La iniciativa privada y estudiantes coincidieron en que la economía de los meridanos no está en condiciones de soportar un aumento en el costo del transporte urbano como propone el empresario Rafael Canto Rosado, de subir de $8 a $13 el boleto de adultos, y de $3 a $6.50 la tarifa social para estudiantes, niños y personas de la tercera edad. 

Sociedades de alumnos abundaron que esa solicitud es inadmisible ante el incumplimiento de los compromisos de mejorar el servicio que los transportistas asumieron hace más de cuatro años, ya que el servicio urbano no sólo es pésimo en frecuencia (a partir de las 21 horas prácticamente es necesario utilizar taxis), sino que las unidades están en condiciones deplorables y son altamente contaminantes.

En vano se solicitó una entrevista con el director de Transporte, Humberto Hevia Jiménez, quien se negó a dar su versión. 

Como se informó, los empresarios transportistas esperan esta semana una reunión con el Gobierno del Estado para analizar un posible alza a las tarifas con base en un proyecto presentado en abril pasado, en el que plantean entre otras cosas un incremento de tarifas de hasta el 117%, como una condición para mejorar la calidad de su servicio. 

Estudiantes buscarían subsidio 

Al respecto, Juan José Abraham Dáguer, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Mérida (Canaco), recalcó que en estos momentos solicitar un aumento de tarifas en el transporte urbano es un tema “delicado”, ya que “la sociedad no está preparada para afrontar un incremento como el que proponen los transportistas”. 

“Los yucatecos no están preparados para enfrentar un incremento. Por una parte es verdad que hay una tarifa social congelada desde hace tiempo, pero el tema debe ser atendido con responsabilidad y sentido social para que las empresas puedan seguir prestando el servicio”, indicó. 

El directivo empresarial recalcó que sería oportuno que los estudios que se realicen sobre el tema incluyan la opinión y la realidad económica de todos los sectores, en especial de los usuarios. En el caso de los estudiantes, Gerardo López, consejero estudiantil de la Facultad de Ingeniería Química, así como Alejandro Castillo Martínez, también consejero pero en la de Medicina, de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), indicaron que aumentar la tarifa social de $3 a $6.50 como propone la empresa Minis 2000, sería un duro golpe a la economía del alumnado. 

Castillo Martínez indicó que ante esta alza demandarían un subsidio del gobierno para evitar afectación a los bolsillos de las familias. Con Información de Sipse