Deberán de ser retirados todos los espectaculares que se ubiquen enazoteas de edificios públicos o privados, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Así se establece en el cuarto transitorio de la Ley del Programa para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la CDMX, cuyo decreto fue presentado este miércoles ante el pleno de la Asamblea Legislativa (ALDF) y turnada a comisiones para su análisis.

La medida que establece tiene como objetivo garantizar la seguridad de la ciudadanía, será aplicable una vez que entre en vigor el documento promovido por el jefe de gobierno de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa Mancera Espinosa, comentó que el decreto de ley, entregado con carácter de urgente, busca hacer frente a la situación que en materia de infraestructura y de servicios se vive en la capital tras el sismo del pasado 19 de septiembre.

Este es el compromiso que hicimos cuando presentamos el plan de reconstrucción. En el propio transitorio de esta se dice que en el proceso mismo debe participar la sociedad civil, el comité científico que aprobamos recientemente y por supuesto las organizaciones y organismos internacionales”, indicó el mandatario capitalino. 

Mancera Espinosa aseguró que esta ley servirá como un legado para que futuros gobiernos en la capital, cuenten con un esquema de respuesta y actuación enfocada a la reconstrucción.

En ella se establecen las facultades y acciones que cada una de las dependencias tendrá que ejecutar y asumir tras esta situación de emergencia derivada por el sismo magnitud 7.1 y, que en algunos casos se prologarán hasta por cinco años. Además, determina los beneficios a los que tienen derecho los damnificados, como son créditos, apoyos económicos y acceso a diferentes programas sociales.

Da paso a la creación del Fondo para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación, en el que quedarán integrados los recursos del Fondo de Contingencia, del Fondo de Desastres Naturales y de los que se capten a través de donaciones.

Respecto de los inmuebles en clasificación roja y que, tras ser dictaminados por un Corresponsable de Seguridad Estructural, se determine que deberán de ser demolidos y sus propietarios no accedan a ello, será el gobierno capitalino el que ejecutará la acción y el costo generado será cobrado al infractor, como crédito fiscal en favor del erario.