La presidenta municipal de Solidaridad, Cristina Torres Gómez, anunció que esperarán el resultado que emita la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), por el juicio que lleva en contra de Barcos Caribe por carecer de los permisos de impacto ambiental, del cual se desprenderá un dictamen municipal que daría fin a la concesión que la anterior administración les dio para usufructuar la vía pública.

“Con nosotros está en desahogo el permiso que se le otorgó por parte de la Administración anterior, independientemente del procedimiento que hizo la Profepa (…) ellos (Barcos Caribe) de manera recurrente tenían sanciones porque los vendedores estaban sobre la vía pública y teníamos quejas no sólo de los competidores sino de los comercios de la zona, porque salían a enganchar al turista”, comentó la alcaldesa.

La concesión del Cabildo que encabezaba Mauricio Góngora Escalante, le dio a Barcos Caribe el permiso de tener una caseta de venta de boletos en la vía pública, a las afueras de la terminal marítima, durante 50 años, inicialmente 15 y posteriormente ampliada y ratificada por el Congreso del Estado a inicios del 2015.

Sin embargo, dicha caseta ya no existe, pues la Profepa la demolió en marzo del 2017 debido a que no contaban con los permisos de impacto ambiental, y aunque Barcos Caribe perdió ya un amparo contra la clausura inicial, el expediente sigue abierto y falta que la dependencia federal dé el fallo definitivo para que el Ayuntamiento de Solidaridad proceda a cancelar la concesión, explicó Torres Gómez.

Actualmente, pese a que la empresa tuvo que rentar un local dentro de la terminal para poder vender sus boletos, la concesión municipal está vigente, por lo que la decisión de la Profepa sería la base para revertir la autorización de tener un stand de venta en la vía pública. Novedades Quintana Roo