Integrantes del Frente Ciudadano ya tienen un proyecto que establece la forma de elegir a su candidato presidencial, que consiste en una consulta abierta a la sociedad, mediante el voto libre, directo y secreto.

Una agitación ciudadana sin precedentes –y absolutamente viable– haría que la ciudadanía se movilice para elegir a su candidato. Es decir, el Frente sí sería ciudadano.
El mecanismo propuesto no deja lugar a la apropiación de la candidatura, ni a una negociación entre líderes para repartirse la postulación a cargos que se van a definir el primer domingo de julio.
Cero agandalle, nada de dedazos.
El INE no puede, porque la ley se lo impide, organizar la elección interna del candidato del Frente, pero sí está en condiciones de facilitar los elementos necesarios para la elección, como son los padrones actualizados, y las instalaciones de sus 32 juntas locales y 300 juntas distritales, así como equipo de cómputo y materiales de capacitación.
A fin de que miembros de otros partidos se abstengan de votar en la consulta nacional para elegir al candidato presidencial del Frente, se solicitará al INE restar los padrones del PRI (seis millones 368 mil 763 personas), de Nueva Alianza (657 mil 864), Partido del Trabajo (513 mil 315), Partido Verde (308 mil 224), Partido Encuentro Social (244 mil 388) y Morena (319 mil 449).
En total saldrían del padrón, para elegir al candidato del Frente Ciudadano, ocho millones 412 mil tres personas que son militantes de otros partidos.
Quedaría, pues, un universo de votantes potenciales de setenta y siete millones 541 mil 709 personas.
Y adiós al temor de que el PRI o algún otro partido intervenga en su elección interna.
En lugar de recurrir a la insaculación para los integrantes de las mesas receptoras de sufragios, el Frente tiene ante sí la propuesta de suscribir convenios a nivel nacional y en los estados con los colegios de notarios públicos, abogados, universidades, cámaras empresariales y otras organizaciones civiles, para que sean ellas las que designen a los funcionarios de casillas, coordinadores y supervisores.
Dado que este proceso debería marcar un precedente y lograr un fuerte impacto en la comunicación política, por democrático e inédito, se propone metas concretas.
Se trata de llegar al 12.9 por ciento de la lista nominal depurada, equivalente a diez millones de personas.
Para ello se requiere la instalación de trece mil 333 casillas electorales y ochenta mil ciudadanos funcionarios de mesas receptoras. Para que sea representativa la elección, se asignarían cuarenta y cinco casillas por cada uno de los 300 distritos federales.
El costo de este proceso, inédito por democrático y plenamente ciudadano, se calcula en 120 millones de pesos.
¿De dónde salen? Nada de los partidos. Eso no puede ser pretexto para frenarlo.
La cifra sería prorrateada entre los precandidatos que participen en el proceso.
El INE, como se sabe, definió un tope de gasto de 67 millones 222 mil pesos por cada precandidato. Así es que ellos tendrán que disponer de una parte de su gasto de campaña para cubrir el costo de la elección.
De lograrse este mecanismo, democrático y abierto a la población, el Frente lograría un posicionamiento masivo, coparía la agenda nacional y entregaría a los ciudadanos la llave de Los Pinos.