(SinEmbargo).– Los mexicanos han comenzado a protestar en las calles por los incrementos anunciados para lo largo de este 2018 en el precio de combustibles, Gas LP, electricidad y tortillas, los cuales harán polvo el aumento salarial del año pasado, coincidieron académicos y especialistas en economía.

“Eso que aumentaron se esfumará entre enero y marzo. El año pasado fue por los gasolinazos, y este año ya empezaron los gasolinazos y aumentos a productos básicos que son muy vulnerables a los movimientos en el tipo de cambio por ser importados, como el maíz para la tortilla”, explicó el profesor e investigador de la Universidad Iberoamericana, Miguel Santiago Reyes.

“Los empleos que se están generando son de baja remuneración entre uno y tres salarios mínimos. Con estos aumentos de precios estamos aventando a la gente a estar en una situación de mayor pobreza”, agregó el especialista.

Cuando el aumento al salario mínimo para 2017 fue de 73.04 a 80.04 pesos, un 9.5 por ciento, los precios de la canasta básica entre enero y octubre aumentaron casi 14 por ciento, más que el aumento salarial, documentó. Debido a ese índice de precios, hasta noviembre el salario mínimo real fue de 61.20 pesos, insuficiente para una canasta alimentaria individual de alrededor de 95 pesos.

Ahora, el incremento reportado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) a 88.36 pesos para 2018 fue de ocho pesos, un 10.39 por ciento. Pero el aumento fijo, detalló el académico, es de 3.9 por ciento, basado en la tasa de inflación que esperaban. Pero en diciembre se ubicó en 6.69 por ciento y el Banco de México (Banxico) no prevé que ceda pronto al objetivo. Por lo que tendrían que haber operado sobre el 6.5 por ciento.

El aumento en los precios de 2017 se resintió más en el gasto en transporte y alimentación, reveló una encuesta de la Alianza Nacional de Pequeños Comercianates (Anpec) aplicada en octubre a consumidores. Por su incremento, los ciudadanos dejaron de comprar artículos de mascota (14.80 por ciento), frituras (14.53 por ciento), cigarros (13.27 por ciento) y artículos de cuidado personal (10.36 por ciento).

Los salarios en México siguen perdiendo poder adquisitivo como desde nace 25 años, situación que contribuye a que más de la mitad de la población asalariada, el 51.7 por ciento, permanezca debajo de la línea de bienestar. En la presente administración, los salarios promedio y mínimo han perdido 14.4 y 3.9 por ciento de su poder adquisitivo, respectivamente, lo cual ha perpetuado la pobreza, de acuerdo con el Instituto de Investigación para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) de la Universidad Iberoamericana.

El académico Juan Luis Hernández Avendaño afirmó que el hecho de que los salarios estén por debajo tanto de la posibilidad de un aumento a un nivel digno y competitivo como por debajo de los precios particularmente de la canasta básica constata lo que ha sido la constante en las últimas décadas.

“Una economía que privilegia a unos cuantos y un conjunto de medidas que mantienen a la mitad del país por debajo de los niveles deseables de bienestar”, dijo.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en su mensaje de año nuevo, resaltó que México ha crecido a 2.1 por ciento promedio en los últimos tres años, el cual se distribuye “muy desigualmente, favoreciendo mucho más a ciertas entidades federativas (del norte y el Bajío) y a ciertos estratos sociales”. Por ello, anunció, el sector patronal continuará exigiendo durante el 2018 que el salario mínimo sea suficiente para que los trabajadores puedan adquirir el total de la canasta básica alimentaria y no alimentaria y dejen de vivir en pobreza de ingresos.

El salario mínimo lo perciben 1 millón 271 mil trabajadores asalariados de tiempo completo, según datos de la Consami que no consideran a los informales. Pero el investigador de la Universidad Iberoamericana, Miguel Santiago Reyes, aseguró que el problema no es solo para esa parte poblacional, sino para todos los asalariados porque generalmente su aumento salarial parte del aplicado al minisalario. Los 19 millones de asegurados al IMSS ganaron unos 333 pesos diarios durante 2017.

Santiago Reyes expuso que los sindicatos han perdido fuerza y nivel de negociación, por lo que sólo hay aumentos mayores en los sectores gubernamentales, industriales y exportadores, y donde hay negociación sindical con los patrones.

Luego de que la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas) calculó un posible aumento en gasolinas de 6.9 por ciento por el ajuste al Impuesto Especial de Productos y Servicios (IEPS), se registraron protestas ciudadanas en Sinaloa y Guerrero.

En Ayutla, Guerrero, transportistas bloquearon la carretera federal Ayutla-Tecoanapa y las gasolineras durante algunas horas. A la manifestación se sumaron taxistas y vehículos particulares con carteles con leyendas como “No al gasolinazo” y “Alto al gasolinazo”, reportó la prensa local. En Iguala protestaron frente al Palacio Municipal. “El gasolinazo afecta a todos”, decía un letrero. En Mazatlán, Sinaloa, los cuidados exigieron, con pancartas en mano, la disminución del precio de los combustibles. El Alcalde Fernando Pucheta Sánchez aseguró en entrevista radiofónica que “hay grupos políticos que mueven estos actos y hay algunos que ni carro tienen”.

Desde el lunes por la tarde, la Secretaría de Hacienda, Petróleos Mexicanos y la Comisión Reguladora de Energía aclararon que durante estos primeros días del año no se han observado aumentos “pronunciados” o “desordenados”, pero se seguirán ajustando “gradualmente” conforme al comportamiento del mercado internacional. El martes el precio promedio nacional de la Magna fue 16.13 pesos por litro; la Premium, 17.83 pesos; y el diésel 17.41 pesos.

Desde noviembre comenzó la liberación de precios al mercado internacional. Ahora son determinados por las empresas distribuidoras con base en el precio de referencia, los costos de transporte y almacenamiento, el margen comercial de venta, los impuestos y el tipo de cambio, el cual estará volátil por las elecciones y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

El investigador Miguel Reyes explicó que, ante la especulación de los gasolineros por la falta de condiciones de competencia, la Secretaría de Hacienda aplicará del primero al cinco de enero un estímulo fiscal (reducción de cuotas) de dos pesos, pero aun así sigue entre 16 y 18 pesos el litro.

“Ante la liberación de los precios, por falta de condiciones de competencia, hay especulación y colusión por parte de los gasolineros y los precios van ir a la alza. Eso tiene impacto en productos agropecuarios, como el maíz importado, y vamos a ver una escalda de precios este mes donde la cuesta de enero no se va a detener”, reiteró Reyes.

Respecto al precio del Gas LP, utilizado por el 76 por ciento de los hogares mexicanos (25 millones de familias), seguirá sujeto al tipo de cambio y a los precios exteriores de Estados Unidos desde su liberación en enero de 2017. De acuerdo con la CRE, durante al año pasado sus precios máximos registraron aumentos de 29 por ciento a 60.8 por ciento, pero en los mínimos los distribuidores también reportaron alzas de hasta 34 por ciento, por lo que en promedio el alza alcanzó un rango de 21.73 por ciento a 47 por ciento.

Cuando se liberó el precio de este combustible, Guillermo García Alcocer, titular de la CRE, sostuvo que el aumento no sería “significativo”.

El académico Miguel Reyes estimó que este 2018 sus precios puedan aumentar “significativamente”, similar al nivel del 2017. Pero como en este energético no hay un estímulo fiscal de Hacienda, el aumento va directo al bolsillo de los mexicanos y al poder adquisitivo de los trabajadores.

El lunes, la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillas anunció el aumento de 1.50 a 3 pesos al kilo de tortilla bajo el argumento del incremento de insumos por el ajuste a los energéticos.

Por la noche, la Secretaría de Economía acusó que ese incremento carece de fundamento, ya que el precio de la tonelada de maíz blanco al inicio de 2018 está 11 por ciento por debajo de su precio hace un año, y se trata del principal componente del costo de un kilogramo de tortilla. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) vigilará y en su caso sancionará cualquier aumento arbitrario.

El investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, Gerardo Noriega Altamirano, resaltó que los industriales importan maíz amarillo para vender harina para elaborar tortilla pese a que el costo por tonelada de maíz blanco no rebasa los 3 mil 800 pesos y se ha mantenido a lo largo de los años. Aunque reconoció que los industriales  no están preparados con infraestructura para acopiar el maíz nacional.

El experto llamó a aplicar una política de mejores precios y financiamiento para los productos agrícolas, así como mayor inversión a la investigación y desarrollo con el objetivo de mejorar rendimientos y reducir costos de producción.

Además, sugirió una serie de facilidades fiscales a los productores para que puedan mantener su costo bajo o darles algunos costos preferenciales en los combustibles y en energía eléctrica o de lo contrario seguirán los aumentos.

El investigador de Chapingo concluyó que la política actual ha sido, por una parte, contener los precios de los granos básicos en el mercado, pero por otra soltó mucho lo relasionado con los insumos.