La activista y defensora de los derechos humanos, Yndira Sandoval Sánchez, fue detenida, torturada y violada por policías de Tlapa de Comomfort, Guerrero, luego de que participara en una conferencia en la Universidad Autónoma de Guerrero sobre la violencia contra las mujeres.

En entrevista con Sanjuana Martínez, para el diario La Jornada, Yndira Sandoval, relató que los hechos ocurrieron el pasado 16 de septiembre en Tlapa. La activista recordó que durante su estancia se accidentó con un clavo que le lastimó una zona cercana a un seno, motivo por el cual decidió acudir con un compañero con el que viajaba a la Clínica San Antonio para recibir atención médica.

La activista contó que en primera instancia el doctor le cobró 2 mil pesos, pero ante la insistencia bajó el costo del servicio a 900 pesos. Cuando Yndira intentó pagar con su tarjeta, el médico le explicó que sólo aceptaba dinero en efectivo y que tenía que buscar un cajero para poder cubrir los gastos.

Cuando salió de la clínica recordó que había olvidado su teléfono celular y regresó. Fue en ese momento cuando se percató de que seis elementos de la policía municipal de Tlapa intentaban detener a su compañero por supuestamente haberse negado a pagar la cuenta del doctor.

¿Por qué lo detienen? Soy defensora de derechos humanos, les dijo, y un agente le contestó: “usted también está detenida”.

Yndira Sandoval, relató al medio que se negó a subir a la patrulla, pero una oficial, identificada con el nombre de Claudia Juárez Gómez, la aventó hacia el interior de la batea de la camioneta y la apretó de la herida a pesar de que la joven le había dicho que estaba lastimada.

“Todo el trayecto hacia la comandancia municipal me tuvo de rodillas, jalándome el cabello hacia atrás, apretándome la herida y me preguntaba, riéndose: ‘¿Te duele?’”.

Una vez que fue trasladada a la cárcel municipal de Tlapa, Yndira fue ubicada en una celda, en donde fue sometida por la policía Claudia Juárez Gómez. La oficial le manoseó los senos le bajó el pantalón e introdujo sus dedos de manera violenta en su vagina.

“Me penetró con sus dedos, me lastimó mucho. Luego me soltó, me aventó, me pateó, mientras otra mujer policía, cómplice, vigilaba la entrada a la celda. Yo ya no sabía qué seguía después de la tortura”, relató Sandoval Sánchez a La Jornada.

Tras ser agredida sexualmente, Yndira fue liberada. Pero ese era tan sólo el inicio de un viacrucis que continúa hasta el día de hoy, pues ha vivido en carne propia las burlas, la inoperancia de los servidores públicos y la manera en las que son expuestas las mujeres víctimas de taques sexuales.

Un día después, el 17 de septiembre Yndira presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Guerrero, en la Unidad de Investigación 1 Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar Región Montaña, con la carpeta número 12080470200090170917, y el 13 de octubre ante la Procuraduría General de la República (PGR), con la célula de investigación de la agencia tercera de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) y la carpeta FED/SDHPDSC/FEVIMTRA-GRO/0000634/2017.

Pese a las circunstancias, la defensora de los derechos humanos ha continuado con las denuncias que ha provocó que su casa fuera allanada y que incluso recibiera amenazas de muerte, sin embargo, dice seguirá buscando justicia.

“El hecho que me violara una mujer me confirma que nos está carcomiendo el propio sistema, que normaliza la violencia y nos quiere obligar a pensar que este es nuestro destino. Las instituciones están podridas. Quiero caminar sin miedo; el Estado me pudo haber quitado la seguridad, pero no me va a quitar ni la dignidad ni mi vocación de seguir defendiendo los derechos de las mujeres”.

Los ataques contra personas y colectivos que defienden los derechos humanos en el país constituyen una práctica generalizada en México, lo que refleja la falta de voluntad del Estado para proteger a las personas defensoras.

Al menos mil 37 personas (273 indígenas) y 422 colectivos defensores de derechos humanos sufrieron algún tipo de abuso en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, y hasta julio de 2017 se contabilizaban 106 defensores asesinados y 81 desaparecidos, reveló un informe de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”.

Por regiones, el 69 por ciento de los casos se concentra en siete entidades: Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, Guerrero, Veracruz, Estado de México y Puebla.

Con Información de Sin Embargo