Iniciativa para castigar el maltrato a adultos mayores en Yucatán

Según el proyecto habría multas y clausuras

La condición de vida de un adulto mayor se torna difícil por la pérdida de oportunidades de trabajo, actividad social y, en el peor de los casos, porque son excluidos o rechazados por sus mismas familias o entornos sociales, señaló ayer la diputada Milagros Romero Bastarrachea en la tribuna del Congreso, en la presentación de su iniciativa para reformar y adicionar disposiciones a la Ley para la Protección de los Derechos de los Adultos Mayores y adicionar disposiciones al Código Penal sobre ese tema.

Muchos adultos mayores terminan en situación de calle, sometidos a condiciones deplorables de vida y son lesionados, sometidos a tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y a veces causándoles la muerte, agregó. “Esta realidad debe cambiar y debemos legislar a favor de este grupo vulnerado, para darles las herramientas jurídicas que les permitan defenderse de la vida y sus agresores”.

En Yucatán, informó la diputada, el envejecimiento demográfico será considerable en la década en curso; de acuerdo con el Coespo, este año el Estado tiene 265,160 adultos de 60 años de edad o más, son el 11.7% total de los habitantes y en 2030 pasarán a ser 373,272, cien mil personas más.

Por tanto, la diputada propone reformar el Código Penal para establecer como acción dolosa o culposa la que ocasione lesiones que pongan en riesgo la vida; tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, o que causen la muerte de un adulto mayor, realizadas por personas, ya sea parientes consanguíneos o desconocidos.

También se propone que las instituciones, sean públicas, privadas o sociales, dedicadas a la atención de los adultos mayores que incurran en esos delitos sean clausuradas por la Secretaría de Salud, previo mandato de autoridad judicial.

La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia podrá imponer a los responsables sanciones de amonestación o multas de 40 a 150 Unidades de Medida y Actualización (Umas).

En la misma sesión, Janice Escobedo Salazar, diputada del PRI, presentó una iniciativa para modificar la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, y ampliar el permiso de paternidad que se da a los burócratas, de hasta 10 días, para que sea de ocho a 15 días a partir del nacimiento del bebé.

“Se propone una serie de supuestos donde el trabajador podrá solicitar una ampliación del permiso hasta por 10 días más, en casos como el fallecimiento de la madre durante el parto, si el infante nació con algún tipo de discapacidad o si requiere atención hospitalaria al nacer”, indicó.

En su turno, María Teresa Moisés Escalante, diputada del PRI, propuso reformar la Ley de Gobierno del Poder Legislativo y su reglamento, para incluir un intérprete de lengua de señas mexicana durante las sesiones ordinarias y de la Diputación Permanente, para que el Congreso de Yucatán sea más inclusivo, en este caso, con las personas con deficiencia sensorial auditiva.

Lengua de señas

María Teresa Moisés Escalante, diputada del PRI, propuso reformar la Ley de Gobierno del Legislativo y su reglamento para incluir un intérprete de lengua de señas mexicana durante las sesiones ordinarias y de la Diputación Permanente, a fin de que el Congreso sea más inclusivo, en este caso, con las personas con deficiencia sensorial auditiva.

Fuente: Megamedia

Publicado por:Noticias de Última Hora