La información contenida en los teléfonos celulares de los asesinos materiales de Emma Gabriela Molina Canto generó una discusión entre los asesores jurídicos del polémico feminicida y los representantes de Fiscalía General del Estado (FGE), con una duración de casi una hora. 

Durante la audiencia se reprobó la actitud de la dependencia estatal de negarse a compartir la información correspondiente en dichos aparatos electrónicos, la cual les permitiría tener todo el material para fortalecer el trabajo de los asesores jurídicos. 

Ante los hechos ocurridos, se solicitó la intervención del juez de control del primer distrito judicial del sistema penal acusatorio y oral, Luis Edwin Mugarte Guerrero, para exigir a la FGE que entregue los videos, fotos y textos contenidos en tres teléfonos móviles asegurados de los presuntos homicidas. 

El enfrentamiento entre ambas partes llamó la atención del magistrado, así como de los presentes, y sobre todo, de los abogados defensores del presunto feminicida Martín Alberto Medina Sonda, ya que dicha actitud sólo beneficiaba a su cliente. Mugarte Guerrero consideró de interesante la situación que prevaleció pero se declaró incompetente para la solución del conflicto, ya que le corresponde a un juez federal. 

Remarcó que no es de su competencia el dar una solución, y el único facultado para ello es un juez federal, a menos que él determine que la solución la competen a un juez de fuero estatal. Sin embargo, recomendó a la FGE a preservar toda la información que le fue entregada, ya que en un momento será útil para el esclarecimiento del caso. 

El conflicto legal inició al concluir el objetivo de la audiencia que duró cerca de una hora y media, cuando asesores jurídicos de Ligia Canto Lugo, progenitora de la hoy occisa, denunciaron el atropello cometido por la Fiscalía. 

Establecieron que en todo momento se niega se negó a dar cumplimiento a la solicitud entregada, en la cual le piden que compartan la información autorizada por un juez federal, ya que un perito analizó la información que había en tres teléfonos celulares, previa autorización y colaboración de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT). 

La dependencia gubernamental alegó que no le pueden entregar el material con tal de proteger la integridad de los propietarios de los celulares, ya que no toda la información corresponde al homicidio ocurrido el pasado 27 de marzo. 

Estableció que un perito especializado de orden federal fue el que analizó el contenido en los respectivos equipos de telefonía y sólo les entregó una parte de la información, por ser conducente al proceso que se sigue. 

"La Fiscalía oculta información que está contenida en un disco, la cual permitirá el esclarecimiento del asesinato de mi hija, pues tengo los números telefónicos y sólo busco la verdad y la impartición de la justicia", acotó. 

La audiencia estaba prevista para las 12 horas pero prorrogada hasta las 14 horas, debido a las fallas en el sistema electrónico de Tabasco, consecuencia de las condiciones climáticas que prevalecían. Sin embargo, fue a las 16:05 horas cuando inició el proceso concedido a la FGE, quien solicitó una prórroga de plazo de la investigación, por lo que propuso dos meses. 

El motivo, son diversas las actividades que se realizan y que aún no concluyen además que aún no les entregan los resultados de las diversas investigaciones que realizan instancias ajenas a la dependencia. 

Tal el caso del análisis del perfil genético que se efectúa a una camiseta hallada en el interior de un taxi, para determinar a quién de los hoy detenidos perteneció. Mugarte Guerrero estableció que están a tiempo de pedir la respectivo prórroga, además que aún no transcurre un año en el desarrollo del proceso, por lo que accedió a la solicitud. 

Empero, sólo otorgó un plazo de un mes y 10 días, por lo que vence el 2 de octubre próximo, y recomendó a la Fiscalía a que presione a la institución que realiza las pruebas genéticas, ya que la prórroga anterior se debió a que aún no entregaban los resultados. 

El evento estuvo a punto de suspenderse, pero el presunto feminicida Martín Alberto Medina Sonda autorizó a sus abogados defensores a participar a pesar que no estar presente en la audiencia a distancia. Yucatán Ahora