veracruz; Perote, Veracruz y Huaquechula, Puebla. Mientras que dos denuncias penales presentó el órgano fiscalizador superior por irregularidades en Santiago Yaveo, Oaxaca. Además, contra quien resulte responsable de los desvíos en nueve municipios de Yucatán: Chichimilá, Panabá, Maxcanú, Valladolid, Hunucmá, Muna, Timucuy, Tixcacalcupul y Sotuta. Los desvíos han sido del fondo de infraestructura social municipal; el fondo de pavimentación, y de partidas destinadas a espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa; la aplicación de los recursos correspondientes al Ramo 33 y sus remanentes, así como el fideicomiso para coadyuvar al desarrollo de las entidades federativas y municipios, por citar algunos ejemplos. En total, la Auditoría Superior de la Federación ha recuperado 101 mil 996 millones 900 mil pesos de los tres Poderes de la Unión, entidades federativas, órganos autónomos e instituciones públicas de educación superior. Juntos, las entidades federativas, los municipios y las delegaciones de la Ciudad de México regresaron 66 mil tres millones 600 mil pesos. El monto total no incluye “recuperaciones en proceso judicial: como resultado de la intervención de la ASF con motivo de la fiscalización superior de las cuentas públicas 2001-2014; 20 entidades fiscalizadas han promovido procesos judiciales a terceros por un monto acumulado de 850.4 millones de pesos. En su caso, una vez que se comunique a la ASF de la resolución favorable, los montos correspondientes se adicionarán al reporte”, precisó la ASF en el informe. A pesar de los escándalos públicos en torno a los malos manejos presupuestales, no existen los mecanismos judiciales para comprobarlos y proceder a la recuperación de ese dinero, porque los órganos de fiscalización de los estados están debilitados; carecen de personal y de dinero para hacer las revisiones puntuales, amén de que tienen una fuerte influencia del gobierno estatal en turno. De hecho, el paquete de instrumentos legislativos aprobados por el Congreso de la Unión en materia anticorrupción tiene el propósito de corregir esta falla de los organismos estatales; por eso se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, a fin de que la dinámica de vigilancia federal se traslade a las 32 entidades federales, se homologuen criterios y se cuente con los mecanismos técnicos para ampliar los correctivos; de hecho, existe un principio de subsidiaridad, para que la propia Auditoría Superior ayude a los órganos estatales. De acuerdo con el análisis Auditorías Superiores Locales en México: Evaluación de su Normatividad, Prácticas y Transparencia, realizado por el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara en coordinación con el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), ambos socios de la Red por la Rendición de Cuentas, es difícil la situación de los órganos de fiscalización de las entidades. Los estados del país carecen de los mecanismos eficientes para verificar la forma en que sus gobiernos se gastan el erario, pues a pesar de contar con auditorías, éstas carecen de facultades plenas para actuar en caso de malos manejos. Un total de 24 estados otorga facultades a los Congresos locales que limitan, en la práctica, la autonomía de las entidades de fiscalización. En la mitad de las leyes, los Congresos están desvinculados de la revisión de las cuentas públicas, ya que se omite que el poder Legislativo deba dar seguimiento a las observaciones emitidas y a las observaciones iniciadas por la Auditoría, y no hay mecanismos para verificar que se sancione o se generen consecuencias por las deficiencias del manejo del dinero público al momento de aprobar los presupuestos subsiguientes. Actualmente, las entidades federativas están en proceso de corregir, al menos a nivel legislación, estas fallas, a fin de aterrizar en ellas las nuevas disposiciones en materia anticorrupción. La recuperación de dinero por parte de la ASF no se centró en los gobiernos estatales y municipales. A nivel federal se observa que el Poder Ejecutivo devolvió 35 mil 93 millones 900 mil pesos; el Judicial regresó 286 millones de pesos y el Legislativo 135 millones 600 mil pesos. Mientras que los órganos autónomos regresaron 386 millones y las instituciones de educación superior devolvieron 91 millones 800 mil pesos. Fuente: Excelsior

CIUDAD DE MÉXICO. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) recuperó $66,003.600,000 de las entidades federativas, luego de la fiscalización de las cuentas públicas de 2001 a 2014; sin embargo, representan 26.8% de los desvíos de recursos tan sólo de los gobiernos estatales de 26 entidades. De acuerdo con el informe de recuperaciones derivadas de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas de 2001 a 2014, al corte del 30 de septiembre pasado, las entidades federativas, los municipios y las delegaciones de la Ciudad de México han regresado recursos que en un primer momento fueron desviados de su destino original. No obstante, el dinero se queda corto comparado con el monto de desviaciones detectadas por la ASF. Como lo reveló Excélsior, tan sólo por 26 entidades federativas que incurrieron en actos de corrupción, el daño al patrimonio federal y estatal fue por 245 mil 895 millones de pesos, cifra superior al subsidio de la gasolina y al recorte presupuestal federal aprobado para 2017. El monto recuperado por la ASF por entidades, municipios y delegaciones representa el 26.8% de los desvíos de recursos tan sólo de los gobiernos estatales de 26 entidades. La entidad que más dinero regresó a las arcas públicas fue Veracruz con 13 mil 915 millones 900 mil pesos; sin embargo, este dinero recuperado por irregularidades detectadas en 13 años es apenas una tercera parte de lo que se desvió durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, hoy prófugo de la justicia. Veracruz es la entidad que más daño patrimonial federal causó por sus actos de corrupción, al sumar 56 denuncias penales por actos de corrupción durante los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte; 18 son por simulación de reintegros, que implican un total de 35 mil 421 millones 700 mil pesos y 38 denuncias restantes son por 21 mil 240 millones 984 mil 459.19 pesos; además, enfrenta 148 acciones de seguimiento por un total de 17 mil 632 millones de pesos. El Estado de México es la segunda entidad que más dinero devolvió, al haber regresado 12 mil 611 millones 100 mil pesos. Los demás estados han devuelto menos de tres mil 500 millones de pesos, una nimiedad si se compara con los recursos desviados desde que la ASF fue creada. Michoacán, por ejemplo, es el tercer estado que ha devuelto más recursos, con tres mil 304 millones 900 mil pesos, pero la ASF presentó 19 denuncias de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR), que implican 33 mil 742 millones 258 mil pesos por las cuentas públicas 2009, 2011, 2012 y 2013. Las denuncias pueden aumentar si la vigilancia de 12 mil 595 millones 600 mil pesos, que están en proceso de sustentación, demuestra que el dinero fue usado de manera irregular. Denuncias a municipios Pero los actos de corrupción no son exclusivos de los Ejecutivos de los estados; también involucra a los gobiernos municipales; así, el monto recuperado no es sólo de los gobiernos estatales, sino de los municipales que también han desviado dinero de rubros sociales. La ASF ha presentado 23 denuncias penales contra 22 municipios de Yucatán, Chihuahua, Nayarit, Guerrero, Estado de México, Oaxaca, Tlaxcala, San Luis Potosí, Veracruz y Puebla por el desvío de recursos públicos federales. Las denuncias comenzaron a presentarse en 2007. La primera denuncia fue en octubre de ese año, por irregularidades en la Cuenta Pública 2006; hace ya una década. De las 23 denuncias de hechos presentadas ante la Procuraduría General de la República, sólo dos se hicieron antes de que llegara Juan Manuel Portal a la Auditoría Superior. Los municipios que han sido denunciados penalmente son: Guadalupe y Calvo, Chihuahua; El Nayar, Nayarit; Ayutla de los Libres, Guerrero; Iguala de la Independencia, Guerrero; Acatepec, Guerrero; Atizapán de Zaragoza, Estado de México; Tlaxcala, Tlaxcala; Santa María Chilchotla, Oaxaca; Tanlajás, San Luis Potosí; Álamo Temapache, Veracruz; Perote, Veracruz y Huaquechula, Puebla. Mientras que dos denuncias penales presentó el órgano fiscalizador superior por irregularidades en Santiago Yaveo, Oaxaca. Además, contra quien resulte responsable de los desvíos en nueve municipios de Yucatán: Chichimilá, Panabá, Maxcanú, Valladolid, Hunucmá, Muna, Timucuy, Tixcacalcupul y Sotuta. Los desvíos han sido del fondo de infraestructura social municipal; el fondo de pavimentación, y de partidas destinadas a espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa; la aplicación de los recursos correspondientes al Ramo 33 y sus remanentes, así como el fideicomiso para coadyuvar al desarrollo de las entidades federativas y municipios, por citar algunos ejemplos. En total, la Auditoría Superior de la Federación ha recuperado 101 mil 996 millones 900 mil pesos de los tres Poderes de la Unión, entidades federativas, órganos autónomos e instituciones públicas de educación superior. Juntos, las entidades federativas, los municipios y las delegaciones de la Ciudad de México regresaron 66 mil tres millones 600 mil pesos. El monto total no incluye “recuperaciones en proceso judicial: como resultado de la intervención de la ASF con motivo de la fiscalización superior de las cuentas públicas 2001-2014; 20 entidades fiscalizadas han promovido procesos judiciales a terceros por un monto acumulado de 850.4 millones de pesos. En su caso, una vez que se comunique a la ASF de la resolución favorable, los montos correspondientes se adicionarán al reporte”, precisó la ASF en el informe. A pesar de los escándalos públicos en torno a los malos manejos presupuestales, no existen los mecanismos judiciales para comprobarlos y proceder a la recuperación de ese dinero, porque los órganos de fiscalización de los estados están debilitados; carecen de personal y de dinero para hacer las revisiones puntuales, amén de que tienen una fuerte influencia del gobierno estatal en turno. De hecho, el paquete de instrumentos legislativos aprobados por el Congreso de la Unión en materia anticorrupción tiene el propósito de corregir esta falla de los organismos estatales; por eso se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, a fin de que la dinámica de vigilancia federal se traslade a las 32 entidades federales, se homologuen criterios y se cuente con los mecanismos técnicos para ampliar los correctivos; de hecho, existe un principio de subsidiaridad, para que la propia Auditoría Superior ayude a los órganos estatales. De acuerdo con el análisis Auditorías Superiores Locales en México: Evaluación de su Normatividad, Prácticas y Transparencia, realizado por el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara en coordinación con el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), ambos socios de la Red por la Rendición de Cuentas, es difícil la situación de los órganos de fiscalización de las entidades. Los estados del país carecen de los mecanismos eficientes para verificar la forma en que sus gobiernos se gastan el erario, pues a pesar de contar con auditorías, éstas carecen de facultades plenas para actuar en caso de malos manejos. Un total de 24 estados otorga facultades a los Congresos locales que limitan, en la práctica, la autonomía de las entidades de fiscalización. En la mitad de las leyes, los Congresos están desvinculados de la revisión de las cuentas públicas, ya que se omite que el poder Legislativo deba dar seguimiento a las observaciones emitidas y a las observaciones iniciadas por la Auditoría, y no hay mecanismos para verificar que se sancione o se generen consecuencias por las deficiencias del manejo del dinero público al momento de aprobar los presupuestos subsiguientes. Actualmente, las entidades federativas están en proceso de corregir, al menos a nivel legislación, estas fallas, a fin de aterrizar en ellas las nuevas disposiciones en materia anticorrupción. La recuperación de dinero por parte de la ASF no se centró en los gobiernos estatales y municipales. A nivel federal se observa que el Poder Ejecutivo devolvió 35 mil 93 millones 900 mil pesos; el Judicial regresó 286 millones de pesos y el Legislativo 135 millones 600 mil pesos. Mientras que los órganos autónomos regresaron 386 millones y las instituciones de educación superior devolvieron 91 millones 800 mil pesos. Fuente: Excelsior