(Proceso).- El priista oaxaqueño Eviel Pérez Magaña, nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) no sólo carece de experiencia en materia social y de combate a la pobreza: su historial en el PRI está marcado por actos de corrupción, enriquecimiento ilícito y oportunismo.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, dos empresas vinculadas con Pérez Magaña, radicadas en su bastión de San Juan Bautista Tuxtepec –municipio oaxaqueño del que fue alcalde en 2001–, obtuvieron contratos federales por más de 137 millones de pesos, como consta en el Registro Público del Comercio y en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT).

Dos de esos contratos fueron otorgados por la delegación de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en Oaxaca, dirigida por Jorge Toledo Luis, quien era entonces suplente de Pérez Magaña en el Senado. Toledo fue presidente estatal del PRI en Oaxaca y coordinó la campaña de Pérez Magaña para la gubernatura del estado, que perdió ante Gabino Cué Monteagudo en 2010.

El oaxaqueño heredó de sus antecesores (Rosario Robles Berlanga, José Antonio Meade Kuribreña y Luis Enrique Miranda Nava) una Sedesol que parece más bien un bastión del PRI, con un ejército de operadores políticos desplegados en las 32 delegaciones federales de la dependencia.

Entre ellos destacan expresidentes estatales del PRI, exdiputados, exalcaldes y familiares de gobernadores, algunos señalados en investigaciones por delitos electorales y todos vinculados con intereses en los comicios federales de julio próximo.

Desvíos

Durante su gestión en la Secretaría de Obras Públicas de Oaxaca, durante el gobierno del también priista Ulises Ruiz Ortiz, Pérez Magaña fue señalado de participar en el saqueo del erario estatal a través de la empresa Comercializadora Tres Hermanos, S.A. de C.V. (Cothesa), que fundó con su padre en febrero de 1997 en Tuxtepec, según el acta constitutiva consultada por Proceso.

En abril de 2015 la delegación de la CDI en Oaxaca otorgó un contrato por 3 millones 536 mil pesos a Cothesa para la construcción del sistema de agua potable de la localidad de Piedra Quemada, perteneciente a Tuxtepec, como consta en el POT.

En un acta administrativa de Cothesa fechada en noviembre pasado, aparece como representante legal José Alberto Pérez Magaña, hermano del titular de la Sedesol.

Rolando Pérez Magaña, otro hermano del funcionario, es mencionado en un acta de octubre de 2017 como representante legal de Construcciones Civiles y Asesoría Técnica, S.A. de C.V., una empresa fundada en 2002 en Tuxtepec. Durante el gobierno de Ulises Ruiz en Oaxaca, esta empresa obtuvo jugosos contratos de varias dependencias, entre ellas la Secretaría de Obras Públicas que encabezaba Eviel Pérez Magaña.

Entre 2013 y 2015 la empresa obtuvo nueve contratos de obras federales por un total de 134 millones 82 mil pesos. En mayo de 2013, Toledo Luis le otorgó un contrato por 9 millones 882 mil pesos a través de la delegación de la CDI en Oaxaca.

Los demás fueron otorgados por la delegación de la Sedesol y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el estado, así como por el ISSSTE.

En 2008 Ulises Ruiz y Pérez Magaña armaron una red de negocios inmobiliarios, en la que involucraron a pobladores humildes de Veracruz como falsos compradores de casas por 33 millones de pesos en un fraccionamiento de Tuxtepec.

Según una investigación del portal Aristegui Noticias publicada en julio de 2016, Gabriela López –esposa de Eviel Pérez Magaña–, Álvaro Ortiz Alvarado –sobrino del exgobernador– y otros oaxaqueños constituyeron el Grupo Inmobiliario del Papaloapan en enero de 2008, en la Ciudad de México. La firma adquirió en Tuxtepec un terreno por 22 millones de pesos “en efectivo” y ahí construyó el fraccionamiento Los Álamos, de mil 75 casas.

Un empresario oaxaqueño dijo entonces a Aristegui Noticias que durante la gestión de Pérez Magaña en la Secretaría de Obras Públicas tenía que pagar “cuotas extra en efectivo” para obtener los contratos, que formalmente se adjudicaban mediante licitaciones.

“El dinero en efectivo era trasladado vía terrestre de la ciudad de Oaxaca a Tuxtepec por un colaborador de Pérez Magaña llamado Sergio Moreno y en dos ocasiones se usaron incluso aeronaves”, añadió.

En su declaración de servidor público disponible en el portal de la Secretaría de la Función Pública, Pérez Magaña se negó a proporcionar sus datos patrimoniales y sus posibles conflictos de interés.

El “gran amigo” de Meade

En abril de 2016, al tomarle protesta a Pérez Magaña como subsecretario de Desarrollo Social y Humano, José Antonio Meade Kuribreña lo elogió como “un gran amigo, un gran legislador, un gran funcionario”. Sin embargo, el oaxaqueño tenía detrás de él 15 años de carrera política marcada por el oportunismo y los fracasos.

Su primer “éxito” lo obtuvo el 30 de diciembre de 2001, cuando el Tribunal Electoral canceló la victoria del candidato panista a la alcaldía de Tuxtepec y entregó la presidencia municipal a Pérez Magaña, a pesar de los señalamientos de que militantes del PRI y del PRD ingresaron por la fuerza en el Consejo Municipal Electoral y reventaron las urnas.

El entonces representante del PRI en el Consejo Municipal Electoral y operador del presunto fraude fue Jaime Aranda Castillo, ahora asesor de Pérez Magaña en la Sedesol.

El oaxaqueño se quedó sólo un año en el municipio: en 2003 fue electo diputado federal, puesto que ocupó brevemente, ya que en 2004 Ulises Ruiz Ortiz lo nombró director general del Instituto de la Vivienda de Oaxaca y en 2005, secretario de Obras Públicas.

En 2009, a unos meses de terminarse el sexenio, Pérez Magaña consiguió otra diputación federal, en la que permaneció tres meses, y en 2010, después de su fracasada campaña para la gubernatura de Oaxaca, fue electo senador y presidió la Comisión de Asuntos Indígenas hasta su nombramiento en la Sedesol.

Como subsecretario, Pérez Magaña tuvo bajo su responsabilidad cinco direcciones generales, que manejan, entre otros, los programas 65 y Más, de Empleo Temporal y de Opciones Productivas, dotados de más de 50 mil millones de pesos para subsidios, así como la Unidad de Microrregiones.

También encabezó los consejos de administración de las paraestatales Liconsa, dirigida por su paisano Héctor Pablo Ramírez Puga, y Diconsa, a la que en marzo de 2017, tras un paréntesis de dos años, regresó el priista mexiquense Héctor Velasco Monroy, integrante del Grupo Atlacomulco, como Peña Nieto.

Al frente de la Sedesol, Miranda Nava fue prácticamente invisible y sus escasas apariciones públicas ilustraban su desconocimiento profundo de los temas de desarrollo social y de pobreza. Por si fuera poco, en septiembre pasado el periódico Reforma reveló que la hermana del mexiquense vendía gasolina abastecida por huachicoleros.

A la mayoría de los actos públicos de la dependencia acudían, “en representación del secretario”, los subsecretarios Pérez Magaña y Francisco Javier García Bejos, al que Miranda colocó en la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional en octubre de 2016, pocos días después de asumir el cargo en la Sedesol.

Por el momento, Pérez Magaña no ha realizado cambios en la dependencia. García Bejos, funcionario muy cercano a Peña Nieto, sigue en el cargo, donde gestiona el multimillonario Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social (FAIS), a través del cual la Sedesol otorga recursos a los estados y municipios para supuestas obras de infraestructura social.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció en 2016 el uso discrecional de gran parte de estos recursos y la falta de rendición de cuentas de las entidades: los municipios reportan únicamente dos de cada 10 pesos gastados, lo que abre la puerta a los desvíos, sobre todo en periodo electoral.

Lo peor es que el FAIS no funciona en el combate a la pobreza: de 2010 a 2015, de los 2 mil 457 municipios analizados por la ASF, 44 disminuyeron su rezago social, 914 aumentaron su rezago social y mil 499 permanecieron igual.

Entre priistas

Al igual que el resto de las dependencias creadas para combatir la pobreza, el gobierno federal convirtió a la Sedesol en una vasta maquinaria priista, que alimenta las sospechas sobre los desvíos de programas sociales para la compra y coacción del voto.

Proceso ha documentado varias veces que Robles y Meade colocaron operadores políticos del PRI en las delegaciones estatales de la dependencia.

El mexiquense Miranda, quien se definió como “operador político”, no fue la excepción: algunos de los 12 delegados que colocó fueron demandados ante la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). De los delegados en servicio, otros 13 fueron nombrados por Meade y siete permanecen en el cargo desde que arrancó el sexenio de Peña Nieto.

Los delegados juegan un papel clave. Además de disponer de recursos propios para operar programas sociales, gestionan miles de millones de pesos de subsidios de la Sedesol y determinan, junto con las autoridades estatales y locales, el uso de los recursos del FAIS.

Y en septiembre pasado Miranda Nava designó en la delegación de la Sedesol en Oaxaca al polémico priista Alejandro Avilés Álvarez.

Durante tres meses y medio, éste fue secretario Gobierno en la administración de Alejandro Murat Hinojosa, cargo al que renunció cuando se descubrió que su hijo utilizó un helicóptero oficial para ir de vacaciones a Puerto Escondido. El mismo hijo fue criticado en enero de 2016 por presumir su opulento estilo de vida en un viaje que realizó a Las Vegas para celebrar el Año Nuevo.

“Hechura” de Ulises Ruiz Ortiz, según la prensa local, Avilés tiene un amplio historial de corrupción en el estado, donde fue presidente del Comité Directivo Estatal del PRI y coordinador de campaña de Murat, puesto que ocupó Pérez Magaña durante dos días en el arranque del proceso electoral

En las elecciones de 2016 militantes priistas denunciaron a Avilés ante la FEPADE porque, aseguraron, vendía las candidaturas del partido hasta por 3 millones de pesos.

Su hermana, Violeta Avilés Álvarez, fue suplente de Pérez Magaña en la Cámara de Diputados durante unos meses en 2009. La priista tomó posesión del cargo a principios de 2010, cuando Pérez Magaña inició su campaña para la gubernatura.

El año pasado, la delegación de la Sedesol en Oaxaca ejerció 233 millones de pesos, según información obtenida por Proceso a través de una solicitud de información.

En Quintana Roo asumió la delegación Rosario Ortiz Yeladaqui, quien supervisó los contratos del estado durante la administración del exgobernador Roberto Borge Angulo, en la que fungía como oficial mayor. Borge está en la cárcel de Cuautla, Morelos, y enfrentará acusaciones por presuntos desvíos millonarios.

La FEPADE, por su parte, abrió una investigación sobre el probable desvío de 200 millones de pesos del estado para financiar la campaña de Mauricio Góngora, el candidato del PRI a la gubernatura de Quintana Roo en 2016. Ortiz Yeladaqui es una de las personas investigadas.

En la delegación de la Sedesol en Chiapas, el estado más pobre del país, que además sufrió graves estragos por el terremoto del pasado 7 de septiembre, Miranda colocó al diputado federal del Partido Verde Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, empresario cercano al Grupo Comitán y presidente de ese municipio de 2013 a 2015.

A la toma de posesión del político chiapaneco en la delegación asistió Pérez Magaña, en representación de Miranda Nava. Esa representación de la Sedesol tiene el segundo mayor presupuesto, después de la mexiquense: el año pasado se le asignaron 345 millones de pesos, de los que ejerció 278.

Meade, quien utilizó su corta estancia en la Sedesol para proyectarse a la candidatura presidencial, realizó en las delegaciones algunos cambios que parecen favores a los gobernadores.

En Campeche, por ejemplo, nombró en enero de 2016 al diputado local y exdirigente estatal del Partido Verde Christian Castro Bello, tres meses después de que su tío, el priista Alejandro Moreno Cárdenas, asumiera la gubernatura de la entidad.

El ahora precandidato del PRI a la Presidencia también entregó la delegación de Tlaxcala a Mariana González Foullon, hija del gobernador Mariano González Zarur, y dio la de Veracruz a Anilú Ingram Vallines, quien de “coordinadora de radio” en la campaña del exgobernador Javier Duarte de Ochoa fue catapultada por el mandatario –ahora preso– a la presidencia de la mesa directiva del Congreso local en 2013, cuando sólo tenía 33 años.