Dueños de los Leones de Yucatán serían investigados por presunto lavado de dinero

Con involucrados una supuesta red de empresas fantasmas

La revista Proceso publicó un reportaje que vincula a los hermanos Arellano Hernández, propietarios de los Leones de Yucatán, con una red de empresas fantasmas.

Según la publicación, los empresarios son investigados desde hace años por la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT, por presuntas prácticas de lavado de dinero.

A continuación, partes medulares del reportaje:

Sinaloenses de origen, los hermanos Juan José y Erik Arellano Hernández aún no han concentrado los reflectores de los medios a nivel nacional, pero sí los de la Unidad de Inteligencia Financiera y del Sistema de Administración Tributaria, cuyos investigadores les siguen, cada quien por su cuenta, las huellas desde hace años.

Los hermanos Arellano, de acuerdo con información y documentos oficiales, han incursionado en un área hasta ahora desconocida en México: la de encabezar un complejo consorcio de más de 100 empresas reales y empresas fantasma cuyo nicho de negocio último es proporcionar servicios de lavado de dinero de procedencia ilícita para personas u organizaciones que lo requieran.

Esta es la historia del grupo de negocios encabezado por ese par de muchachos nacidos en el poblado de Mesillas, Sinaloa.

Uno, contador con maestría en Impuestos, y otro, mecánico naval, los hermanos Juan José y Erick Arellano Hernández son un par de sinaloenses que encabezan Grupo Arhe, un conglomerado de más de 100 empresas en actividades económicas tan diversas como casas de cambio, consultorías financieras y contables, hoteles, gasolineras, inmobiliarias, constructoras, arrendadoras de autos, seguridad privada y equipos profesionales de beisbol y basquetbol, entre muchas otras.

Lavado de dinero

Decenas de esas empresas tienen varias características en común: mueven muchos millones de pesos, sus actividades financieras no tienen ninguna lógica, no se encuentran respaldadas por alguna actividad lícita y sólo existen en el papel, por lo que las autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda las investigan por realizar masivas operaciones con recursos de presunta procedencia ilícita, es decir, por lavado de dinero.

No es la primera ocasión que las autoridades les siguen los pasos. De hecho, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto la UIF congeló durante varios años las cuentas bancarias de los hermanos Arellano Hernández y de 81 de sus empresas por considerar que sus operaciones sólo servían para encubrir el blanqueo de capitales de actividades ilícitas.

Los reportes bancarios mostraban que lo hacían a un ritmo industrial: en seis años ingresaron al sistema financiero nacional al menos mil 700 millones de pesos sin que se tuviera certeza del origen y destino de los mismos.

A la magnitud de la cifra se suma un hecho: más de la mitad de las operaciones se realizaron en efectivo, es decir, cientos de millones de pesos se depositaron y se retiraron en billetes.

Sin embargo, el bloqueo no se mantuvo: el 11 de junio de 2018, apenas unos días antes de las elecciones presidenciales que sacarían al PRI del poder, hubo noticias en sentido contrario.

Ese día, el entonces titular de la UIF, que había llegado al cargo apenas medio año antes, ordenó descongelar las cuentas de los hermanos Arellano Hernández, al mismo tiempo que hacía lo propio con las cuentas de personas y empresas ligadas a los líderes sinaloenses del narcotráfico, como Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada, Rafael Caro Quintero y Juan José El Azul Esparragoza.

Para entonces, los hermanos ya habían mostrado un frenesí en la multiplicación de empresas, actividad que ni siquiera durante el congelamiento de sus fondos disminuyó.

Una investigación realizada por este equipo de reporteros en los registros públicos de la propiedad del país logró documentar además que el grupo ha seguido creando hasta la fecha decenas de razones sociales, de las cuales una amplia proporción presenta las características de ser empresas fachada, usadas para realizar múltiples triangulaciones financieras y enmascarar así el origen, propiedad y destino final de los recursos.

Los investigadores de la agencia de inteligencia financiera del Estado mexicano no son las únicas autoridades que los siguen de cerca. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) considera que el par de empresarios sinaloenses ha diseñado un complejo esquema en el que decenas de empresas fachada han funcionado como factureras.

Por ello, se encuentran en proceso de armar una denuncia por defraudación fiscal equiparada a delincuencia organizada. Parten de un hecho: el SAT ha boletinado a 23 empresas del Grupo Arhe por considerar que son empresas factureras, es decir, que expiden comprobantes fiscales de operaciones simuladas, inexistentes o ficticias.

Antecedentes
No será su primer encontronazo legal. En el pasado el SAT ya les ha embargado terrenos y 10 marcas comerciales para tratar de recuperar adeudos fiscales por más de 220 millones de pesos.

La UIF y el SAT están convencidos de que el Grupo Arhe estructuró una compleja red que provee servicios de lavado de dinero para grupos que manejan recursos de procedencia ilícita.

Esta investigación de Ríodoce y Quinto Elemento Lab es un asomo inédito a una de las áreas más desconocidas del país: la manera en que un grupo empresarial estructuró un complejo entramado de firmas fachada, mezcladas con empresas que sí operan, para proporcionar servicios de lavado de miles de millones de pesos en el sistema financiero mexicano a personas u organizaciones que requieran de ello.

Información de Proceso y Megamedia

Publicado por:Noticias de Última Hora