(Proceso).- En julio de 1926 los obispos mexicanos decidieron suspender el culto público en México, una decisión sin precedente que antecedió a la Cristiada, la guerra religiosa que desangró a México hasta 1929. Pío XI los apoyó. Tal ha sido el relato predominante de aquellos hechos.

No obstante, una investigación a partir de documentos desclasificados del Vaticano aporta ahora una nueva reconstrucción histórica. Según ésta, el entonces pontífice fue “engañado” por una minoría organizada de sacerdotes intransigentes.

“Pío XI fue convencido de que la mayoría de los obispos mexicanos estaban a favor de suspender el culto religioso en el país. En realidad, como han revelado las cartas en los archivos romanos, esa decisión fue de una minoría de obispos intransigentes, ligados a un grupo de jesuitas de la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa”, cuenta Paolo Valvo, profesor de la Universidad Católica de Milán y autor de la investigación.

Valvo, quien trabajó siete años para reconstruir lo sucedido, ha reunido la información de documentos, cartas, apuntes y telegramas que contienen estas revelaciones en Pío XI y la Cristiada, libro de 540 páginas publicado recientemente en Italia y que ya ha recibido propuestas para editarse en español.

Y es que Valvo ha tenido acceso a fuentes de las que no disponían hasta hace poco los historiadores: los Archivos Vaticanos relativos al pontificado de Pío XI (1922-1939), desclasificados en septiembre de 2006.

El relato que surge habla de una secuencia de eventos que dan otra versión respecto a las ya existentes en los archivos mexicanos y estadunidenses sobre esos convulsos días.

La Liga

En los documentos desclasificados aparece un grupo de jesuitas de la Liga –Alfredo Méndez Medina, Mariano Cuevas, Rafael Martínez del Campo y Carlos Heredia, son algunos de ellos– que llevó adelante la propuesta de la suspensión del culto hasta influir en la reunión de los obispos mexicanos que antecedió a la toma de postura de Pío XI.

Una maniobra que cuajó primero a través de un cuestionario, entregado por Méndez Medina en junio de 1926 a los obispos mexicanos y que presentaba la intransigencia como la única vía posible, como forma de protesta por la reforma anticlerical del presidente Plutarco Elías Calles, afirma Valvo.

“Los archivos han arrojado una versión distinta a la conocida hasta ahora de la re­unión del Comité Episcopal del 10 de julio de 1926 en la que los obispos mexicanos se habrían pronunciado a favor de la suspensión del culto. Lo que se desconocía es que en aquel encuentro s­e enfrentaron una mayoría más moderada, pero desorganizada y poco firme, a una minoría de radicales que finalmente logró hacer prevalecer su postura.

“Este bando era liderado en particular por Pascual Díaz y Barreto y José Mora y del Río, el secretario y el presidente del Comité”, dice el investigador italiano, cuyos estudios han sido incluso acreditados por Jean Meyer, uno de los mayores historiadores de la Guerra Cristera.

“De esta manera, la postura intransigente fue finalmente plasmada en un telegrama, que el 18 de julio de 1926 fue trasmitido (al Vaticano) desde Cuba, isla a la que había viajado Manuel de la Peza, un miembro de la Liga. ¿Por qué desde Cuba? Hay una razón formal: allí residía el delegado apostólico (el maltés George Caruana) desde su expulsión el 10 de mayo de México; y otra más política: la delegación apostólica en México seguía abierta y su secretario era monseñor Tito Crespi, quien tenía una opinión crítica de los radicales”, añade el investigador.

“Tanto es así que Crespi intenta avisar al secretario de la delegación de Cuba, Liberato Tosti, y al Vaticano, de lo que está ocurriendo en México, y recomienda tomar tiempo antes de responder al Comité Episcopal. No obstante, Crespi no logra sus propósitos. En parte porque trasmite un mensaje poco claro a Tosti, y en parte porque ya no poseía el cifrado para comunicarse con el Vaticano, y por tanto, debe recurrir a un diplomático de la embajada francesa llamado Ernest Lagarde”, añade Valvo.

“Es difícil saber qué pensó Tosti y si no entendió el mensaje de Crespi. Probablemente influyó que De la Peza traía consigo varias cartas, incluso para el arzobispo de Cuba, en apoyo a la postura intransigente. Y que, además, en esos días Caruana se encontraba en Estados Unidos”, añade.

En tanto, el 15 de julio el obispo Rafael Guízar y Valencia –declarado santo en 2006 por Benedicto XVI– envió otro telegrama al Vaticano, en el que “humildemente” opina que “la suspensión cultos en toda República es sumamente perjudicial”. Este mensaje, como otros más, cayó en el vacío.

Malentendido 

Con base en la documentación que consultó, Valvo explica que la decisión de suspender el culto fue producto de una secuencia de equivocaciones. Así, mientras Tosti está el 18 de julio en Cuba enviando el telegrama que contiene la postura intransigente, en Roma ya se están reuniendo los miembros de la Comisión de Asuntos Extraordinarios del Vaticano, que en ese momento presumiblemente desconocen el contenido de esa nota.

“En estas circunstancias, se abren los trabajos de la reunión de la Comisión de Asuntos Extraordinarios. El tema del debate es cuál debe ser la postura del Vaticano sobre lo que ocurre en México. Se enfrentan dos posiciones. Una, la más pragmática, es la del cardenal secretario de Estado, Pietro Gasparri, que defiende la moderación.

“La otra es de Tommaso Pío Boggiani, una voz influyente por su pasado como delegado apostólico en México desde 1912 hasta 1914”, cuenta Valvo, al subrayar que se desconoce si Boggiani había entrado en contacto con los intransigentes, aunque es un hecho que ambas posturas coinciden.

“A falta de un consenso, la Comisión acaba sin un acuerdo y se decide entregar al Papa únicamente el resumen de la discusión, sin dar una indicación precisa. Todo ello mientras en Roma se encuentra en esos días Vicente Castellanos Núñez, obispo de Tulancingo, quien había recibido instrucciones de los intransigentes”, cuenta el historiador.

El papel de este obispo no es secundario. “Castellanos Núñez, quien en la mañana del 21 de julio se reúne con Pío XI, había sido contactado a comienzos de julio por Díaz y Barreto, a través de una carta en la que se defendían las razones de la intransigencia y se pedía hacer llegar esa argumentación al Papa.

“Su influencia fue decisiva para que el Papa apoyara la posición de los intransigentes, como también atestigua otra carta de 1937, escrita por el jesuita Rafael Martínez del Campo”, relata Valvo.

“Tanto es así que cuando Pío XI se da cuenta de las maniobras de los intransigentes, a finales de 1927, toma la decisión de que los tres obispos enviados a Roma por el Comité Episcopal –José María González Valencia, obispo de Durango; Emeterio Valverde Téllez, de León; y Jenaro Méndez del Río, de Tehuantepec– se vayan de la ciudad.

“El Papa asume esta postura convencido de que lo estaban usando para acreditar una posición en favor de la lucha armada sobre la que el Papa había evitado pronunciarse”, afirma el historiador. “Y la posición de Pío XI en relación con el enfrentamiento armado fue compleja, ni de apoyo ni de rechazo”, añade.

No obstante, el daño ya ha sido hecho. “La respuesta de Pío XI, transmitida a México el 21 de julio de 1926 y muy general sobre qué piensa el Vaticano sobre lo que ocurre en México, es interpretada como un sostén a la suspensión del culto. Y ello, a pesar de que en el telegrama vaticano no aparecen siquiera las palabras ‘suspensión del culto’”, argumenta Valvo.

Poco después, empiezan los primeros enfrentamientos.

El telegrama

Otro traspié se verifica en la vigilia de Los Arreglos, el pacto entre el gobierno de México y la jerarquía de la Iglesia católica con que terminó La Cristiada, el 21 de junio de 1929, tras miles de muertos en los combates y una serie de intentos fallidos de negociación en los que se involucró también el Vaticano.

El episodio en cuestión remite a un misterioso caso de una mala interpretación de un telegrama enviado por el Vaticano pocas horas antes de que se firmaran Los Arreglos, en respuesta al borrador transmitido anteriormente por los obispos mexicanos del acuerdo alcanzado con el gobierno interino de Emilio Portes Gil.

Se trata de un telegrama que, como han revelado ahora los papeles conservados en el Vaticano, es enviado el 20 de junio de ese año por el cardenal Gasparri a los obispos mexicanos. En el mismo, se busca reafirmar que Pío XI no está satisfecho con el pacto.

“Durante la transmisión del telegrama, traducido al español y enviado a través de la embajada chilena de la Santa Sede, con toda probabilidad, se produjo un error, de tal manera que la frase redactada en el Vaticano de que ‘Su Santidad está deseoso de llegar a un acuerdo pacífico y justo’ llega a México como ‘Su Santidad está deseoso de llegar a un acuerdo pacífico y laico’”, cuenta Valvo.

“No sabemos exactamente qué pasó, si fue un error de traducción, o alguien intencionalmente cambió la palabra ‘justo’ por ‘laico’. (…) Lo que es seguro es que nadie en la Santa Sede escribió la palabra ‘laico’”, señala el historiador.

Ante esa situación, Leopoldo Ruiz y Flores, encargado de la comunicación, se queda tan asombrado que envía otro telegrama al Vaticano, en el que pide que le aclaren el significado del término.

“Ruiz y Flores escribe: ‘Explíqueme significado de la última palabra punto primero’. Gasparri, que desconoce que Ruiz y Flores está preguntando qué significa el término ‘laico’ y cree que se refiere a la palabra ‘justo’, responde: ‘Primer punto: la última palabra significa con justicia’. Eso fue lo que hizo que Ruiz y Flores presentase esa respuesta, forzando la interpretación del contenido del telegrama inicial, y probablemente con el objetivo de poner inmediatamente fin a las luchas, como la prueba de que la Santa Sede aceptaba un arreglo dentro del marco constitucional vigente en México”, relata Valvo.

El episodio, en efecto, culmina con la firma de Los Arreglos, un acto que despoja a la lucha armada de los cristeros de su legitimación, después de una negociación en la que Pío XI varias veces se había pronunciado contrario a un acuerdo que no incluyera la modificación de las normas constitucionales hostiles a la Iglesia católica.

Una prueba de ello está también en lo que revelan los papeles vaticanos sobre la opinión de Pío XI acerca de Dwight Morrow, un exbanquero de J. P. Morgan enviado a México como embajador con la misión de contribuir a la estabilización del país. “Es cierto que Pío XI lo veía como un hombre de buena voluntad, pero su actuación como pacificador nunca llegó a convencer completamente al Papa. Lo creía demasiado ‘norteamericano’ y ‘pragmático’, y no le satisfacía su mediación por la ausencia de un compromiso claro a modificar las normas constitucionales de Calles”, comenta Valvo.

“En estas circunstancias, Pío XI entró en las negociaciones, a la par de que se estableció un equipo que incluía al jesuita estadunidense Edmond Walsh, amigo íntimo del Papa, y Miguel Cruchaga Tocornal, el exembajador de Chile en Estados Unidos. Este nuevo equipo aparece en la documentación vaticana a partir de junio de 1928”, afirma Valvo. “Es un paso clave. Pues aunque no consigue lo deseado por el Papa, Walsh logra que Pío XI tenga una posición más abierta para encontrar una solución”, añade.

Con ello, pasarían 25 años para que México y el Vaticano restablecieran, en 1992, relaciones diplomáticas, después de la reforma del artículo 130 de la Constitución mexicana y la entrada en vigor de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público ese mismo año.