En octubre de 2015, un grupo de indígenas de la tercera edad de Quintana Roo fueron invitados por personal del DIF estatal e INAPAM a someterse a una operación para retirarles las cataratas de los ojos. Durante la cirugía decenas de pacientes adquirieron una infección que provocó que al menos cinco perdieran la vista total o parcialmente, de acuerdo con la fundación No Más Negligencias Médicas (NMNM).

Las cirugías se realizaron de manera gratuita, auspiciada por la Fundación Cinépolis, mediante su programa ‘Del Amor nace la vista’.

“Yo quería sólo lentes, no estaba de acuerdo en operarme, pero ellos (los médicos) me insistieron, me dijeron que si no lo hacía me iba a quedar ciega y sería una carga para mis hijos. Yo veía bien pero me operaron de un ojo y me lo fregaron, ahora ya no veo”, relata Natividad Méndez, una de las personas afectadas tras la operación de 2015.  A dos años de los hechos, al igual que ella, otras cuatro personas con apoyo de la organización No Más Negligencias Médicas buscan atención y justicia para resarcir los daños.

Cada uno interpuso una demanda en contra de los implicados en el caso: Fundación Cinépolis, la Secretaría de Salud de Quintana Roo, el DIF estatal y los médicos responsables de las operaciones, por reparación de daños y la pronta atención al estado de salud, bajo el marco de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

Esta ley “reconoce el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado”.

Este jueves, Fundación Cinépolis señaló en un comunicado que a lo largo de casi 13 años este programa “ha trabajado bajo un esquema de excelencia operativa, administración responsable de los recursos y una impecable rendición de cuentas en el que de manera conjunta participan, aliados sociales, gobiernos estatales, instituciones de salud pública, DIF, clientes y donantes, doctores (oftalmólogos y especialistas) y clínicas, así como más de mil voluntarios en todo el país al año”.

Señaló que “como en todos los casos, el Instituto de la Salud Visual (ISVI) en Quintana Roo nos ratificó sus permisos y autorizaciones, incluyendo la existencia de sus licencias sanitarias, con anterioridad a la realización de cualquier cirugía”.

La clínica fue investigada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) tras la realización de las cirugías y determinó que no contaba con las condiciones ni los permisos para realizar este tipo de operaciones. A su vez, peritos en medicina forense revelaron que la bacteria se propagó entre los pacientes debido a una mala asepsia (método para evitar que haya infección) durante la operación.

El presidente de NMNM, Fernando Avilez Tostado, quien sigue el caso desde diciembre de 2015, asegura son más de 50 los afectados derivados de las cirugías en aquella entidad. Pero “la mayoría de ellos por diversas causas, entre otras, el haber recibido amenazas, no se atrevieron a denunciar”.

A través de un comunicado, Fundación Cinépolis negó que sean 50 las personas afectadas, pues solo les fueron reportados dos casos de personas que perdieron la vista en uno de sus ojos.

“Es falso que Fundación Cinépolis se haya desentendido de esta lamentable situación y de las personas afectadas. Las cirugías referidas se llevaron a cabo en octubre de 2015, pero los pacientes afectados continuaron su tratamiento en ISVI hasta diciembre de 2015, cuando las actividades de la clínica fueron suspendidas por las autoridades competentes. A partir de ese momento los dos pacientes referidos decidieron seguir su tratamiento con terceros”, señala la fundación.

El abogado de las víctimas Alejandro Foyo Vega informó que, efectivamente, Fundación Cinépolis atiende a esos dos afectados que menciona, las cuales tienen el mismo problema, pero saben de la existencia de los cinco que ellos representan, pues ya fueron notificados sobre las demandas.

Animal Político buscó a Fundación Cinépolis para buscar su versión pero no hubo respuesta.

Autoridades buscaron candidatos para la operación

En octubre de 2015 personal del DIF de Quintana Roo y del INAPAM invitaron a un grupo de personas de la tercera edad a realizarse una operación de cataratas en el Instituto de Salud Visual de Quintana Roo (ISVI), que sería pagada por Fundación Cinépolis. Ambas dependencias trabajan en coordinación con la fundación en determinados estados, para elegir a los candidatos para la operación, explica en entrevista Avilez Tostado.

“Al llegar al Instituto de Salud Visual, los médicos nos dijeron que todo el procedimiento sería seguro y que si no nos operaban en ese momento nos íbamos a quedar ciegos”, cuenta Alicia Brito, indígena que perdió la vista del ojo izquierdo al contagiarse del virus. Asegura, al igual que Natividad, haber estado insegura de realizarse la operación pues veía muy bien, pero los “médicos no dejaron de insistirme hasta que tuve que aceptar”.

Estas cinco víctimas coinciden en que aceptaron la operación gratuita en el ISVI por la insistencia de los doctores. A los tres días de la intervención, todos comenzaron a sentir las mismas molestias: sus ojos “empezaron a sangrar, arder e hincharse”, por lo que regresaron a la clínica y los doctores les informaron que se trataba de una infección, la cual había sido adquirida durante el proceso quirúrgico.

“Los doctores dijeron que sanaríamos, nos abrieron el ojo y nos inyectaron, todo fue muy doloroso y eran medicamentos fuertes, gracias a eso ahora yo padezco del corazón y me dio infección intestinal”,  dice José Tomás, que actualmente requiere de 24 mil pesos para una operación que aún necesita a pesar de ya haber perdido la visión de su ojo derecho, pues las inyecciones y gotas de poco sirvieron.

Ante la gravedad de la infección, los médicos del ISVI canalizaron a los pacientes a la Secretaría de Salud de Quintana Roo para que continuaran siendo atendidos. Sin embargo, la infección ya había afectado el nervio óptico y en semanas perdieron la vista.

En diciembre de 2015, dos meses después de la operación, familiares de las víctimas contactaron a la organización NMNM, donde les brindaron defensa legal a través de abogados especialistas en el tema. Entre octubre y diciembre de 2015 el caso se difundió gracias a los medios, pero sólo a nivel estatal.

Los cuatro médicos que hicieron las cirugías (Omar Ornelaje Cisneros, Blanca Beatriz Figueroa, Patricia Amezquita García y Jonathan Lowenberg Laenz -responsable de la clínica-) “huyeron”, según Fernando Aviléz, al enterarse que había denuncias en su contra.

En febrero de 2016, estas cinco víctimas presentaron las denuncias correspondientes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cancún con el apoyo de NMNM y la asesoría legal del abogado Alejandro Foyo Vega.

El defensor añadió que las autoridades tardaron más de cinco meses en informar a Fundación Cinépolis A.C. sobre estas denuncias.

La Secretaría de Salud estatal fue la única que respondió a la demanda y envió a los pacientes a Ciudad de México, para que fueran atendidos en el hospital Conde de Valencia. Ahí les brindaron tratamiento con gotas y medicamentos especiales para tratar de revertir los daños. Los pacientes regresaron a Quintana Roo con un buen parte médico. Pero con el paso del tiempo las molestias volvieron, ya no recibieron atención médica y tuvieron que costear su tratamiento.

Al constatar que el proceso se complicaba en Quintana Roo, el presidente de NMNM pidió asesoría legal en Ciudad de México y presentó el caso ante un Juez de Distrito en mayo de 2016, con una solicitud de amparo para que las personas fueran atendidas a la brevedad en la capital del país. La respuesta del Juez fue que el proceso tenía que continuar en Quintana Roo, pues ahí fue donde ocurrieron los hechos.

“No nos vamos a rendir, lucharemos para que se haga justicia”

El resto de 2016 fue complicado. El equipo de NMNM apoyó a las víctimas con los tratamientos médicos y esperaron la acción de las autoridades. Mientras tanto, los médicos continuaban como ‘no localizables’.

Para el presidente de NMNM es lamentable que dependencias como el DIF y la Secretaría de Salud no acepten su culpa “por no haber vigilado el proceso de un programa social” y narra que la denuncia es también para ellos pues “tendrían que haber verificado la clínica, que cumplieran con permisos y normas para la operación. Las autoridades sanitarias deben vigilar en todo momento a organizaciones y asociaciones civiles en estos casos por el bien de los pacientes. Cosa que hicieron”.

El 9 de diciembre, el presidente de NMNM viajó a Quintana Roo y en compañía de las cinco víctimas se presentó ante los integrantes del Poder Judicial del estado para solicitar que se retomen las demandas interpuestas desde 2016, pues los perjudicados son “hombres y mujeres de la tercera edad que ahora se encuentran en una situación de abandono y vulnerabilidad”.

El abogado de las víctimas, Alejandro Foyo, asevera que por el momento no queda más que seguir promoviendo los juicios civiles por reparación de los daños y seguir de cerca el proceso en Quintana Roo.

Para las víctimas el reclamo es claro. “Nos quedamos desamparados, porque en verdad ya no podemos trabajar así, sin un ojo; ya no podemos ganar dinero para comer y vestir y nuestros hijos no ganan mucho, también tienen familia que mantener; esto no se lo deseo ni a mi peor enemigo”, dice Natividad.

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.