CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No puedo ni quiero disculparme por un crimen que cometió otro, pero volveré por justicia, pueden contar con ello”, dijo el mexicano Rubén Ramírez Cárdenas, antes de ser ejecutado con inyección letal en una cárcel de Texas el miércoles pasado por el secuestro, violación y asesinato de su prima Mayra Laguna, de 16 años, en 1997.

Su ejecución estaba programada para las 18:00 horas, pero se pospuso hasta pasadas las 22:00 horas a la espera de una intervención de última hora de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos o gobernador de Texas, Gregg Abbott para revertir la pena, pero ello no ocurrió.

Tampoco funcionaron los llamados del gobierno de México, las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que presionaron para que se suspendiera la ejecución invocando una supuesta falta de garantías en el proceso judicial del mexicano.

Cárdenas, de 47 años y originario de Guanajuato hace fue declarado muerto a las 22:26 hora local tras recibir una inyección letal en la prisión de Huntsville, Texas.

Condena del gobierno mexicano

Poco después la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) condenó la ejecución del mexicano a través de un comunicado en el que destacó que Ramírez Cárdenas es el quinto mexicano ejecutado “en franca violación” al fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia en el caso Avena, el 31 de marzo de 2004, por lo que expresó su inconformidad por el incumplimiento de Estados Unidos y el estado de Texas.

El presidente Enrique Peña Nieto también expresó su condena a través de su cuenta de Twitter:

En su comunicado, la SRE, a cargo de Luis Videgaray, señaló que el gobierno de México se opone a la pena de muerte por considerarla “una de las violaciones más esenciales de los derechos humanos”, así como una sanción cruel e inhumana que socava la dignidad de las personas.

La dependencia enfatizó que el canciller Videgaray agotó todos los recursos legales, políticos y diplomáticos para evitar la ejecución. También destacó los esfuerzos realizados por el gobernador de Guanajuato, la Procuraduría de los Derechos Humanos de ese estado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y legisladores.

En su cuenta de Twitter, Videgaray Caso publicó:

La SRE, a nombre del gobierno mexicano, exhortó a Estados Unidos para que adopte acciones efectivas que impidan que cualquier estado, incluido Texas, lleve a cabo la ejecución de connacionales en desacato al fallo Avena.

La sentencia a muerte

Un jurado resolvió que quedó probado que Ramírez Cárdenas y su cómplice, Tony Castillo, entraron a la casa de Mayra Laguna por la ventana de su habitación, se la llevaron, la violaron, la estrangularon hasta que murió y abandonaron su cuerpo en un canal de la localidad de Edinburg, vecina a McAllen.

Ramírez Cárdenas confesó el crimen a las autoridades y, entre él y Castillo, condujeron a los investigadores hasta el cuerpo de la menor. Sin embargo, la abogada del acusado, Maurie Levin, sostenía que la confesión se había obtenido bajo coacción y que Ramírez era inocente.

Incluso la defensora pidió hasta el último momento que se realizaran nuevas pruebas de ADN a las uñas de la víctima, pero los tribunales estadunidenses tomaron esa petición como una maniobra dilatoria con la que, además, el mexicano no quedaría exculpado.

Cárdenas fue el preso número 23 ejecutado en todo el país. Desde que el Tribunal Supremo restableció hace cuatro décadas la pena de muerte, mil 465 presos han muerto ejecutados en Estados Unidos, 545 de ellos en Texas.