Con la clara intención de desaparecer la actividad de Uber en Mérida, el gobierno de Rolando Zapata primero emitió una ley que sea el pretexto para actuar contra la plataforma y luego emprendió una cacería contra los choferes y socios, quitándoles sus autos y usando las instituciones públicas como la SSP y la DTEY para lograrlo.
Pero las cosas no quedan con la detención arbitraria de los vehículos, que lo único que hacen es dar un buen servicio a los ciudadanos, sino que los retienen más tiempo de lo señalado por las leyes vigentes y les aplican cuanta multa se les ocurra, unas por supuestas violaciones al reglamento de tránsito (entre $1,500 y $1,700) y otras por no tener la concesión para transportar (entre $35,000 y $40,000).
Pero también cobran por el uso de las grúas (entre $450 y $550) y por si fuera poco también por la estancia prolongada y obligada en los corralones (entre $70 y $80 al día).
Aunque a decir de los propios choferes y socios afectados, Uber está absorbiendo la totalidad de los gastos, pero la molestia y la impotencia de ser privados de sus bienes personales y de no poder laborar, nadie se las quita.
En promedio por día son detenidos entre 8 y 10 vehículos, algo que ha ocurrido desde hace algunas semanas, se calcula que ya son más de 150... y los que faltan.
Dinero que como casi siempre ha ocurrido, señalan los disgustados choferes, podría terminar para financiar las campañas del PRI.
Publicado por:NOTICIAS DE ULTIMA HORA
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