(Proceso).- Desde el pasado 23 de junio César Duarte, exgobernador priista de Chihuahua acusado de delitos electorales, está prófugo; el principal obstáculo para detenerlo ha sido la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR) encabezada hasta octubre por el actual encargado de despacho de la institución, Alberto Elías Beltrán.

Pese a que la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) pudo armar un expediente sólido y girar las órdenes de aprehensión contra Duarte y seis funcionarios más de su gobierno –por peculado electoral y por haber desviado hacia el PRI aportaciones de los trabajadores por 79 millones de pesos–, la subprocuraduría encabezada por Elías Beltrán no ha emitido la solicitud de extradición.

El pasado 12 de septiembre el entonces titular de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo, le pidió a Elías Beltrán que solicitara la extradición de Duarte. No lo hizo. Tampoco hizo caso a las 10 denuncias presentadas por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, que acusan a Duarte, entre otros delitos, del desvío de mil 200 millones de pesos y recientemente por el de 250 millones de pesos, mediante la triangulación de fondos públicos recibidos por la Secretaría de Hacienda, cuando la encabezaba Luis Videgaray, y destinados a la dirigencia nacional del PRI, con Manlio Fabio Beltrones como presidente del tricolor.