Más de 365 días sin saber de ellos. Ante los ojos de sus vecinos y de sus seres queridos los policías del municipio de Culiacán (Sinaloa), José Antonio Saavedra Ortega y Yosimar García Cruz fueron secuestrados por un grupo de hombres armados en enero del 2017. A un año de su desaparición, las investigaciones oficiales no avanzan. La desesperación y el dolor han llevado a los familiares a pedir ayuda el cartel de Sinaloa, uno de las estructuras de narcotráfico más poderosas de México.

A través de una carta, los familiares de Saavedra Ortega y de García Cruz solicitan el apoyo del crimen organizado para encontrar a sus seres queridos: “Solo les pedimos a los grandes capos a los jefes del cartel de Sinaloa y a quienes se llevaron a nuestros familiares, que nos ayuden a que puedan regresar o nos digan dónde los pudiéramos encontrar. La peor tortura de las familias es no saber dónde se puedan encontrar nuestros seres queridos. Apelamos a sus grandes corazones, a que nos den un poco de paz, o la paz completa al encontrar a nuestros hijos amados a nuestros hermanos, a nuestra familia”.

El escrito abunda sobre el desgaste físico y emocional que ha significado la captura de los policías para sus allegados. “Acudimos a ustedes rogando y suplicando a su corazón y a su conciencia a que nos ayuden [a] acabar con esta tortura, con este dolor que hemos estado llevando durante un año. Esperamos una respuesta y un milagro y si ustedes nos pueden ayudar a que esto suceda nuestras familias estarán agradecidas de por vida”, se asevera en la carta.

En un país que desconoce el número exacto de las víctimas de desaparición forzada, no es una rareza que los familiares de desaparecidos tomen medidas drásticas para localizar a sus seres queridos. María Isabel Cruz, madre de Yosimar García Cruz, asegura que ante la indolencia de las autoridades para resolver ambos casos, se decidió la redacción de esta misiva. “Mi carpeta [en el Ministerio Público] está vacía completamente, no hay ninguna investigación. Yo lo que quiero es descansar y que mi corazón descanse como madre”, señala. Por esa razón García busca la respuesta del cartel de la droga, liderado por JoaquínEl Chapo Guzmán Loera antes de su detención en enero de 2016.

Con pesar, la mujer detalla que su hijo siguió los pasos de su padre al convertirse en policía de Culiacán, la capital de uno de los Estados más peligrosos de México. Tenía 28 años de edad, cinco dentro de la corporación y planes de casarse en los próximos meses. Su plan de vida se esfumó aquella tarde del 26 de enero de 2017, cuando un grupo de hombres lo sacó a punta de pistola de su casa y lo condujo a un destino incierto. Desde ese día García Cruz formó parte de una siniestra estadística que registra a cerca de 30.000 personas víctimas de desaparición forzada, según los datos oficiales. “Soy realista. Duele el alma, duele el recuerdo, duele todo, yo creo que no lo voy a encontrar con vida”, admite María Isabel, entre sollozos.

En una de las últimas conversaciones de García Cruz con su madre, este le contó sobre la desaparición de su compañero José Antonio Saavedra Ortega. El policía municipal, de 35 años, fue “levantado” por un grupo armado en el trayecto hacia su casa, la madrugada del 23 de enero en Culiacán. Tres días después, García Cruz compartiría el mismo destino. En ambos casos, las pesquisas de la policía apuntaron hacia un ajuste de cuentas contra los agentes, quienes habían participado en detenciones claves contra el crimen organizado del Estado.

Para sus seres queridos, los motivos de estos crímenes pasan ahora a segundo plano ante la urgencia de contar con una ubicación dentro de un mapa. Un par de coordenadas que tal vez sí conozco la delincuencia organizada. “Si la autoridad no nos ayuda, pues nos queda acudir a estas personas [del cartel de Sinaloa], que tienen muchos contactos. No especificamos que sean ellos, simplemente, que como ellos tienen el poder en Sinaloa les pedimos el apoyo”, ha asegurado un familiar de Saavedra Ortega, que ha pedido el anonimato por cuestión de seguridad. María Isabel añade: “Nosotros no buscamos culpables, ni tampoco acusamos a nadie, no sé si ellos [el cartel de Sinaloa] lo hicieron o si no lo hicieron, solo estamos pidiendo su ayuda”.

Los familiares de estos policías coinciden en que esta carta responde a una necesidad de información que no han podido satisfacer las autoridades. Ellos han esperado una respuesta a lo largo de un año, pero no la han obtenido a pesar de la reciente aprobación de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Es un letargo que no se pueden permitir los familiares de los policías, ni los colectivos que cada día salen con palas y picos a tratar de hallar alguna fosa clandestina, algún retazo de ropa en los terrenos baldíos de Sinaloa. El País