Ciudad de México I Frente a la grave situación que existe en México de violencia contra periodistas, y como parte de una tardía respuesta de las autoridades para reconocer y tomar medidas para atender esta problemática, han surgido en diversos estados de la República, una serie de iniciativas legislativas que pretenden crear mecanismos de protección para periodistas y/o personas defensoras.

No debemos perder de vista que 2016 ha sido hasta ahora el año más violento y letal contra periodistas, en el que ARTICLE 19 documentó un total de 426 agresiones, entre los que se incluyen 11 asesinatos. Se trata de una tendencia creciente que continua en 2017, pues hasta mayo, 6 periodistas fueron asesinados y 24 permanecen desparecidos. Ello nos permite inferir que la violencia contra la prensa, lejos de disminuir, incrementa año con año y se recrudece.

Compromiso tardío del Estado mexicano

Estas iniciativas empezaron a proliferar a partir del 15 de mayo, tras el asesinato de Javier Valdez Cárdenas en Culiacán, Sinaloa. Por esta razón, y hasta después de 53 meses de iniciado el gobierno de Enrique Peña Nieto, el pasado 17 de mayo se realizó la reunión titulada “Acciones por la libertad de expresión y para la protección de periodistas y defensores” en donde estuvieron presentes el propio Presidente de la República, la y los gobernadores de cada estado de la República, aglutinados en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago); Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Raúl Cervantes, titular de la Procuraduría General de la República (PGR) y Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, a esta reunión no fueron convocados periodistas ni los otros dos poderes del estado Mexicano –que sin duda están involucrados en la agenda de libertad de expresión y a quienes también les corresponde implementar ciertas medidas, principalmente legislativas y presupuestarias para garantizarla–.

En dicha reunión anunciaron una serie de medidas con el objetivo de combatir la violencia contra periodistas en el país, entre éstas, fortalecer y dotar de mayores recursos al Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos (en adelante, Mecanismo Federal) y a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (en adelante, FEADLE).

Posteriormente, el 2 de junio se reunieron la Segob, Conago y CNDH para firmar un convenio sobre protección a periodistas, en donde acordaron: 1) contar con legislaciones específicas en la materia; 2) establecer fiscalías o unidades especializadas en delitos contra periodistas; 3) promover la eliminación de los delitos de difamación y calumnias; y 4) homologar los protocolos de prevención y protección a periodistas. Esto en alcance a la Recomendación General 24/2016 emitida por la CNDH, sobre libertad de expresión.

A partir de lo anterior, se han presentado diversas iniciativas de ley sobre protección en los estados1, o reactivado otras cuya discusión o aprobación se encontraban pendientes en algunos congresos locales.

Fallas en los mecanismos de protección a periodistas

Actualmente, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a través de la cual se creó el Mecanismo Federal, en su artículo 17, obliga a la Coordinación Ejecutiva Nacional a ser el órgano responsable de coordinarse con las entidades federativas, las dependencias de la administración pública federal y con organismos autónomos, a efecto de garantizar el funcionamiento del Mecanismo para que éste cumpla el objetivo por el cual fue creado, consistente en brindar medidas de prevención y protección, así como su cabal implementación y seguimiento. Lo anterior, ha funcionado a partir de convenios de buena fe entre los estados y esta Coordinación.

Sin embargo, a más de cuatro años de la creación del Mecanismo Federal, no podemos hablar de una coordinación efectiva entre la Federación y los estados de la República. De hecho, la ausencia de colaboración estatal y municipal en la implementación de medidas individuales o colectivas es una constante. Un ejemplo evidente son las deficiencias que se han presentado en la implementación de las Alertas Tempranas y Planes de contingencia activados hasta ahora en Veracruz y Chihuahua.

El Mecanismo federal, si bien ha constituido un esfuerzo plausible para hacer frente a la situación de violencia contra periodistas, éste sólo debe considerarse como una acción puntual dentro de un esquema integral de seguridad y protección, no así como la única respuesta a dicha problemática.

En este sentido, se debe hacer énfasis en la importancia del fortalecimiento de las instituciones que por mandato de ley forman parte de un sistema integral de protección a nivel nacional. Por ello, es necesario que asuman su responsabilidad otras instituciones federales (como aquellas que conforman la Junta de Gobierno, que es la instancia máxima del Mecanismo Federal, y se compone por Segob, PGR, Policía Federal, Secretaría de Relaciones Exteriores y CNDH) para brindar una respuesta efectiva en materia de prevención y protección.

Una idea central es que no habrá Mecanismos suficientes para proteger a las personas defensoras y periodistas que sean agredidas, si no se combate la impunidad. Tal como se ha reiterado, la persistente y casi total impunidad que existe en México frente al grave contexto de violencia, delitos y violaciones a derechos humanos, alienta e incentiva a que estos sigan perpetrándose sin consecuencia alguna. En materia de periodistas no es la excepción, pues existe una impunidad de 99.7 por ciento .

Por otra parte, la respuesta de aumentar el número de Mecanismos de protección en los estados, en vez de generar una política pública integral que atienda el problema de fondo, únicamente generará un desgaste traducido en mayor burocracia y erogación de recursos utilizados para supuestamente proteger a personas en riesgo. Asimismo, en el caso de que no funcionen de manera eficiente, se convertirán en un factor más de revictimización hacia una población que sufre de por sí desproporcionadamente, los efectos de la violencia y la impunidad.

Aunado a lo anterior, debe tomarse en cuenta que la mayoría de las agresiones contra periodistas, conforme a la documentación de ARTICLE 19, provienen de funcionarios públicos, principalmente, estatales y municipales2. Por tanto, la independencia de las autoridades y la confianza de las víctimas, se vería minada si la implementación de medidas de protección, la llevan a cabo las mismas personas que agreden a periodistas o que tienen algún tipo de relación con quienes agreden. Cabe destacar que según información provista por la Secretaría de Gobernación, existe la participación de funcionarios públicos y fuerzas de seguridad a nivel local para perpetrar agresiones contra periodistas no sólo en primera instancia, sino incluso en la comisión de agresiones a personas que ya están bajo la protección del mecanismo federal.3

En este sentido, ARTICLE 19 considera que es necesario partir del actual funcionamiento y facultades que tiene el Mecanismo Federal para consolidar un esquema efectivo de coordinación con Enlaces estatales para la implementación y seguimiento de medidas de protección. Establecer un proceso con responsabilidades claramente definidas, contribuye a dar un mejor seguimiento a este esquema de coordinación; lo contrario, implica diluir y fragmentar en muchas instancias, a mecanismos o comisiones de protección cuya obligación es prevenir y proteger a las y los periodistas de agresiones.

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