El
abogado indígena Vidulfo Rosales Sierra tiene ya casi tres sexenios luchando
por los derechos humanos y contra el abuso de poder de autoridades de todos los
niveles que, afirma, van de la mano con los grupos del crimen organizado que
operan en Guerrero. Actualmente es el representante de los padres de los 43
estudiantes de la Normal Isidro Burgos, desaparecidos desde el 26 de septiembre
de 2014, en Iguala, Guerrero.
Pero
ese caso, que le puso una mancha indeleble al Gobierno del Presidente Enrique
Peña Nieto, no es el único de alto impacto que ha estado en manos de Vidulfo:
mujeres violadas por el Ejército, despojo de tierras, indígenas esterilizados
por autoridades de salud, etcétera. En todos, recuerda, siempre ha habido
amenazas, hostigamiento y, como ahora, espionaje del Gobierno.
Sin
embargo, destaca en esta entrevista con SinEmbargo, en estos casi 20 años no
había sentido una represión como la que se vive con el Gobierno de Peña Nieto.
Hoy el delincuente es el que protesta, el que exige justicia; ese es al que hay
que atacar, al que hay que llevar a la cárcel, al que hay que silenciar y ahí
estamos periodistas y defensores de derechos humanos que alzamos esta voz
crítica de la realidad lacerante que hay en México, dijo.
Ataques,
amenazas, hostigamiento y hasta espionaje. Ese es el precio por defender los
derechos humanos en México, dice el abogado indígena Vidulfo Rosales Sierra,
quien ha encabezado una lucha que trasciende ya los últimos
tres sexenios: el de Vicente Fox Quesada, el de Felipe Calderón Hinojosa
y, actualmente, el de Enrique Peña Nieto.
De
acuerdo con el actual defensor legal de los padres de los 43 normalistas de
Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, de
los tres últimos mandatarios del país es el Presidente Peña Nieto quien
ha redoblado la mano dura contra sus críticos.
En
entrevista para SinEmbargo, acusó que durante la administración peñista se
han intensificado las expresiones de violencia y desprestigio hacia los
críticos del Estado.
En
abril del año pasado, recordó, se desató una campaña de desprestigio contra el
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH) encargados de investigar el
caso de los 43, ccon el fin de terminar con su legitimidad
y prestigio.
