Acusan a gobernador de Chiapas de ejercer política represora

Indígenas desplazados y normalistas denuncian persecución

 Indígenas desplazados, estudiantes de la escuela normal Mactumatzá e integrantes de la Coordinadora de Estudiantes Normalistas del Estado (CENECH) realizaron una marcha en la capital del estado como parte de la acción global por Ayotzinapa, en la que acusaron al gobernador Manuel Velasco Coello de ejercer una política represora.

La manifestación se dio tras 72 horas de los enfrentamientos de desplazados con la policía estatal, los cuales dejaron un saldo de cinco indígenas lesionados y varias personas golpeadas, por lo que ayer en su movilización los inconformes exigieron juicio político en contra del mandatario estatal, quien termina funciones el próximo 8 de diciembre.

Javier Hernández, vocero de los desplazados, acusó que “el actual gobierno estatal mantiene una política de muerte y persecución. Por ello, le exigimos que sean respetados nuestros derechos y no utilice a la policía para reprimir”, afirmó.

“Le pedimos a López Obrador que mediante una consulta no permita que Velasco llegue al Senado, sino que lo juzgue y lo meta la cárcel; que mande a [el penal de] El Amate al Güero Velasco”, indicó el vocero del grupo de indígenas.

Catalina Entzín López, una de las indígenas desplazadas, aseguró que “la represión contra la caravana Pies Cansados —perpetrada el pasado fin de semana—, evidenció que a Velasco no le bastó con desplazar a las personas de sus comunidades, sino también nos echó de la plaza pública”.

Retornan a sus hogares. Los cerca de mil 700 indígenas desplazados por la violencia de Chavajebal —en El Bosque—, desde el 7 de noviembre, retornaron el pasado fin de semana a sus viviendas, informaron pobladores de la cabecera de ese municipio.

El retorno se dio gracias a que los grupos de zapatistas y militantes de partidos políticos llegaron a un acuerdo en Simojovel, con la mediación de los párrocos de esa localidad y de El Bosque, Marcelo Pérez Pérez y Elder López Velasco, respectivamente, además del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

Los únicos que no podrán retornar son unos 30 pobladores señalados de participar en la emboscada de la noche del 24 de octubre pasado, donde murieron Miguel Pérez López, presidente del comisariado ejidal de Chavajebal, y el comunero Carmelino de Jesús Ruiz Álvarez. El Universal.

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