El pasado 13 de enero, hombres y mujeres mayas provenientes de los pueblos de Dzonot Carretero, Tizimin, Ebtún, Kisteil, Valladolid, Sinanché, Dzilam, Suma, Chacabal, Buctzotz, Motul, Chocholá, Ticul, Muna, San José Tipceh, Sacalum, Peto, Tadziu, Hopelchén, y Dziuché, se reunieron en Mérida para compartir sus preocupaciones sobre cómo son los diferentes modos en el que las empresas y gobierno federal, estatales de la península, quieren aprovechar el uso del territorio que desde tiempos muy antiguos habita el pueblo maya. Ahí se conformó la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíimbal.

Miembros de más de 20 comunidades mayas se organizaron para defender sus territorios, afectados por los megaproyectos de energías renovables, específicamente los parques eólicos y fotovoltaicos planeados en Yucatán.

La Jornada Maya platicó con Pedro Uc, antropólogo defensor de derechos humanos, derechos indígenas y de territorio, quien al realizar visitas de trabajo a comunidades indígenas mayas, se percató de la inconformidad de las personas en los ejidos porque les estaban pidiendo sus tierras en renta.

Quieren pagar 70 centavos por la renta de hectárea al día

“Les habían ofrecido dinero para hacer el trato y lo extraño, según ellos, es que llegaban con una mochila llena de dinero y la vaciaban sobre la mesa y le decían a la gente que ese dinero podría ser de ellos si accedían a rentarles la tierra”, señaló el activista.

Una de las promesas que les han hecho es que si rentan la tierra, dejarán de pagar la energía eléctrica y tendrían empleos permanentes y bien pagados, además de que recibirían mensual o semestralmente una cantidad por concepto de la renta.

También ofrecieron trabajo social como pintar escuelas, “es un juego que hace la empresa con la necesidad que tiene la gente”, agregó Pedro Uc, quien además destaca que palabras como “fotovoltáicas” o “eólicas” son extrañas para la gente, porque el español que se habla en las comunidades no los contempla; es por esto que la gente no entiende muchos de esos términos.

La empresa Vega Solares es una de las que están operando en estos territorios, Uc nos relató ser testigo de una reunión entre representantes de la empresa y habitantes, donde el factor del idioma fue fundamental, pues les habló una persona de origen francés con un español apenas comprensible para los habitantes de habla predominantemente maya.

En Sinanché, relata Uc, el comisario ejidal ha recibido amenazas porque se opuso a este proyecto, pues al averiguar se dio cuenta de que les están pagando 70 centavos por hectárea al día.

Múuch’ Xíimbal una forma de lucha

Cada pueblo expuso la problemática que se vive en su territorio, pero “hay una constante en San José Tipceh, la zona de Ticul, Muna y Sacalum, que son los ejidos que va a abarcar el polígono donde se va a asentar el parque fotovoltaico, el corredor de eólicas que se comienza a construir en Dzilam, abarca Sinanché, Motul, Kimbilá y toda esa zona”, indicó Uc.

En Tizimín y Valladolid “no hay permisos todavía, pero ya empezaron a construir, ya están las bases de los postes”. Se han dado cuenta que “en todo el estado está la presencia de estas empresas y que la constante ha sido la mentira, el despojo del territorio, la invasión; llegan a las comunidades compran o manipulan a la gente, juegan con la necesidad y consiguen las firmas del comisariado ejidal”, apuntó.

Por todo lo anterior, decidieron mantenerse organizados para “dar una batalla”. Lo primero que harán será ampliar la información que se tiene respecto a la instalación de los parques y proyectos en territorio yucateco, tener la certeza de cuáles son las empresas que pretenden operar, así como el monto de la inversión, cuánto van a ganar, además de estudiar a fondo los contratos que ofrecen.

La segunda acción es la construcción de una página de internet, un blog, a través de una comisión de seguimiento encargada de alimentarla con textos, videos y fotografías (http://asambleamaya.org/).

Y la tercera acción será realizar alianzas con otras organizaciones “que también están en este mismo caminar y que son críticos y que no están de acuerdo con este modelo”.

No es contra el desarrollo, queremos que nos tomen en cuenta

Pedro Uc refiere que hay quienes pueden decir “es que los indios no quieren nada, de por sí no les gusta el desarrollo, les gusta vivir así, no quieren mejorar, no saben que esto son energías limpias, renovables, que no contaminan. Nosotros no estamos en contra de la producción de esa energía, ni de la técnica, estamos en contra del modelo neoliberal que implica el arrebato de nuestro territorio. Cuando nos arrebatan el territorio también nos arrebatan nuestra lengua y nuestra cultura, eso es parte del territorio, el territorio no es la tierra, es mucho más que eso. Cuando nos quitan el territorio nos quitan todo lo demás”.

Agrega que lo que no le dicen a la gente es cómo va a impactar ambiental y socialmente, eso también es parte de la tarea, para que la gente sepa si les conviene o no.

El gobierno, agrega, “con sus instituciones como la Seduma, principalmente y el Indemaya, entre otras, tienen responsabilidad en la violación de los derechos de los pueblos indígenas en Yucatán, porque han consentido el atropello que las empresas hacen a los pueblos indios; no sólo lo han consentido, han sido coadyuvantes en esta violación sistemática”.

Cuatro grandes proyectos que afectan a la península

El 13 de febrero se reunieron en Muna, en la segunda asamblea, más de veinte pueblos para evaluar los trabajos del primer mes. En este momento son más de 20 pueblos que participan y que han detectado que los proyectos eólicos o fotovoltáicos, de granjas de cerdos, turismo y de transgénicos, son los que están golpeando a la península de Yucatán.

Esta asamblea, indicó, “no tiene nada que ver con el gobierno. No nos sentamos ni queremos sentarnos a hablar con ellos, nosotros pensamos que no hay una buena fe, no tienen nada que ofrecernos, porque los vemos apoyando a las empresas y haciendo cosas contra nosotros”.

Agregó, “estamos en el periodo de información, de buscar alianzas, de difundir la verdad que hay detrás de los impactos sociales y ambientales de estos proyectos y que la gente conozca cuáles son las consecuencias de éstas”.

“Estamos en contra de un modelo que nos avasalla, que nos quita nuestra tierra. No estamos dispuestos a rentar ni a vender, es uno de los principios de la asamblea. No queremos a las empresas, queremos que se vayan, y lo decimos con énfasis, ¡que se vayan de nuestro territorio, no vamos a negociar con ellas!”, finalizó Pedro Uc. La Jornada Maya