A cuatro años de entrar en vigor, la Reforma Educativa no ha cumplido con los preceptos prometidos. La calidad de la educación no ha mejorado, según demuestran las evaluaciones a los alumnos; ni siquiera existe un diagnóstico de la infraestructura de las escuelas que sirva para subsanar las necesidades y los profesores no han sido profesionalizados con nuevos estándares. 

Así lo concluye la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en las revisiones de desempeño incluidas en el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016 presentada este lunes 20 de febrero. 

Ante esto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió este jueves un comunicado donde recibe los señalamientos, recomendaciones y observaciones de la ASF y plantea su compromiso para mejorar “aquellas gestiones, procesos o definiciones destacados por el órgano superior de fiscalización”.

Cinco años de trabajo y pocos resultados

El exsecretario de Educación, Aurelio Nuño, fue el encargado de operar la Reforma Educativa, luego de su aprobación en 2013, pero abandonó el cargo en 2017 sin haber concretado las promesas de elevar la calidad de la educación en el país. 

En diversos discursos reiteraba que la reforma permitiría que los estudiantes mexicanos recibieran una educación de calidad, que tendrían infraestructura digna y que los maestros serían profesionalizados. Incluso, como coordinador de campaña del candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, ha descalificado la intención del candidato opositor, Andrés Manuel López Obrador, de echar atrás la reforma. 

Sin embargo, la Auditoría concluye que la Reforma Educativa no ha tenido resultados que mejoren la calidad educativa, ya que la mayoría de los estudiantes de nivel básico se encuentra en el nivel más bajo de logro educativo (56.7% en el área de matemáticas y el 48.1% en lectura), según las evaluaciones más recientes. 

Otra promesa fue mejorar la infraestructura de las escuelas de educación básica, pero ni siquiera se realizó un diagnóstico nacional sobre su estado físico y funcional y tampoco hubo planeación financiera estratégica de corto y mediano plazos, que permitiera garantizar la suficiencia y oportunidad de los recursos. 

Por ello, la Auditoría recomienda que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) se consolide como la figura rectora de la política, para “articular y coordinar, interinstitucional e intergubernamentalmente, las estrategias de regulación, planeación, supervisión y evaluación”. 

Aunque se calculó una inversión de 54 mil millones de pesos para las escuelas, “la política de infraestructura y equipamiento no ha logrado asegurar que las escuelas cumplan con las condiciones físicas adecuadas para el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos”, concluye la auditoría. 

Respecto a la formación docente en los niveles básico y medio superior, en 2016 únicamente se capacitó al 4.8% del universo de un millón 45 figuras educativas del nivel básico y al 13.5% de las 417 mil figuras del medio superior, como parte del Programa para el Desarrollo Profesional Docente. 

Además, “la oferta académica no tomó en cuenta las necesidades de formación del personal educativo”, advierte la ASF en la auditoría de desempeño al Programa para el Desarrollo Profesional Docente en Educación Básica.  

Aunque en 2016, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación elaboró la versión preliminar del Programa de Mediano Plazo del Sistema Nacional de Evaluación Educativa 2016-2020, “no se dispuso de una metodología para articular y analizar, de forma integral, las evaluaciones de los componentes del Sistema Educativo Nacional”. 

Desde la discusión de la reforma, la disidencia magisterial –en medio de protestas por parte del magisterio disidente agrupado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)– acusó que se trataba de una reforma laboral y no educativa, toda vez que el cambio fundamental se concentraba en las medidas “punitivas” contra los profesores. Por primera vez los maestros que no aprobaran las evaluaciones perderían su plaza y quien faltara en tres ocasiones consecutivas sin justificación podría ser despedido. 

El discurso oficial, en cambio, afirmaba que dichas medidas repercutirían en mejorar la calidad educativa. Pero sobre la currícula, los cambios ni siquiera fueron inmediatos. Hasta 2017 se concretó la “Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria”, en la que se establecieron las directrices para elaborar los programas de estudio del nivel básico, pero entraron en vigor en el ciclo escolar 2017-2018 y su efecto aún no se podría medir. Animal Político