Activistas, organizaciones y la sociedad civil exigieron este día la comparecencia ante las autoridades federales del Cardenal Norberto Rivera Carrera por su presunta responsabilidad en el encubrimiento de al menos 15 sacerdotes que habrían abusado sexualmente de niños.

El pasado 2 de junio, el activista y defensor de víctimas de pederastia clerical Alberto Athié, junto con otras personalidades, interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Rivera Carrera por supuesto encubrimiento de curas pederastas.

Tras darse a conocer la denuncia, el Arzobispo Primado de México aseguró que “yo no he protegido absolutamente a ningún pederasta, de hecho aquí en la Arquidiócesis al menos unos 15 sacerdotes han recibido no solamente el juicio, sino sentencias que afortunadamente no tenemos que dar nosotros. Aquí tenemos que hacer la investigación, se manda toda la documentación a la Doctrina de la Fe, en Roma, y el Santo Padre es quien ha tomado las decisiones en esos casos tan dolorosos, porque sí han sucedido aquí en México”.

“Ni el cardenal, ni la Arquidiócesis de México informaron en su momento respecto de estos casos”, insistieron el ex sacerdote Alberto Athié y Jesús Romero Colín, víctima de pederastia por parte de un sacerdote cuando tenía 11 años; más de dos décadas después, aún espera una orden de aprehensión para su presunto agresor y que el expediente se integre sin defectos.

En una petición subida hoy a la plataforma Change.org, dirigida al Presidente Enrique Peña Nieto y al Procurador Raúl Cervantes Andrade, se expone que con su declaración “no queda duda de que el Cardenal Rivera Carrera tuvo conocimiento pleno, íntegro e indubitable de la existencia de esos presuntos delitos, los cuales no denunció ante el Ministerio Público a sabiendas de que ese era su deber primario conforme a lo establecido en los artículos 12 BIS de la Ley de Asociaciones Religiosas y 116 del entonces vigente Código Federal de Procedimientos Penales”.

Por tal motivo, y luego de que la denuncia fuera admitida a trámite, los casi nueve mil firmantes de la petición exigieron que el Cardenal Rivera sea citado a declarar a la brevedad, que su comparecencia se lleve a cabo dentro de las instalaciones de la PGR y que no se le otorgue privilegio alguno que no esté contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Asimismo, pidieron que la indagatoria penal sea realizada con total prontitud, eficacia, legalidad, claridad, transparencia y genuino afán de materializar los valores supremos de la verdad, la justicia y las reparaciones integrales a las víctimas.

Solicitaron además que el Ministerio Público federal exija al Cardenal Rivera que aporte los expedientes relativos a los procedimientos eclesiásticos a los que hizo mención en su declaración pública y que los responsables, cómplices y encubridores sean llevados ante la justicia.

Por último, los firmantes le recordaron al Presidente Peña y al Procurador Raúl Cervantes lo que el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas recomendó al Estado mexicano hace ya dos años en las Observaciones Finales sobre los exámenes periódicos Cuarto y Quinto consolidados de México, mismas que siguen pendiente:

“El Comité está particularmente preocupado por la impunidad general que los autores de los abusos han disfrutado hasta el momento, como lo reconoció la delegación del Estado parte, por el bajo número de investigaciones y de juicios contra los responsables”, por lo que pidió al Estado mexicano “tomar medidas inmediatas para investigar y llevar a juicio a todos los miembros de la Iglesia Católica que hayan estado involucrados o hayan sido cómplices de abuso o explotación sexual contra niñas y niños, y se asegure que aquellos encontrados culpables reciban las sanciones proporcionales a la gravedad del delito que cometieron”.

Norberto Rivera está próximo a dejar la Arquidiócesis de México, y ninguno de los casos de pederastia denunciados durante los 18 años que estuvo al frente ha sido resuelto.

No obstante, el Cardenal se “ofendió” cuando lo acusaron de encubrimiento. “No falta quien inventa que yo en determinado momento protegí, cuando en realidad aquel sacerdote o ya está en la cárcel o ya está retirado del ejercicio del ministerio”, dijo en diciembre pasado el Arzobispo Primado, seis meses antes de que se interpusiera la denuncia en su contra.

En contraste, Alberto Athié ha luchado y denunciado la pederastia en la Iglesia católica mexicana desde 1994, cuando una víctima del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel Degollado, le contó su historia.

En febrero del año pasado, el activista dijo a SinEmbargo que México tiene a los pederastas más crueles e importantes de la Iglesia. Todos impunes y libres, “gracias a un mecanismo protector, diseñado desde la Santa Sede, que les permite encontrar en el clero, el lugar perfecto para violar niños”.