Libra la cárcel acusada de violar derechos de menores en la Ciudad del Niño de Salamanca

GUANAJUATO, Gto. (apro).- Xóchitl Tapia Carbajal, una de las acusadas en el caso de las violaciones a derechos de menores albergados en la Ciudad del Niño de Salamanca, finalmente libró la cárcel.
Se trata de la mujer que, por órdenes del sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, fundador del centro de asistencia, cambió los apellidos de dos niños en el Registro Civil de esa ciudad.
El cuadro fáctico presentado en la imputación refería: “En fecha 18 de junio de 2013, Xóchitl Tapia Carbajal acudió al Registro Civil de la ciudad de Salamanca, Guanajuato, e hizo inscribir a los dos menores (cuyos nombres se omiten) con una filiación que no les corresponde, esto a petición de Pedro Gutiérrez Farías y con la colaboración de Guillermo Orozco Gutiérrez…”.
Los dos niños quedaron registrados en actas con los apellidos Gutiérrez Jiménez, correspondientes al primer apellido del ‘Padre Pedro’ y al primer apellido de la monja Hortensia Jiménez Cruz, auxiliar del sacerdote en la Ciudad del Niño.
La cloaca en la Ciudad del Niño se destapó a mediados de 2017, luego de una sentencia de amparo emitida por la juez federal de distrito Karla Macías Lovera, por el caso de una menor a la que el sacerdote pretendía mantener en el albergue contra la voluntad de su madre.
En ese lugar, 132 menores sufrieron el cambio de apellidos, según se consignó en el expediente, aunque en alguna ocasión el propio sacerdote dijo que eran más de 300, pero sólo se procedió penalmente por dos niños.
En la causa penal se había acusado inicialmente, como presuntos responsables, al sacerdote Pedro Gutiérrez Farías y a Guillermo Orozco Gutiérrez, otro de sus colaboradores. Sin embargo, ninguno de los dos fue vinculado a proceso por el juez en la audiencia efectuada en noviembre del año pasado, únicamente Xóchitl Tapia Carbajal.
Pero la mujer no pisará la prisión, a cambio de cubrir la reparación del daño estimada en 27 mil pesos, que hará en seis pagos a las víctimas.
Los dos menores fueron representados en este proceso por la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, instancia del DIF estatal, que en la audiencia intermedia –previa a juicio– aceptó un acuerdo para suspender provisionalmente el proceso durante seis meses, a partir del pasado lunes 5.
Xóchitl Tapia Carbajal deberá cumplir con el plan de reparación del daño y no podrá cambiar de domicilio ni salir de la ciudad donde reside (Salamanca), tampoco acercarse, molestar o comunicarse con los menores ofendidos, según los resolutivos del juez del sistema penal acusatorio del Poder Judicial del estado.
En la causa penal 217-272 se vinculó a proceso a la mujer acusada de delitos contra la filiación y el estado civil, que en el artículo 216 del Código Penal del Estado de Guanajuato establece: “Se impondrá prisión de uno a seis años y de diez a 60 días multa a quien, con el fin de alterar la filiación o el estado civil: inscriba o haga inscribir a una persona con una filiación que no le corresponda”.
Este es el segundo proceso que se resuelve con una salida alterna del sistema penal acusatorio en los casos de Ciudad del Niño. El primero fue la acusación de abuso sexual en contra de Aurelio Gutiérrez Anguiano, uno de los encargados del cuidado de los menores albergados en el centro de asistencia fundado por Gutiérrez Farías, protegido de políticos y funcionarios.
Aurelio Gutiérrez acordó un convenio restaurativo ante un juez del sistema acusatorio y la causa fue sobreseída.
Por ahora únicamente sobrevive un proceso, según informó el Poder Judicial, y es contra Xóchitl Chávez Sánchez por violencia familiar. La mujer está acusada de lesionar a una menor a quien puso la mano derecha en una estufa encendida como castigo, en junio de 2016.
Chávez Sánchez –otra de las colaboradoras más cercanas de Gutiérrez Farías– solicitó un amparo en contra de la vinculación, que se encuentra en revisión después de serle negado.
Desde mediados del año pasado, al conocerse el amparo de la juez Karla Macías y las anomalías detectadas en el funcionamiento del centro de asistencia, además de las violaciones a los derechos de quienes allí eran atendidos, el DIF estatal se hizo cargo del albergue.

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