La balacera en Motul: sicarios que vinieron de Cancún para reclutar seguidores

Una llamada de atención para la seguridad de Yucatán

La reciente detención de siete personas, presuntos sicarios que llegaron a Yucatán para reclutar esbirros para las células del crimen organizado que operan en Quintana Roo, no es algo nuevo en el estado.

El viernes 22 de febrero se aprehendió a la séptima persona, entre ellos dos yucatecos, que disparaban en montes de Motul, se enfrentaron a tiros con los agentes que acudieron por denuncias de los vecinos y lesionaron a uno de los policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Ante la alerta roja que se decretó por ese hecho, la SSP, el Ejército mexicano, la Policía Federal, la Policía Municipal de Motul y la Policía Coordinada desplegaron a más de 300 elementos para buscar por tierra y aire a los agresores, que estarían vinculados a alguna agrupación delincuencial, sin que hasta el momento las autoridades lo confirmen o descarten.

La intensa búsqueda de los siete sujetos, cuatro de Cancún, uno de Tabasco y dos de Motul, duró 53 horas.

Los yucatecos fueron identificados como Alberto Javier Pech Chacón, alias “El Chuki”, y José Concepción Ku Balam, “El burro”.

De confirmarse que los cinco sujetos no oriundos de Yucatán llegaron a enrolar a más matones a su plantilla, ésta no sería una noticia nueva. Hace 10 años, de acuerdo con investigaciones de la Policía Federal, los estados de la Península de Yucatán figuraban como uno de los territorios donde los poderosos cárteles enlistarían cómplices a sus filas.

Sicarios en tres meses

Según los expertos en seguridad, en tres meses el crimen organizado es capaz de reclutar a una persona y sumarla a su nómina de sicarios. Según el estudio, los cabecillas de las agrupaciones criminales enfocan su estrategia de reclutamiento a cinco grupos: lavacoches, taxistas, desempleados, vendedores ambulantes y adictos a la droga.

Para llegar a ser sicarios o esbirros de confianza, los “enganchados” deben pasar por dos peldaños jerárquicos, según la pirámide de evolución criminal definida por la Policía Federal: primero ser informantes o popularmente conocidos como “halcones”, después reclutadores y posteriormente matones a sueldo.

En 2009, Facundo Rosas Rosas, comisionado general de la Policía Federal, afirmó: “De acuerdo con el estudio realizado, hay casos donde el proceso de conversión se completa en tres meses. Lo corroboramos de manera especial en la Península de Yucatán y en zonas costeras del Océano Pacífico; en Sinaloa es recurrente”.

Con los datos recabados, el excolaborador del presidente Felipe Calderón Hinojosa indicó que el tiempo del “ascenso” de cada reclutado depende de las capacidades y habilidades, y la sangre fría que demuestre el sujeto para torturar y matar.

Salarios de los matones

Siempre de acuerdo con las indagaciones de Rosas Rosas hace una década, el pago a informantes en 2009 era de 2,000 a 5,000 pesos a la semana; el de los sicarios superaba los $40,000 al mes.

“Algunos de estos colaboradores no solo escalan rápidamente al sicariato, también existe la posibilidad de que lleguen a ocupar niveles de liderazgo intermedio o quedar al frente de las organizaciones criminales en corto tiempo”, explicó entonces Rosas Rosas.

La edad promedio de los sicarios detenidos por la Policía Federal en lo que fue la administración calderonista era de 24 años. Los criminales comienzan la etapa de reclutamiento en narcotienditas, como recordó el exfuncionario policíaco en el caso de un sujeto que terminó por convertirse en el principal ejecutor de 12 supuestos narcomenudistas en Yucatán.

“Era adicto a la cocaína. Fue contactado en un punto de venta, se formó en las calles como informante, luego se concentró en reclutar más adictos y al cabo de 90 días realizó las 12 decapitaciones”.

Después de su captura, durante el interrogatorio le preguntaron al detenido a qué se dedicaba ahora, según contó Rosas Rosas. Y con orgullo respondió: “Ahora soy sicario, pero hace tres meses era lavacoches”.

Como informó Diario de Yucatán, el jueves 28 de agosto de 2008, en montes de la hacienda Chichi Suárez, comisaría de Mérida, se hallaron 11 cuerpos sin cabeza y posteriormente se reportó el hallazgo de un cuerpo más, pero en la zona de Buctzotz, municipio al oriente del estado, a 180 kilómetros de la capital yucateca.

Los hechos de trascendencia nacional e internacional, evidentemente ligados al narcotráfico, encendieron los focos rojos en Yucatán y la entonces gobernadora Ivonne Ortega Pacheco convocó a una reunión urgente del gabinete, en particular a los altos mandos de la Seguridad Pública.

Categorías en el crimen organizado

El primer escalón, el de informantes o “halcones”, es el que más aumentó en los últimos años, según datos de la Policía Federal.

“Los carteles han extendido el empleo de informantes, apuestan por taxistas, por personas sin empleo fijo o dedicadas al comercio informal. Su principal tarea es detectar patrullas o identificar cualquier factor o actor de riesgo en la calle”, abundó Rosas Rosas en la entrevista de hace 10 años.

Algunos de los reclutados, según los testimonios policíacos, reciben dinero en efectivo, otros la promesa de protección ante cualquier acción de la autoridad o grupos rivales. Y para diferenciarse, estas redes adquieren nombres singulares, entre ellos: “halcones”, “estacas”, “puntos”, “patrullas”, “postes” y “ventanas”.

En un par de meses dejan de ser negociadores y se concentran en el trabajo rudo, ligado a la violencia.

Ya como sicarios utilizan la fórmula del “levantón” o secuestro para garantizar la producción, distribución y venta de drogas de su organización, para defender territorios de narcomenudeo o como táctica de venganza, apuntó el estudio de la Policía Federal.— Megamedia

Proceso Caso Motul

La Fiscalía informó ayer que formuló la imputación en contra de A.J.P.C., A.F.H., J.E.L.K., J.R.P.B., y E.T.A. por los hechos en la zona de Motul.

Audiencia

En la audiencia realizada en el Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial, la Fiscalía formuló la imputación por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y robo con violencia, ambos cometidos en contra de servidores públicos. A dos de ellos también se les imputó portación de armas e instrumentos prohibidos.

Prisión

La Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, misma que fue concedida por la autoridad judicial por todo el tiempo que dure el proceso. Se estableció la audiencia de vinculación a proceso para el próximo 28 de febrero. Megamedia.

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