La ASF demanda penalmente a gobierno de Graco Ramírez por desvío de 534 mdp

CUERNAVACA, Mor. (apro).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) promovió en enero pasado dos denuncias penales contra el gobierno de Graco Ramírez por un supuesto desvío de recursos cometidos en el ejercicio fiscal del 2016, por un monto de 534 millones de pesos.
Lo anterior se desprende del Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública del 2016 de la ASF, que calificó al estado de Morelos como una entidad en alta situación de riesgo para cumplir con el principio de sostenibilidad, debido a que presentaron déficit en el balance presupuestario de recursos disponibles y en el balance primario de recursos disponibles.
Es decir, Graco Ramírez no sólo llevó a Morelos a la insolvencia presupuestal, sino que, además, en los próximos cuatro años la entidad sufrirá de un deterioro y de una crisis presupuestal que lo podría llevar a la cancelación del pago de la deuda pública constituida en más de ocho mil millones de pesos.
De acuerdo con el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2016, emitido en febrero pasado por la ASF, se evidencia que el gobierno del perredista cayó en un subejercicio por la cantidad de 162 millones de pesos.
Empero, lo más grave viene en el resultado de las auditorías, en las que se observan irregularidades financieras en la cuenta pública del gobierno de Morelos en el ejercicio fiscal de 2016 y correspondientes a las participaciones federales, por un monto de tres mil 42 millones de pesos, de los cuales aún no ha logrado solventar 959 millones de pesos.
Dentro del gasto federalizado programable, en la cuenta pública de 2016, se realizaron observaciones por un monto de dos mil 62 millones de pesos; misma cantidad que el gobierno de Graco Ramírez no ha solventado, es decir, no ha comprobado en qué se invirtió y gastó.
Con ello, el gobierno de Graco Ramírez enfrenta pliegos de observaciones acumulados desde el 2012 y hasta el 2016 por un monto global de cuatro mil 420 millones de pesos, que no ha podido solventar y que podrían representar un desfalco económico a la hacienda pública estatal.
Ante ello, la Auditoría Superior de la Federación inició procedimientos para que el gobierno de Graco Ramírez reintegre a la Hacienda Pública Estatal y Federal 297 millones de pesos. En contraste, empezó demandas penales por un probable desvío de recursos por 534 millones de pesos, equivalente a lo que se invirtió para la construcción de la nueva sede del Poder Legislativo.

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