La Arquidiócesis de México informó que la mañana de este martes 26 de septiembre, un grupo de jóvenes voluntarios católicos que salieron de la Ciudad de México a bordo de tres camionetas pick-up para llevar ayuda a comunidades afectadas de Oaxaca, fueron interceptados en carretera por un grupo de hombres armados que, además de balearlos y robarles el contenido de los vehículos, violaron a una de las jóvenes, les quitaron sus teléfonos celulares y alrededor de 40 mil pesos que llevaban para hacer otras compras allá.

De acuerdo con el licenciado Carlos Arvizú, Administrador de la fundación católica Papa Francisco Pro Felicitas A. C. –que llevó a cabo el acopio de víveres y encomendó a los jóvenes la labor– dos de los voluntarios de este grupo que se dirigía específicamente a Juchitán y Tehuantepec, se encuentran hospitalizados; el primero, debido a que las balas le perforaron algunas arterias y comenzó a desangrarse, y el segundo porque lo golpearon de una manera tan brutal que por poco le ocasionaban la muerte.

“Estamos muy tristes, hemos llorado de impotencia, tanto por los jóvenes lesionados como por la joven violada; esperamos que ambos vivan; nos encontramos a la espera del reporte médico de estos jóvenes valientes”, indicó.

Dijo que debido a que "se desconoce si este acto tan atroz sea un asunto del crimen organizado o del propio gobierno, prefiere no decir a qué estado fueron trasladados estos voluntarios para ser hospitalizados.

"Sólo quiero señalar que tuvimos que llamar a un grupo de empresarios que conocemos, quienes auxiliaron a los jóvenes y nos dijeron que se harían cargo de protegerlos. No podemos movernos de aquí, porque ahora además estamos preocupados por otros jóvenes que salieron hacia el estado de México, y por unos más que ahora se encuentran en comunidades afectadas de Xochimilco”.

Asegura que muchos de los voluntarios se han enterado de lo sucedido con estos jóvenes, y están desanimados por brindar ayuda. “Pero nuestra indignación es contra el gobierno federal, que no está protegiendo a las brigadas de ayuda. Ellos no están ayudando, no trabajan ni llevan víveres, ni el presidente de la República ni los gobernadores de los estados; se han limitado a llamar a la sociedad civil a que apoye, y la sociedad ha respondido sobradamente aún sin el llamado; pero el trabajo que a ellos les toca, el de brindar seguridad a quienes ayudan, es prácticamente nulo. De modo que la gente que está damnificada seguirá estándolo por culpa del gobierno. Está demostrado que después del terremoto el gobierno ya no es gobierno, es una anarquía total”.

Carlos Arvizú refiere que se han presentado otros casos, como el de los jóvenes voluntarios de Guanajuato, a quienes elementos del Ejército les querían quitar la ayuda en Oaxaca, así como a otros que han asaltado en el camino.

"Por lo ocurrido ayer en la mañana a estos jóvenes, ya hemos interpuesto la denuncia ante la Procuraduría de Oaxaca; pero además hemos tenido que tomar algunas decisiones. Venía ya un tráiler de Morelia, Michoacán, lleno de toneladas de víveres para ayudar a la gente; les dijimos que no fueran a carretera porque corrían peligro. También pedimos que se detuviera una gran cantidad de ayuda que ya venía de San Diego, California. La gente afectada por el terremoto tiene hambre, pero ahora los voluntarios corren el riesgo de ser asesinados”.

La gente tristemente se ve obligada a dejar de ayudar –explica– y a dedicarse a su vida personal.

"Si el gobierno garantizara la seguridad de los voluntarios, eso no habría pasado. Hay gente en muchas comunidades que ya ni siquiera está pidiendo apoyo para reconstruir sus casas, sino que tienen hambre y piden un plato de comida, una lona para no mojarse cuando llueve; pero tenemos un gobierno muy lejano a todo esto”.

“Hago un enérgico llamado a las autoridades para que cumplan con su tarea de garantizar seguridad, y la ayuda no se detenga. Deberíamos estar preocupados por las consecuencias del terremoto, y no por la vida de los voluntarios que ayudan a las personas damnificadas”.