(apro).- Desesperada, Alicia Zapata Anguiano acudió al Congreso local, a fines de junio pasado, porque necesitaba completar el pago para el traslado del cadáver de su hijo, quien el 27 de ese mes falleció en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a causa de un infarto.

La familia quería llevar los restos a su tierra natal en Ciudad del Maíz.

Acompañada por otra de sus hijas, Alicia se dirigió al diputado panista Mariano Niño Martínez, a quien pidió la apoyara para reunir los 23 mil pesos que cobraba el servicio funerario por el traslado del cuerpo. Entre hermanos, primos y otros familiares lograron reunir 11 mil pesos. Les faltaban 12 mil.

En la oficina Niño Martínez le pidieron que presentara su credencial de elector, un oficio con la petición y algunos datos más. Quedaron de responderle.

Pasaron casi tres meses y, luego de varias vueltas a la oficina del panista, le respondieran con una negativa. “No hay recursos por los sismos en la Ciudad de México y el sur del país”, fue la justificación que le dieron.

Pero la mujer ignoraba que el 1 de agosto la Junta de Coordinación Política del Congreso recibió una carta del legislador donde exponía, a nombre de Alicia, la necesidad de que se le pagara una factura “porque no cuenta con los recursos suficientes”.

La carta se acompañó de un oficio supuestamente firmado por la solicitante, en la que requería el apoyo de los diputados para comprar materiales de construcción, “ya que somos de bajos recursos aquí en la comunidad donde nos ubicamos dentro del municipio de Ciudad del Maíz”.

Ese mismo día, el Congreso expidió una factura a nombre de la empresa Fradima, S.A. por 38 mil 836 pesos, que amparaban el pago de varilla, cemento, alambre y yeso.

Ese entramado se conoció después de ser revelado por la organización ciudadana Ganemos, que forma parte del Frente Ciudadano Anticorrupción. Su dirigente, Óscar David Reyes Medrano, dijo que se trata de “la segunda ecuación de la corrupción” en el Congreso local, cuyos escándalos en este rubro escalan cada vez más.

A principios de junio se conoció la primera “ecuación de la corrupción”. En este caso, un video difundido por el periódico Pulso exhibió a otro diputado del PAN, Enrique Flores Flores, en una reunión con un alcalde a quien pidió un “moche” a cambio de “limpiar” las irregularidades u observaciones en la cuenta pública de su administración.

Apro publicó que la extorsión era práctica común de Flores y diputados de otras fracciones, algunos de los cuales solicitaron licencia cuando el reclamo ciudadano alcanzó la toma del Congreso, además de que se interpusieron denuncias penales, que a la fecha no han prosperado en la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

Mientras se conocía el video de esa primera “Ecuación de la corrupción”, los desvíos de recursos en el Congreso local, específicamente los destinados a la “ayuda social” que entregan diputadas y diputados, siguieron su curso.

En estas maniobras apareció el nombre de Mariano Niño Martínez, ingeniero industrial con maestrías en Administración, especializado en finanzas y gestión pública aplicada.

Como militante del PAN desde hace 20 años, el legislador ocupó los cargos de dirigente municipal y secretario del Comité Directivo Estatal. En la iniciativa privada ha formado parte de la Coparmex y la Canirac. Y, según describe con sus propias palabras en su resumen profesional publicado por el Congreso, es miembro del Consejo de administración del Lomas Raquet Club.

Los oficios, facturas y datos que recibió y rastreó la organización Ganemos, mismos que fueron exhibidos en denuncia pública y en una demanda ante la PGJ, este martes 12, apuntan a que por lo menos seis solicitudes se hicieron bajo el mismo esquema; es decir, la oficina de Niño tramitó y cobró –a través de diversos prestadores que supuestamente facturaron servicios de variada índole– cerca de 200 mil pesos entre marzo y octubre de este año.