Un ex guerrillero del grupo narcoterrorista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), detenido por acusaciones de narcotráfico que podrían motivar su extradición a Estados Unidos, fue trasladado a instalaciones de una fundación de la Iglesia, en una medida considerada por los obispos como "un asunto humanitario".

El ex guerrillero colombiano Seuxis Pausias Hernández Solarte, “Jesús Santrich”, fue detenido en Bogotá, Colombia, el 9 de abril de 2018, tras una orden de detención de la Interpol a pedido de la justicia de Estados Unidos, que solicita su extradición tras acusarlo de traficar 10 toneladas de cocaína al país de la mano del cártel de Sinaloa, de México.

Santrich, integrante del Estado Mayor de las FARC, fue uno de los delegados del grupo narcoterrorista para el diálogo que llevó a los acuerdos de paz en La Habana, Cuba, con el Estado colombiano.

En las elecciones legislativas de marzo de este año, el ex guerrillero fue uno de los beneficiados con los 10 escaños asegurados a las FARC –hoy convertidas en el partido político “Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común” – tras los acuerdos de paz.

De acuerdo a la circular de la Interpol, "desde al menos junio de 2017 a abril de 2018", Jesús Santrich "conspiró con otros para producir y distribuir aproximadamente 10,000 kilogramos de cocaína en Colombia, para ser importada en los Estados Unidos y otras partes”.

En diciembre de 2017, Santrich insultó a un periodista que cuestionaba a un líder de las FARC por las denuncias de abortos forzados a mujeres guerrilleras.

Tras su detención, el ex guerrillero fue internado en la cárcel La Picota, en Bogotá. Ahí comenzó una huelga de hambre que causó su traslado a un centro médico a fines de abril.

El 10 de mayo, fue llevado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), dependiente del Ministerio de Justicia y del Derecho, a un centro de la Fundación Caminos de Libertad, de la Iglesia en Colombia.

En un comunicado publicado el 11 de mayo, la Conferencia Episcopal de Colombia confirmó que “el Sr. Santrich se encuentra desde el jueves 10 de mayo a las 22:00 horas, en la sede de la Fundación Caminos de Libertad, institución creada hace 20 años con la misión de dar apoyo a los programas liderados por la Pastoral Penitenciaria como son: acogida, orientación, capacitación y atención a las personas privadas de libertad en las cárceles, post-penados y familias de reclusos”.

Los obispos pidieron que “se entienda este gesto únicamente como un asunto humanitario y en coherencia con el principio de la Iglesia de defender la vida humana”.

"Con esta acción humanitaria, no se pretende en modo alguno obstaculizar los procesos judiciales a los que se encuentra vinculado el Sr. Santrich, quien deberá responder, en cuanto su saludo lo permita, a los requerimientos de los organismos competentes del Estado”, señalaron los obispos.

El traslado a la sede eclesial causó polémica en Colombia.

Para la periodista Vicky Dávila, de la radio La W, “la decisión de trasladar a Jesús Santrich a penitenciaria episcopal es escandalosa”.

“Santrich está detenido por un proceso de narcotráfico”, añadió, y precisó que “según la DEA, Santrich participó en una negociación con el Cartel de Sinaloa para enviar 10 toneladas de cocaína a EEUU. ¡Le funcionó huelga!”.

La cadena colombiana RCN recogió diversos testimonios de ex secuestrados de las FARC, que denunciaron que los narcoterroristas “no tuvieron la más mínima humanidad”, al tenerlos encadenados, de hambre, sin medicamentos y en jaulas de concentración.

Algunos sacerdotes también marcaron distancia con la decisión de la Conferencia Episcopal.

Mons. Alirio López, sacerdote incardinado a la Arquidiócesis de Bogotá, precisó en Twitter que si bien “la vida es sagrada, pero me aparto de la decisión de la Conferencia Episcopal de permitir que Santrich haya salido de la cárcel a la Fundación de la Pastoral Penitenciaria”.

"Él debe ser extraditado. Son muchos los crímenes que lleva en su conciencia”, escribió.

Para Mons. Pedro Mercado, presidente del Tribunal Eclesiástico de Bogotá y capellán del Congreso, la decisión es “injustificada e inoportuna”.

“Con traslado de Santrich, sindicado de narcotráfico, a una sede eclesiástica se crea un grave precedente jurídico y moral”, aseguró.

Fuente Aciprensa