Indígena mazahua estuvo preso siete años por un delito que no cometió; ya fue liberado

Luego de pasar siete años preso, acusado de cometer homicidio y robo calificados, Sergio Sánchez Arellano, fue puesto en libertad ayer jueves 1 de febrero, al no encontrarse pruebas en su contra.
La noche del 29 de marzo de 2010, Sergio, indígena mazahua, se encontraba afuera de su domicilio con su esposa, en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, cuando unas diez personas vestidas de civil, que se transportaban en automóviles que no estaban identificados como vehículos policiales, lo privaron de la libertad sin explicar el motivo del arresto y sin presentar una orden de aprehensión en su contra.
Un día después, fue puesto a disposición de un Ministerio Público. De acuerdo con el relato de Sergio, durante el lapso comprendido entre su detención y su ingreso a la agencia ministerial, fue víctima de golpes, amenazas con arma de fuego y malos tratos, con el fin de que se confesara culpable por los delitos de los que se le acusaba.
Sin embargo, las autoridades sostuvieron una versión diferente: el informe policial y las declaraciones de los policías (que difieren entre sí) señalan que los agentes acudieron afuera de la estación de metro Tacuba, en la Ciudad de México, acompañados de una supuesta testigo de un homicidio que había ocurrido en ese lugar cuatro semanas antes, para intentar encontrar al sospechoso.
De acuerdo con el expediente, la testigo denunció el homicidio el 2 de marzo de 2010, mismo día en que presuntamente se cometió; 23 días después, cuando la persona acudió a comparecer de manera voluntaria, y fue invitada por policías de investigación para hacer un “rondin” en la zona.
Durante el recorrido con los oficiales, la testigo dijo reconocer a Sergio y los agentes lo detuvieron. Por esta acusación, fue condenado a 27 años y 6 meses de prisión.
Desde entonces, denunció el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Sergio enfentó “un proceso injusto que surgió a la vida jurídica mediante la violación de sus derechos a la libertad y la integridad personal, pero que además continuó viciado al tener como sustento únicamente el dicho de una persona rendido en circunstancias anómalas”.
La libertad de Sergio fue posible a que, en mayo de 2016, acompañado por el Centro Pro, presentó una demanda de amparo en contra de la sentencia de apelación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se señalaron las irregularidades en su detención.
Los conceptos de violación señalados fueron su detención ilegal, la ilegal diligencia de su reconocimiento y la afectación en el debido proceso; la indebida fundamentación y motivación del acto reclamado, así como la presunción de inocencia en relación con la insuficiencia probatoria e ilegal valoración de la prueba.
En noviembre del mismo año, el Noveno Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal concedió un amparo a Sergio, en el que se concluyó que su detención fue ilegal, y se declararon ilícitos el informe y puesta a disposición del acusado; la declaración de la testigo; la inspección ministerial de la navaja y celular que supuestamente portaba el detenido; la declaración ministerial del acusado, y la diligencia en la que supuestamente se le reconoció como autor de un homicidio.
Ante dicha resolución, en diciembre de 2016, la defensa de Sergio presentó un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, turnado a la ponencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, que analizó la vulneración de los derechos a la libertad personal, a la defensa adecuada, al debido proceso y a la presunción de inocencia de Sergio, mismo que se resolvió en favor del acusado.
Sergio Sánchez Arellano fue puesto en libertad este 1 de febrero, tras haber estado siete años en prisión, ya que, en acatamiento a la resolución de la Suprema Corte,  el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito decidió devolverle la libertad.
De acuerdo con el informe ‘Falsas sospechas, detenciones arbitrarias por la policía en México’, elaborado por Amnistía Internacional, “las detenciones arbitrarias en México son cotidianas y son muy frecuentemente el punto de partida de graves y persistentes violaciones de los derechos humanos en el país, tales como la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales”.
En el informe, la organización señala que, las razones por las que policías de distintas corporaciones realizan detenciones arbitrarias en México son: la extorsión a los detenidos, pagos de terceras personas para detener a alguien, motivaciones políticas, o para sembrar evidencia y no investigar delitos que sí se cometen. Animal Político.

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