Javier Corral Jurado, Gobernador de Chihuahua, denunció este día que el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto le ha detenido los recursos federales a la entidad en represalia por haber procesado a Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Chihuahua está haciendo lo que le corresponde. No nos van a doblegar. No vamos a negociar esta investigación, porque a la larga todo México pierde”, advirtió. “Hemos roto el pacto de impunidad y quieren hacernos pagar las consecuencias. No voy a ceder ante las represalias y los amagos. Estoy listo para dar esta batalla hasta sus últimas consecuencias”, dijo.

Advirtió que no se detendrán las investigaciones y, prometió, seguirán por el rumbo que han tomado.

Confirmó que Manlio Fabio Beltrones solicitó un amparo para no ser detenido, para no ser citado y para tener acceso al expediente.

Corral inició su mensaje narrando cómo había recibido la administración, de manos de César Duarte Járquez, con poco más de 20 millones pesos en caja, una enorme deuda y un déficit peor. Dijo que el Presidente Enrique Peña Nieto estaba al tanto de todos los datos porque él mismo se los había entregado.

Dijo que como parte de las investigaciones contra la corrupción, el pasado 20 de diciembre se dio a conocer el arresto de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general adjunto del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Contó que hay más de 15 detenidos y algunos condenados.

Corral dijo que José Antonio González Anaya, Secretario de Hacienda, le notificó un castigo financiero a Chihuahua. “Sólo para el Estado de Chihuahua no hubo disponibilidad de recursos, lo cual nos provocó un grave problema”.

“Los recursos para el saneamiento financiero convenidos en diciembre no fueron radicados en ese mes, como se establece en el acuerdo que tenemos firmado. Se adujeron razones de disponibilidad financiera, siendo Chihuahua la única entidad que no se le transfirieron recursos”, explicó el mandatario panista en conferencia de prensa.

Gustavo Madero, dijo, fue enviado a conversar con González Anaya. Y Anaya le notificó que no había dinero por falta de recaudación.

–A ver Pepe Toño, ¿no se está mezclando en esto otra agenda? –preguntó Madero a Anaya, de acuerdo con lo dicho por Corral.

–Hay que platicar, hay que platicar –habría respondido el Secretario.

En una reunión posterior, Anaya mismo notificó al Gobernador que el “motivo por el cual se dejaron de depositar los recursos es por esta investigación contra la corrupción”.

“Nos fue informado que la investigación de peculado pone en entredicho el esquema de entrega de recursos […]. No quieren detener a César Duarte pero nos quieren detener los recursos de Chihuahua”, dijo Corral. “Estamos conscientes de que hemos tocado el modus operandi de la corrupción en México”, agregó.

“Que nadie venga a decirnos ahora que estamos enderezando investigaciones con fines electorales”, dijo. “En mi caso no se pueden dar a sorpresa. Lo ofrecí en mi toma de posesión en Chihuahua”.

El mandatario de Chihuahua estuvo acompañado de diversas personalidades como la catedrática Denise Dresser, el panista Santiago Creel, el perredista Agustín Basave Benitez, el ex canciller Jorge Castañeda Gutman, el Senador Ernesto Ruffo Appel, el actor Daniel Giménez Cacho, así como por los integrantes del comité ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, encabezados por Jaqueline Peschard.

Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, un alto funcionario del Revolucionario Institucional (PRI), partido del Presidente Enrique Peña Nieto, fue detenido en diciembre pasado acusado de participar en una red de desvío de 240 millones de pesos de fondos públicos de Chihuahua para favorecer las campañas del PRI en 2016. El manejo irregular de recursos habría sido ocultado con facturas y servicios inexistente. El dinero federal presuntamente se disfrazó de recurso estatal para no ser revisado.

De acuerdo con el propio testimonio de Gutiérrez, los montos desviados de la Federación fueron entonces avalados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encabezada entonces por Luis Videgaray Caso, hoy titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Gutiérrez Gutiérrez fue secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y es considerado un operador de Manlio Fabio Beltrones, ex líder nacional del partido y quien ya se encuentra amparado para evitar ser detenido por el caso.

A lo largo de este sexenio, los señalamientos y acusaciones de corrupción en contra de funcionarios públicos no han cesado. Dos de los casos más recientes –el de los sobornos de Odebrecht y el de los desvíos de recursos de la SHCP a las campañas del PRI– han llevado los escándalos a la cúpula de la élite política de México, incluidos amigos y cercanos al Presidente Enrique Peña Nieto: Luis Videgaray Caso, Manlio Fabio Beltrones, Emilio Lozoya Austin, por mencionar algunos. Pero ninguno ha sido procesado. Hasta ahora.

Apenas la semana pasada, Roberto Borge, ex Gobernador de Quintana Roo, fue extraditado de Panamá a México para enfrentar acusaciones de corrupción. Él como César Duarte y Javier Duarte eran parte de “la nueva generación de PRI”, como la bautizó el entonces candidato a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto.

César Duarte Jáquez aún forma parte del PRI y no se ha solicitado su extradición. Analistas, activistas e integrantes del mismo partido acusan que hay un trato privilegiado para el político chihuahuense.

El pasado 21 de diciembre, el diario estadounidense The New York Times dio a conocer que el arresto de Gutiérrez Gutiérrez profundizaría la investigación realizada por la Fiscalía de Chihuahua. El influyente rotativo se refirió a Gutiérrez como un “aliado” del Presidente. Citó documentos a los que tuvo amplio acceso en los que se vincula a Beltrones como la cabeza de un amplio plan para saquear el dinero público y destinarlo a campañas del PRI.

El Gobernador Corral ha endurecido poco a poco su postura ante el Gobierno federal. En noviembre pasado, el mandatario se dijo confiado que la administración Peña Nieto actuaría en contra de Duarte Jáquez, pese a que, dijo, tenía información de que era protegido por la cúpula del PRI.

Pero la semana pasada, Corral Jurado dijo en conferencia de prensa que “el Gobierno de Chihuahua ha hecho su trabajo de una manera rigurosa. Ahora corresponde al Presidente Peña Nieto y su Procurador demostrar que no protegen a Duarte, especialmente cuando se ha revelado el desvío de dinero al PRI nacional”. Hoy, las acusaciones contra la administración federal escalaron aún más.

El escándalo mediático por el desvío de dinero público a las campañas del partido Tricolor se da en medio del proceso electoral más grande que haya tenido el país, en donde jugarán 3 mil 400 cargos a nivel federal y local y donde el PRI se juega su continuidad en Los Pinos.

Analistas y políticos de oposición han alertado acerca de la posibilidad de que el partido en el poder use de nueva cuenta la maquinaria del Estado para influir en los resultados, como ocurrió en el Estado de México y Coahuila -entidades en las que no conocen la transición- en donde se denunció la entrada de recursos ilegales. De hecho el PRI ya incorporó al ex mandatario mexiquense Eruviel Ávila Villegas a la campaña presidencial de José Antonio Meade, y al coahuilense Rubén Moreira Valdez como Secretario de Acción Electoral del partido.