Los juristas vendían decisiones judiciales a delincuentes. Aceptaron pagos por $ 3.000 millones.

La explicación oculta de varias libertades y decisiones de casa por cárcel a favor de peligrosos criminales, que en su momento sorprendieron al país, empezó a salir a la luz este lunes, en la audiencia en el Tribunal de Bogotá contra tres magistrados del Tribunal Superior de Villavicencio.

En uno de los mayores escándalos de la justicia en los últimos años, dos magistrados activos y uno retirado hace menos de un año de la Sala Penal fueron señalados de aceptar al menos tres mil millones de pesos de sobornos de reconocidos delincuentes.

Según la Fiscalía, los magistrados Alcibíades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos Londoño y el exmagistrado Fausto Rubén Díaz Rodríguez vendían decisiones y eran la cabeza de una extensa red de corrupción judicial que incluye jueces, fiscales, miembros del CTI y de Medicina Legal, así como varios funcionarios del Inpec, incluido el director en la cárcel de Guaduas.

El proceso contra los magistrados deja, literalmente, en jaque a la justicia en el Meta, pues dos de los tres miembros de la Sala Penal quedan señalados de recibirle plata a la mafia. De hecho, este viernes se conocerá si los magistrados de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá envían a prisión a sus colegas, como lo solicitó la Fiscalía.

Durante la audiencia, el fiscal les imputó los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción en concurso homogéneo, prevaricato por omisión y cohecho. Ninguno de los tres aceptó los cargos.

La ficha clave de la organización eran los jueces de ejecución de penas (hay tres procesados), a cuyo control pasan los delincuentes una vez son condenados y que hoy por hoy representan uno de los principales boquetes para la justicia.

Precisamente, el magistrado Trejos Londoño fue quien llevó al cargo de juez de ejecución de penas a Ronald Floriano Escobar, hoy prófugo por este caso.

Escobar fue el mismo juez que le dio casa por cárcel a Hernán Darío Giraldo Gaviria, narco y jefe de sicarios de la ‘oficina de Envigado’ conocido como ‘Cesarín’, que fue condenado por homicidio y otros delitos a 20 años y que, en el 2014, aprovechó la domiciliaria para escapar de la justicia. Fue recapturado meses después.

'Magistrados aceptaron $ 3.000 millones de bandas del Meta': Fiscalía

La escandalosa venta de beneficios que sacude a la justicia y al Inpec

Según la Fiscalía, los tres magistrados torcieron la ley para que ‘Cesarín’ pudiera aspirar a casa por cárcel a pesar de que no cumplía, de lejos, ninguno de los requisitos para aspirar a ese beneficio. Ellos revisaron y ordenaron cambiar una decisión que en primera instancia había negado la pretensión del capo.

La Fiscalía rastreó las cuentas de los tres investigados y los de algunos de sus familiares y se encontró con presuntos ingresos injustificados entre el 2010 y el 2105 por 225 millones, en el caso de Trejos; 244 millones en el caso de Vargas y de 973 millones de pesos en el caso de Fausto Díaz.

La imputación dice que en el 2013 los magistrados recibieron al menos 150 millones de pesos de Marbelly Sofía Jiménez de Parrado, la famosa viuda del caso Autorrollings, que ese año recibió también casa por cárcel a pesar de una condena de 39 años por el homicidio de su hijastro.

Beneficios sexuales

El mismo beneficio recibió el autor material del crimen, conocido con el alias de Manopicha, quien era compañero sentimental de la viuda. En su momento, hubo escándalo nacional porque a pesar de la casa por cárcel la mujer mantenía una activa vida nocturna en Villavicencio.

“Además de las utilidades se incluía el pago de estadía en una balneario con todo su consumo y licores, así como el pago de compañía de mujeres durante el segundo semestre del 2013 hasta una fecha indeterminada”, aseguró ayer la fiscal del caso.

Además de las utilidades se incluía el pago de estadía en una balneario con todo su consumo y licores

El dinero lo habría entregado en efectivo el abogado de Jiménez, Juan José Velásquez Flórez. Este viernes, paradójicamente, los mismos magistrados aumentaron la pena contra la viuda de 39 a 52 años, pues la encontraron responsable de ordenar los otros tres homicidios del caso, entre ellos el de su marido y de dos testigos.

El abogado Velásquez Flórez ha sido socio de William Cardona, quien tiene orden de captura como integrante de la red, y en varias actuaciones legales aparece como representante de la Gobernación del Meta en la administración de Alan Jara.

Los magistrados, dice el expediente, también habrían beneficiado a cabezas de las nuevas bandas del Llano. Uno de los primeros fue Martín Farfán Díaz González, ‘Pijarvey’, que a pesar de ser uno de los criminales más poderosos de la región (era el segundo de ‘Cuchillo’), recibió una pena de 4 años y tras recuperar la libertad volvió a delinquir. Murió en una operación de la Fuerza Pública en el 2015, cuando era uno de los cinco hombres más perseguidos del país.

Delincuentes pagaban entre 60 y 80 millones por beneficios penales

‘Caracho’, otro de los beneficiados de la red de corrupción judicial

El expediente dice que los magistrados protegían a la red de jueces corruptos que beneficiaban con decisiones de primera instancia a los delincuentes. Así, los tres participaron en la polémica decisión de tumbar la investigación por prevaricato contra el juez Ardila, que le había dado casa por cárcel a Carlos Barrera Alfonso, alias Ingeniero, uno de los jefes del bloque ‘Libertadores del Vichada’. También embolataron el proceso contra Ronald Escobar, el juez del caso de ‘Cesarín’, porque los tres se declararon impedidos por amistad con el investigado.

La Fiscalía tiene pruebas de reuniones entre el magistrado Joel Darío Trejos y los abogados Carmona y Velásquez Flórez. Esto, a pesar de que el servidor judicial aseguró que no los conocía.

La red, en diferentes instancias, benefició a otros jefes de bandas como ‘Farid’ con beneficios como casa por cárcel y permisos para trabajar por los que se cobraban entre 60 y 80 millones de pesos.

Contra otros de los señalados miembros de la organización pesan cargos de intentar beneficiar judicialmente a alias Caracho, exjefe paramilitar del Llano y cabeza de bandas, que en los últimos meses intentó colarse en la justicia especial de paz y que estaba, según el proceso, pagando para lograr una detención domiciliaria o un traslado desde la cárcel de Ibagué a La Picota, en Bogotá.

En el expediente se dice que funcionarios del CTI incluso sirvieron de enlace para que este capo vendiera algunas propiedades, para evitar que pasaran a manos de las víctimas de sus crímenes.

Otro cliente de la organización fue ‘Bacalao’, sobrino de ‘Cuchillo’. También era miembro de las bandas y recibió casa por cárcel, que le fue revocada. La Sala del Tribunal tumbó esa decisión y lo devolvió a su casa, de donde se escapó. Fue recapturado en enero del 2013.

Fausto Rubén Díaz

Egresado de la Universidad Santo Tomás. Fue magistrado del Tribunal de Villavicencio hasta agosto del año pasado. Fiscalía lo señala de irregularidades en proceso contra alias Bacalao y Cesarín.

Alcibíades Vargas

Egresado de la Universidad Libre. Elegido en el tribunal de Villavicencio en el 2008, tras un polémico fallo en el que benefició a un hermano del condenado excongre- sista Luis Fernando Almario en un caso de homicidio.

Joel Darío Trejos

Egresado de la Universidad de Caldas. Es magistrado del Tribunal Superior de Villavicencio desde marzo del 2009. Según la Fiscalía, estaría relacionado con irregularidades en proceso contra alias Cesarín.

Con información de El Tiempo