Integrantes del Movimiento de Trabajadores del Poder Judicial, que por razones obvias pidieron no publicar sus nombres, nos enviaron el siguiente escrito que publicamos íntegro para el conocimiento de la sociedad en general.

¿En manos de quien está la Justicia en Yucatán?

Los Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, integrado por Marcos Celis Quintal (Presidente), Silvia Carolina Estrada Gamboa, Sara Luisa Castro Almeida, Melba Angelina Méndez Fernández y Luis Jorge Parra Arceo, que según están para respetar y velar por la debida y celeridad administración de Justicia en Yucatán, es todo lo contrario.

A pesar que en el Presupuesto de Egresos 2017, les otorgaron aproximadamente $531 mil millones de pesos y 315 plazas nuevas de trabajadores (que no se sabe a quienes fueron otorgadas, que lo más seguro sean para sus apadrinados), en todos los Juzgados de Primera Instancia de todas las materias, removieron personal a su libre capricho y antojo, justificando su indebido proceder que “hay exceso de personal”.
Una incongruencia: injusticias en la casa de la "justicia"

Lo anterior es incongruente pues no hay personal suficiente que se de abasto para realizar los trámites de innumerables procesos o procedimientos, lo que muchas personas que acuden a esos juzgados se han podido percatar de tal situación, ya que muchos trabajadores se han retirado por jubilación coaccionándolos a varios de ellos a retirarse, incluso varios han sido despedidos de manera injustificada, lo que causa un serio perjuicio en general para los ciudadanos.

Porque eso ocasionará que se retrasen aún más las labores de los juzgados y es imposible que humanamente los trabajadores judiciales puedan cumplir en tiempo y forma con los términos de ley.

Pero claro que esto a los Consejeros no les importa en lo más mínimo, pues además que tienen todo el personal que requieran, gozan además de sus altos sueldos, prestaciones y múltiples beneficios, todo esto ¿para qué? -si sus labores son meramente administrativas más no judiciales-, por lo que aquí se genera la gran pregunta

¿Qué pesa más en el Poder Judicial del Estado?, los trabajadores judiciales de los juzgados de primera instancia de todas las materias, que son los que realizan las labores de impartición de justicia hasta fines de semana y días festivos o esos Consejeros quienes sus funciones son solo administrativas mas no judiciales y únicamente trabajan de lunes a viernes de 9 a 15:00 horas.

Con esas acciones claramente demuestran que no les importa en forma alguna las labores de impartición de justicia en Yucatán, ¿Hasta cuándo los Consejeros, continuaran con esos abusos, y para qué sirven específicamente en el Poder Judicial del Estado, que labores administrativas hacen, para que son útiles en dicha Institución?

Porque los propios empleados del Poder Judicial del Estado, los califican como “Dioses del Olimpo”, que hacen y deshacen a su antojo y capricho, escudándose en su argumento “necesidades del servicio”, porque la ley que fue creado por ellos mismos, los faculta que sus determinaciones son inatacables y nadie puede hacer nada contra las mismas, solo quedando como único recurso la vía de amparo.

Jueces removidos de modo injusto
Prueba de ello es, citando algunos, por ejemplo: el cambio recientemente del Juez Jorge Alberto Carrillo Canché, del Juzgado de Tekax, Yucatán a un Juzgado de esta ciudad, a pesar de que la misma gente de esa población reclama que no se le remueva, aun así lo removieron justificando ese cambio como se ha dicho “necesidades del servicio”.

Así como el acoso laboral que existe contra la Jueza Rubí Guadalupe González Alpuche, que por su trayectoria intachable durante cuarenta años contra la corrupción y desempeñándose en forma transparente y justa en sus resoluciones, la han removido infinidad de veces en los juzgados penales, esto como represalia porque no se ha prestado a las irregularidades que le pretenden imponer dichos Consejeros y que incluso a pesar de que a esa jueza le fue concedido el amparo y protección de la justicia federal, los mencionados Consejeros no han dejado de acosarla y no la han restituido a su juzgado de origen que es el Juzgado Primero Penal del Estado, más aun a pesar de su condición de género como mujer.

Luego entonces, donde están el respeto y avance a los derechos humanos en general que presume el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y siendo además Presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) “Dr. Marcos Celis Quintal”, cuando se ha engalanado publicando en la página electrónica del Poder Judicial del Estado, “el avance y respeto a los derechos humanos en general y a los derechos humanos de las mujeres”.