Seis iniciativas en materia de ejecución penal, de justicia para adolescentes, de protección civil, de combate y prevención de adicciones, así como una miscelánea penal fueron presentadas ante el Congreso del Estado por parte de la  Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo.

El acto estuvo a cargo del director General de Legislación y Normatividad, Javier García Gómez y se explicó que dichas iniciativas buscan armonizar el marco jurídico de la entidad referente a la Ley Nacional de Ejecución Penal y a la Ley del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Para ello se proponen modificaciones a ocho leyes estatales buscando que el Gobierno se encargue de los establecimientos en los que permanecerán las personas inimputables privadas de su libertad, garantizando programas y servicios de atención integral, entre otros.

También, se determinará las atribuciones y servicios de los centros de tratamiento en los que deberán permanecer las personas sentenciadas con adicciones y disponer que jueces, policías, fiscales, peritos y defensores estén especializados en el tema.

En ese sentido, la iniciativa para modificar la Ley Estatal de Adicciones pretende regular la prevención y atención a este padecimiento, así como el juego patológico o ludopatía, al igual que las conductas excesivas en el uso de tecnologías digitales y sus aplicaciones.

De igual forma, busca definir y homologar criterios y dispone el diseño de un Modelo Estatal de Atención Integral de Adicciones, que contará con un Manual Único de Detección y Atención de Adicciones, que servirá como guía básica para las instituciones que lleven a cabo tareas en la materia.

Es importante resaltar que esta iniciativa se trabajó en el marco de la Estrategia Escudo Yucatán, contando con el apoyo de expertos en la materia, encabezados por el Centro de Integración Juvenil (CIJ), bajo la coordinación de la Secretaría General de Gobierno (SGG) y el apoyo técnico de la Consejería Jurídica.

 Asimismo, se presentó la Ley de Servicios Postpenales del Estado de Yucatán, que garantiza los derechos de las personas que se encuentran en libertad después de haber pagado una pena de prisión.

 Esto se refiere al apoyo que el Estado debe prestar para lograr la plena reintegración de dichos individuos a la sociedad, lo que abarca que tengan oportunidades para ser productivos y que cuenten con mecanismos para alcanzar la armonía familiar, evitando la reincidencia.

 Mientras la iniciativa para expedir la Ley de Protección Civil del Estado de Yucatán ajusta nuestro marco normativo a la ley General y regula esta materia desde una triple perspectiva, que es la prevención, la atención de emergencias y la recuperación en casos de desastre.

Todo esto se logra a través de instrumentos como el Atlas Estatal de Riesgo, los programas estatales, municipales, especiales e internos de protección civil, el sistema de monitoreo y alerta, las declaratorias de emergencia y de desastre, y el Fondo para la Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Yucatán.

Finalmente, en relación con la miscelánea penal, se adecúan referencias terminológicas correspondientes al Sistema de Justicia tradicional, y se dispone que la autoridad estatal sea la encargada de supervisar las medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso como parte de las instituciones de seguridad pública, y como resultado, se creará un registro estatal en la materia.